El 8 de noviembre de 2022 el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley para regular la actividad de los 'lobbies' y limitar las puertas giratorias de altos cargos y funcionarios. Lo presentó en rueda de prensa la entonces ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Esta medida se quedó en proceso de consulta pública y no llegó al siguiente paso, condicionada por el adelanto electoral efectuado por Pedro Sánchez en el mes de mayo. 

El papel de los 'lobbies' y las puertas giratorias ha vuelto a situarse en el primer plano tras una información sobre Alberto Garzón. El exministro de Consumo y excoordinador de IU se disponía a trabajar para la consultora Acento. Ante las críticas recibidas por dar ese paso, el propio Garzón decidió renunciar al fichaje y él mismo lo explicó, con resignación, en sus redes sociales. 

Acento es una consultora creada por el exministro socialista José Blanco. En ella participan también otros expolíticos del PP como Alfonso Alonso, que ejerce como presidente. La organización está inscrita, según aparece en su propia web, en varios registros de grupos de interés, que es como se denomina formalmente a los llamados 'lobbies'.

Está inscrito en el registro de Bruselas, de Castilla-La Mancha, Generalitat y Parlament de Catalunya, Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid. Según la ficha de registro en Bruselas, sus principales clientes son La Liga de Fútbol Profesional, la empresa de productos dermatológicos ISDIN, la compañía tecnológica Huawei o PharmaMar, empresa que se dedica a la investigación sobre el cáncer.

También han trabajado con la farmacéutica Novartis, con GraphenTower, una empresa de telecomunicaciones o con la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional (AMCI). Pese a la regulación, no todas las actividades que realizan estos lobbies son transparentes en Bruselas, según señalan diferentes fuentes consultadas por Público. En este sentido, algunas fuentes transmiten que suelen ser comentarios habituales en el Parlamento la complicidad de Acento con Marruecos. 

El anteproyecto guardado en un cajón tenía varios objetivos principales, según se explicó en aquella rueda de prensa de noviembre de 2022. Precisamente uno de ellos crear un registro como el que ya existe en Bruselas o en algunos ayuntamientos o comunidades autónomas. El nombre exacto de este anteproyecto es 'Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés'. 

En él se establece una limitación para los altos cargos del Gobierno. "Los que hayan participado en esa toma de decisiones estarán obligados a no realizar durante dos años actividades profesionales de influencia sobre ninguna de las materias relacionadas con las competencias del departamento, organismo o entidad en el que se desempeñaban. Por lo que no podrán trabajar para 'lobbies' que formen parte del Registro de Grupos de Interés cuando finalicen su actividad pública", destacó Moncloa sobre el texto. 

Se pretendía así frenar las llamadas "puertas giratorias" e impedir que empresas privadas u otras organizaciones "fichen" a cargos políticos y públicos con los que hayan tenido una reciente relación, según destacó Montero en la rueda de prensa de noviembre de 2022.

Cada caso se estudiaría de forma individual para ver si hay conflicto de intereses, pero a priori, con una ley similar en vigor, un caso como el de Garzón podría estar prohibido sobre el papel hasta que pasaran dos años si se interpretara que el ministro tuvo relación directa con actividades que trata este 'lobbie'. 

La ley depende del Ministerio de Función Pública, integrado en Hacienda durante la pasada legislatura. Con la nueva estructuración ministerial elaborada por Sánchez, estas funciones dependen ahora del Ministerio de Transformación Digital, que dirige José Luis Escrivá. Fuentes de dicho ministerio confirman a Público que esta ley está en sus planes y que en principio lo lógico es que el anteproyecto sirva como base. Además, al ser un hito del Plan de Recuperación (fondos europeos), debería estar lista antes de final de este año 2024. 

El propio Escrivá habló de la cuestión en una comparecencia realizada en el Congreso a finales de enero para presentar sus líneas principales de trabajo. "La transparencia quiere decir, en los países más avanzados en este mundo, que la Administración —y cuando digo la Administración, digo agencias y entidades administrativas de todo tipo— funciona reduciendo al máximo sus espacios de discrecionalidad y de opacidad, de tal forma que los ciudadanos conocen cómo se toman las decisiones en un conjunto amplísimo de instancias administrativas, y lo conocen porque los procedimientos son transparentes, porque los tiempos de respuesta son conocidos", comentó el ministro. 

"Esto es absolutamente fundamental para que se refuerce la confianza de la ciudadanía en el conjunto de administraciones públicas. Hay un tema concreto que está en el plan de recuperación que tenemos que hacer, que es regular las actividades de los grupos de interés, del que haremos el desarrollo normativo correspondiente; ustedes sabrán en su momento de ello", anunció Escrivá.