El Gobierno ha respondido al juez de la Audiencia Nacional encargado de investigar el caso Pegasus después de que solicitara que se desclasificase información que pueda verse comprometida por los testimonios de Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, que han sido llamados a declarar.

El Ejecutivo ha acordado en el Consejo de Ministros, a raíz de una propuesta del Ministerio de Defensa, trasladar al magistrado José Luis Calama que no hay ningún documento secreto que desclasificar antes de que se tome declaración a los titulares de Defensa e Interior. 

El juez del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional realizó una petición en forma de suplicatorio al Consejo de Ministros para que se desclasifiquen "los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos declarados secretos o reservados" y que pudieran resultar perjudicados por los testimonios de los miembros del Gobierno.

Esta solicitud fue encargada por el juez a raíz de las declaraciones testificales de la exdirectora del CNI Paz Esteban, de uno de los funcionarios de este organismo y del ministro de la de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que, en su caso, se acogió a su derecho a prestar declaración como testigo por escrito, aunque Calama le recomendó hacerlo por videoconferencia. 

Bolaños defendió que el Ejecutivo proporcionará una "absoluta colaboración" a la Justicia y recordó que fue el propio Gabinete de Pedro Sánchez el que denunció los hechos. Los teléfonos que fueron espiados mediante el software Pegasus fueron los del presidente del Gobierno, el ministro de Agricultura, Luis Planas, y los dispositivos de Grande-Marlaska y Robles.