El hermetismo sigue rodeando a la Corona, cuyo futuro código de "ejemplaridad" se cocina en el más estricto de los silencios. Al igual que hiciese recientemente en los casos de preguntas sobre el rey emérito, el Ejecutivo también rechaza dar pistas sobre qué pasos prevé dar en torno a la reforma de la Casa Real anunciada hace exactamente cuatro meses por el presidente Pedro Sánchez.

Tras el descrédito provocado por los escándalos de Juan Carlos I, el Ejecutivo ha medido cada una de sus palabras en torno al pasado, presente y futuro de la institución monárquica. El pasado 29 de diciembre, a las puertas de que se cumpliesen cinco meses de la huida del emérito a Emiratos Árabes Unidos, Sánchez prometió que el Gobierno trabajaría junto a Zarzuela para fijar las bases de "una monarquía parlamentaria constitucional adecuada a la España del siglo XXI".

"Vamos paso a paso. Ya irán conociendo cómo se materializa la hoja de ruta de renovación de la Corona en cuanto a transparencia y ejemplaridad",  afirmó Sánchez en aquella ocasión. El pasado 8 de marzo, la vicepresidenta Carmen Calvo dijo que una reforma de esas características necesitaba "calma" y dijo que habría novedades en "semanas" o, tal vez, "meses".

El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu formuló una pregunta escrita al Gobierno para tratar de conocer precisamente cuáles son "cada uno de los pasos previstos" y en qué consiste la "hoja de ruta" de la que habló Sánchez hace ahora cuatro meses.

En un documento fechado el pasado 12 de abril, el Gobierno evita responder a esas preguntas y se limita a indicar que "se está trabajando para que 42 años después de la llegada de la democracia a nuestro país, la Corona se adecúe a estándares éticos más exigentes". "Ello supone dotar a la institución de mayores niveles de transparencia, una modernización en su funcionamiento y el establecimiento de medidas de rendición de cuentas", indicó el Ejecutivo.

En tal sentido, agregó que "se trata de un proceso que responde al deseo tanto del Gobierno como del Jefe del Estado" que, a su criterio, "redundará en el fortalecimiento de la institución como pieza clave de nuestro sistema constitucional". 

"Poco transparente"

"Hacen una hoja de ruta para dar transparencia, pero de manera oculta", señaló Iñarritu a Público. El diputado abertzale indicó que decidió formular esa pregunta "tras escuchar a Sánchez". Ahora, con la respuesta en la mano, cree que "es obvio que están actuando de manera poco transparente y no quieren traer el debate al Congreso". "¿De qué tienen miedo?", se preguntó.

Juan Andrade, Doctor en Historia Contemporánea y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, señala que detrás de esa respuesta del Gobierno se esconde una realidad distinta. "Creo que la mayoría del Gobierno no quiere la reforma, porque no cree en ella o porque piensa que tocar la clave de bóveda del sistema institucional es demasiado arriesgado en tiempos de crisis social y debilidad gubernamental". 

El politólogo Héctor García incide en ese punto. "La monarquía sufre índice de de aceptación descendentes desde el inicio del nuevo milenio", señala a Público. En ese contexto, García considera "una obviedad" la necesidad de una reforma "que avance en los estándares modernos de transparencia, rendición de cuentas y ejemplaridad", tal como anunció Sánchez hace cuatro meses y tal como ahora reafirma el Gobierno en su escueta respuesta a Iñarritu.

Sin embargo, este politólogo sostiene que "la ley de altos cargos ya podría aplicarse directamente" al rey, "pero no se hace". "Por tanto, en el caso de la figura del monarca las leyes son un código ético sin régimen sancionador que se cumple en función de la buena fe o voluntad del Jefe del Estado", remarcó García.

"Proteger la monarquía"

Stephan Zhao, analista en 40dB, aporta otros datos: según un estudio llevado a cabo por esa consultora, "únicamente el 42,1% de los ciudadanos está satisfecho con su funcionamiento, al mismo tiempo que el 86% se muestra partidario de que haya una mayor transparencia en las cuentas, bienes, propiedades y actividades de la familia real". "Por lo tanto, una reforma de esa naturaleza no se presenta únicamente como un movimiento para proteger la monarquía, sino también como una acción orientada a satisfacer una demanda ciudadana", afirmó.

Andrade apunta por su parte que el Ejecutivo "anuncia de vez en cuando" esa supuesta reestructuración "para contener a sus socios y sondear, al mismo tiempo, la posibilidad de un entendimiento con la derecha". A su juicio, la monarquía "requiere de una reforma para sacudirse de su desprestigio, pero al mismo tiempo esa reforma obliga a un debate público que daña a una institución cuya fortaleza radica, precisamente, en no ser objeto de debate".