El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dio ayer por concluida la investigación que inició en 2002 en relación con la financiación de ETA a través de las herriko tabernas controladas por Batasuna, y considerada por muchos como el sumario más importante contra el entorno de la banda y el que más la ha debilitado.

Con esta decisión, la Audiencia Nacional podrá juzgar a 38 de los 41 procesados, entre los que se encuentran destacados miembros de la izquierda radical abertzale como Joseba Álvarez, Joseba Permach, Rufino Etxebarria y Arnaldo Otegi. Los otros tres, entre los que está el dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, y uno de sus colaboradores más cercanos en la clandestinidad, el también ex parlamentario vasco Jon Salaberria, permanecen huidos.Mientras, el propio Garzón seguirá investigando la causa que abrió contra la nueva cúpula de la formación ilegalizada, encarcelada tras la operación de Segura (Guipúzcoa) el pasado mes de octubre.

Garzón suspendió las actividades de Batasuna en 2002 y ordenó la clausura y embargo de 75 herriko tabernas, al entender que servían para financiar a ETA. En marzo de 2003, en aplicación de la Ley de Partidos, el Tribunal Supremo ilegalizó la formación.La causa concluida ayer es la principal de las abiertas contra el entorno de ETA que le quedan por juzgar a la Audiencia Nacional, después de que dictara sentencia contra los procesados en el sumario 18/98, en el que declaró a Xaki y Ekin y otras organizaciones satélites “el corazón y las entrañas” de la banda. De las demás causas, la primera en ser juzgada será la de Gestoras pro Amnistía, a partir del día 21, si la huelga de funcionarios permite mantener el calendario previsto.

Todo un conjunto de causas que han dejado a la formación radical en el peor momento de su historia, con sus principales dirigentes encarcelados, numerosos cuadros medios imputados en sumarios y sin un líder carismático en libertad, salvo el duro Juan Mari Olano, recién salido de la cárcel después de que la Audiencia Nacional admitiese un recurso.De hecho, su actividad pública se ha reducido al mínimo, algo inédito en una organización acostumbrada a dar ruedas de prensa, hacer declaraciones y salir en los periódicos día sí y día también. Ahora limita sus comparecencias a las declaraciones de algunos de los cargos electos de ANV y el PCTV, y a las notas que, como la que hizo pública ayer, envía desde la sede que tiene en Francia, donde aún es legal. Precisamente, la Policía teme que intente desde allí una tímida reorganización.