El Grupo Confederal de Unidas Podemos registrará este martes en el Congreso su proposición de ley de protección de la libertad de expresión que recoge la derogación de todos aquellos artículos del Código Penal que hacen referencia a los denominados "delito de opinión".

Los de Iglesias han avanzado el registro de esta norma después de que La Moncloa revelase que el Ministerio de Justicia está trabajando en una propuesta para revisar los delitos sobre libertad de expresión y eliminar las penas de prisión. Estos dos anuncios llegan a tan solo unos días de la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél, por un delito de enaltecimiento del terrorismo, e injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En concreto, la proposición de Unidas Podemos recoge la derogación de cuatro delitos que existen en la actualidad en el Código Penal: el delito de injurias a la Corona, el delito contra los sentimientos religiosos, el delito de injurias a las instituciones del Estado y el delito de enaltecimiento del terrorismo.

Fuentes del grupo confederal han explicado que "en los últimos años estamos asistiendo en España a una deriva autoritaria que ha llevado a restringir de manera alarmante el derecho fundamental a la libertad de expresión por la vía administrativa, mediante la ley mordaza, y por la vía penal, a través de algunos artículos del Código Penal, provenientes de la dictadura, que criminalizan conductas como el envío de mensajes en redes sociales o canciones de rap".

En este sentido, estas mismas fuentes recuerdan que "el sistema judicial español ha sido reprendido en numerosas ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por vulnerar la libertad de expresión. Estos artículos no tienen cabida en un sistema democrático moderno y europeo".

Se trata de una proposición que los de Pablo Iglesias ya registraron hace casi tres años, en marzo 2018, y que estuvo bloqueada en el Congreso durante muchos meses. En octubre de ese mismo año, la Cámara Baja la admitió a trámite (con el apoyo, entre otros grupos, del PSOE) y llegó hasta la Comisión de Justicia, pero posteriormente el trámite decayó con el adelanto electoral del 28 de abril de 2019.

Una ley que ya había sido registrada

La norma fue registrada de nuevo en 2020, pero, según el historial de iniciativas del Congreso, Unidas Podemos la retiró en septiembre de ese año. El secretario de Derechos Humanos del grupo confederal, Jaume Asens, y el secretario general del PCE y portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Interior, Enrique Santiago, serán los encargados de presentar la iniciativa.

El grupo recoge en su proposición la modificación del delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público, recogido en el artículo 525 del Código Penal, ya que a su juicio "en un Estado aconfesional no han de primar los sentimientos de unos ciudadanos frente a otros. Lo único que habría que proteger es la libertad religiosa como derecho fundamental".

También proponen la derogación de los delitos contra la Corona, reflejados en los artículos 490.3 y 491 del Código Penal: "esta especial protección de la más alta institución política del país, en cuanto que ostenta la Jefatura del Estado, constituye un verdadero ataque contra la libertad de expresión", justifican.

En cuanto a las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos, recogidos en el artículo 543 del Código Penal, el grupo confederal defiende que "se está aplicando para atacar la libertad de expresión, reprimiendo la crítica contra los símbolos de nuestro país, materializados en la bandera y el himno nacional".

En la propuesta se alerta de los riesgos para el derecho a la libertad de expresión de mantener tipos penales "ambiguos" como el del enaltecimiento al terrorismo. "El enaltecimiento terrorista, según nuestros tribunales, es un delito de opinión, que consiste en incitar indirectamente a la comisión de delitos terroristas. En un contexto en el que ni ETA ni GRAPO ni su entorno están ya activos, este delito no tiene ningún sentido salvo para reprimir la libertad de expresión".