Lula podría ser este jueves presidente si no hubiera sido por la acumulación de casos y un entramado político judicial que lo inhabilitó políticamente justo en el momento en el que, desde la cárcel, lideraba las encuestas. Eso fue en 2017 y en aquel entonces, como sabemos, ganó Jair Bolsonaro. Al asumir el poder, el ultraderechista nombró como ministro de Justicia de Brasil al juez Sergio Moro, el mismito que llevó al líder del Partido de los Trabajadores (PT) a la cárcel y a la inhabilitación. 

Nunca me cansaré de nombrar a este personaje que en su momento ha sido presentado por la aplastante mayoría de los medios internacionales y brasileños como ejemplo de transparencia, honestidad y dignidad. Tuvo una buena racha de varios años, de salir en portadas, de protagonizar listas absurdas de "personas del año" hasta que el castillito de naipes empezó, finalmente, a caer. 

Veamos por qué. Aunque el caso Petrobras tiene más años, todo comenzó para Lula en 2016, cuando lo empezaron a investigar por haber recibido sobornos de empresarios supuestamente a cambio de una serie de contratos públicos.

En 2017, Moro lo condenó a nueve años y seis meses de prisión por corrupción pasiva y por haber sido sobornado con un tríplex de lujo en una playa en el litoral de San Pablo. Ese mismo año le inhabilitó como candidato presidencial y un año después, en 2018, le cayó otra condena de 12 años y 11 meses por lavado de dinero en reformas realizadas en una finca de fin de semana. Todos esos "casoplones" y reformas los habría recibido supuestamente a cambio de contratos de obras públicas, acusación que él mismo negó desde el principio. 

El trato mediático que se dio en aquel momento a esas causas era verdaderamente escandaloso. La prensa daba por hecho que estaban fundamentadas, sin cuestionar absolutamente nada. Después una buscaba las pruebas concretas, las circunstancias y los datos reales que había a disposición. Cualquier persona mínimamente racional podía ver que, por más que se había hecho un esfuerzo enorme en construir esos casos en su contra, lo que había de pruebas no parecían para nada pruebas. 

En 2019, con Lula ya preso, el periodista Glenn Greenwald publica en su medio The Intercept mensajes filtrados de los chats de Moro con fiscales que investigaban esos casos. Lo que trasciende es que básicamente todo ha sido un fraude. En los chats hablan de posibles testigos para incriminar al expresidente, analizan caminos a seguir en la investigación, así como diferentes trampas a las que se puede recurrir.

El juez Moro no tardó en salir con explicaciones, bastante atropelladas, a decir verdad. Éste dijo algo como que "qué poco descaro tienen los hackers que han creado todos esos mensajes" y que tampoco son para tanto. O sea que incluso si fueran escritos por él, no pasa nada. No pasa nada que un magistrado coordine con fiscales a ver quién puede salir a testificar en contra de un acusado. 

Tras estas publicaciones Moro renunció a su cargo de ministro de Justicia, aunque no por vergüenza ni por las publicaciones. Abdicó por supuesta injerencia de Bolsonaro en la gestión de justicia. Presentó su candidatura a la presidencia pero no lo apoyó mucha gente, así que se retiró de la carrera electoral. En abril de 2021 el Tribunal Supremo de Brasil anuló todas las condenas por corrupción contra Lula. Así que tras esta decisión recuperó sus derechos políticos y la posibilidad de ser candidato.

Un mes antes esas causas fueron revocadas por uno de los magistrados, Edson Fachin y tan solo quedaba la decisión de los demás. Pues todos, salvo uno –muy aliado de Bolsonaro– han votado a favor de mantener la anulación de las condenas ¿Por qué? Estos reconocieron que las había dictado un tribunal que no contaba con autoridad para hacerlo, un juzgado parcial. 

Según el Supremo, la única supuesta prueba en la que se basaron para mandar a Lula a la cárcel fue el hecho de que la constructora OAS, que construyó, por ejemplo, el famoso tríplex en la costa de San Pablo, formaba parte del conglomerado que actuaba de forma ilícita en las contrataciones de Petrobras. 
O sea, te compras una casa, luego resulta que la inmobiliaria estafa a ancianos, y te declaran a ti como figura central de ese entramado. 

"En todos los casos las denuncias fueron estructuradas de la misma manera, atribuyéndole el papel de figura central de un grupo criminal organizado", dice el Tribunal. En abril de este año el Comité de DDHH de la ONU concluyó que la investigación y el enjuiciamiento de Lula violaron su derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, su derecho a la privacidad y sus derechos políticos.

Claro, Moro aprobó, por ejemplo, una solicitud para intervenir los teléfonos de Lula y de su familia, y luego esas escuchas terminaron en medios de comunicación. También emitió una orden de detención para interrogarlo. Según la ONU, las actuaciones del juez violaron el derecho de Lula a la presunción de inocencia. Además, consideraron que la inhabilitación política y la prohibición de presentarse a la presidencia fueron decisiones arbitrarias, ¡quién lo habría dicho en aquel momento!.

Los procesos contra Lula y su permanencia en prisión estuvieron marcados además por una serie de tragedias personales para él. En 2017 falleció su esposa durante 43 años, Marisa Leticia Rocco, por un derrame cerebral. El propio líder del PT dijo en aquel entonces que murió por la persecución, el odio y la maldad.

En 2019, cuando ya estaba preso, también falleció su hermano mayor y Lula no pudo despedirlo porque los jueces tardaron en autorizar su presencia en el funeral. Un mes después, si nieto de siete años también fallecía por una meningitis. Esta vez sí que pudo asistir al entierro.

Admirable la capacidad de Lula de levantarse después de todo esto y no solo levantarse, sino darle una esperanza a millones de brasileños que, a juzgar por las encuestas, lo elegirán presidente una vez más.