La reforma más problemática y compleja en el mapa de mayor inestabilidad, por la diferencia de color político entre el futuro Gobierno estatal y las comunidades autónomas, puede generar un momento virtuoso para abordar la financiación autonómica. 

Como sucede al inicio de cada legislatura, este asunto vuelve a situarse en la primera línea de los desafíos que debe afrontar un eventual Ejecutivo (que, según las previsiones, presidirá Pedro Sánchez en coalición con Sumar). Lo estuvo en la pasada legislatura y, pese a los numerosos debates que se generaron (especialmente con la batalla de impuestos entre Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno), la reforma no salió del cajón en el que lleva guardada desde el año 2009, cuando se modificó el sistema por última vez.

Ahora, el dilema de la financiación autonómica retorna con fuerza y es uno de los elementos principales en la negociación que mantienen el PSOE y Sumar para cerrar un acuerdo programático de legislatura. Los de Yolanda Díaz, con Nacho Álvarez a la cabeza en las negociaciones, consideran que es una reforma necesaria e ineludible para vertebrar territorialmente el Estado, y piden que se incluya de forma clara este compromiso en el pacto de Gobierno.

En Sumar defienden que la armonización fiscal de los territorios tiene que servir para dos cuestiones concretas: garantizar los recursos suficientes para financiar los servicios públicos en las comunidades (especialmente una sanidad malograda tras la pandemia de la covid-19) y cerrar, en la medida de lo posible, la brecha económica y social entre los entornos rural y urbano, los pueblos y las grandes ciudades.

En el ala socialista del Ejecutivo reconocen que el asunto de la financiación autonómica es una de sus espinas clavadas durante la pasada legislatura. "Hubiera sido necesario un consenso importante en torno al nuevo sistema de financiación. Es algo que quedó pendiente desde el año 2014", señaló la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en una entrevista con Público hace unos meses. 

En el PSOE apuestan también por una "sistema de financiación justo" que garantice la cohesión en todos los territorios, la igualdad en la percepción de estos servicios básicos y donde aquellos que más tienen, más tienen que contribuir para garantizar esa cohesión. Ya a principios de agosto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, habló de la "urgencia" que tenía renovar un modelo caduco. 

Los socialistas, según fuentes gubernamentales consultadas, están decididos a abordar esta reforma durante la próxima legislatura. Su objetivo es también poner encima de la mesa en las hipotéticas negociaciones el impuesto de sucesiones. Un asunto con el que la derecha ha hecho batalla política por sus bonificaciones y reducciones frente a las intenciones opuestas del Gobierno de coalición. 

El factor clave del PP 

En este sentido, se da una paradoja que tiene que ver con el contexto y el momento político actual. Según todas las previsiones, es muy probable que Sánchez y Díaz revaliden el Ejecutivo de coalición y que las fuerzas progresistas gobiernen el Estado durante la próxima legislatura. Sin embargo, es el PP (en algunos casos en coalición con Vox) el que posee el poder territorial después de arrasar en las elecciones autonómicas del pasado mayo, tras las que consiguió gobernar en 11 de las 17 comunidades.

Este mapa deja un escenario de contrapesos entre el poder estatal y el territorial en el que se podría generar un marco de competencia y donde la financiación autonómica sería uno de los principales caballos de batalla. Pero la situación no sólo tiene que ver con el color político de cada esfera o ámbito.

La infrafinanciación flagrante de comunidades como País Valencià, Galicia o Andalucía choca de manera frontal con territorios muy bien situados a nivel de recursos, como la Comunidad de Madrid. Presidentes autonómicos del PP como Juan Manuel Moreno Bonilla, Alfonso Rueda o Carlos Mazón han expresado públicamente su malestar con esta situación y su intención de abordar esta reforma, aunque ello suponga poner en cuestión el estatus actual en el que se sitúa la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso.

Lejos de bajar los brazos, en las filas socialistas consideran que es posible pactar una reforma integral con el PP. Al mismo tiempo, reconocen que "queda mucho recorrido" y que las comunidades autónomas siguen en posiciones de máximos. 

Los socialistas trasladan en cierto modo la presión a los populares, de los que dicen que "tienen difícil decantarse por una posición única". La pelota, por tanto, está también en su tejado. "Si son capaces de ponerse de acuerdo Galicia, Andalucía o Madrid, estaría encaminado", señalan en el Gobierno. Las tensiones internas en las filas del PP, con una Ayuso al alza, es otro factor que ponen encima de la mesa desde el PSOE. ​

Una reforma de la financiación autonómica que distribuya los recursos de manera más equitativa y que ponga en mejor situación a los territorios que están a la cola puede ser vendida como una victoria por los presidentes autonómicos del PP, que tienen que negociar en dos ámbitos o niveles: con un eventual Gobierno estatal de PSOE y Sumar, por un lado, y entre ellos, con el resto de regiones, que también tienen ejecutivos de derechas en su mayoría, por otro.

Los colores políticos se difuminan en un mapa en el que, por ejemplo, Galicia celebrará elecciones el próximo año. Como segundo elemento también se puede tener en cuenta que el Ejecutivo estatal, de llegar a conformarse, tendrá una situación de mayor debilidad parlamentaria que nunca, lo que ha dado lugar a que fuerzas nacionalistas y soberanistas de territorios que también consideran que sufren un agravio en materia de recursos, como Catalunya, tengan más peso político y potencial capacidad de influencia.

Para Junts y para ERC, el de la financiación autonómica también es un tema fundamental y, aunque de momento no forma parte de las negociaciones para la investidura de Sánchez, no es descartable que en algún momento vinculen sus apoyos al futuro Gobierno al compromiso para afrontar esta reforma.