La transparencia de la Casa Real tiene sus límites. Así lo ha dejado claro la Secretaría General de Presidencia del Gobierno en una respuesta remitida a Público en relación a una petición de información sobre los gastos derivados de la luna de miel de los reyes, formulada precisamente de forma oficial vía Ley de Transparencia. El Ejecutivo ha inadmitido a trámite la solicitud de este periódico.

El escándalo saltó el pasado 21 de junio. Ese día, el diario británico The Telegraph reveló que el empresario Josep Cusí, amigo de Juan Carlos I, había pagado 269.000 de los 467.000 dólares que costó el viaje de Letizia Ortiz y Felipe de Borbón tras contraer matrimonio en 2004. El resto fue abonado por el ahora rey emérito, según ese mismo periódico.

En la crónica figuraban detalles sobre los países visitados por los entonces príncipes, que se registraban bajo el seudónimo de "señor y señora Smith". Jordania, Camboya, Fiyi, Samoa, EEUU y México fueron los países visitados durante aquella luna de miel.

The Telegraph contó entonces que la Casa Real no había querido realizar declaraciones –ni aclaraciones– sobre este asunto. Al día siguiente, Público registró una solicitud oficial de información a través del portal de Transparencia de la Administración General del Estado. En concreto, este periódico formuló una petición de datos sobre "el viaje de luna de miel" de Letizia Ortiz y Felipe de Borbón "tras contraer matrimonio".

En la solicitud formal, Público requirió los "gastos detallados de la luna de miel", así como información sobre "cómo fueron cubiertos esos gastos" y el trayecto realizado por los recién casados. Tal como establece la Ley de Transparencia, la Administración tenía un mes de plazo para responder a esta solicitud.

Inadmitida a trámite

La resolución llegó el día 20 de julio a última hora de la tarde y provenía de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, encargada según esa misma ley de "tramitar el procedimiento mediante el que se solicite el acceso a la información que obre en poder de la Casa de Su Majestad el Rey". En este caso, el trámite se ha cerrado sin responder a la información requerida.

Según consta en este documento, el Gobierno ha decidido "inadmitir a trámite" esta solicitud, argumentando que la cuestión planteada sobre los gastos de la luna de miel "no se encuentra dentro del ámbito subjetivo ni objetivo de aplicación" de la Ley de Transparencia. Señala que, según esa norma, la Casa Real debe informar sobre las actividades "sujetas a Derecho Administrativo".

La secretaría general de Presidencia cita en concreto la "información institucional, organizativa y de planificación", así como aquella "de relevancia jurídica" o también "económica, presupuestaria y estadística". Subraya además que la ley le obliga a la Casa Real a "proporcionar información en respuesta a solicitudes de acceso sobre personal, administración y gestión patrimonial", aspectos en los que tampoco sitúa los gastos de la luna de miel.