Ley mordazaEl Congreso comienza a desmontar las 'mordazas' de Rajoy a la libertad de expresión

La libertad de expresión tratará de volver a abrirse paso en el Congreso durante esta legislatura. En los últimos años, una buena parte de los grupos de la Cámara han tratado, sin éxito, de desmontar la arquitectura legal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy para imponer restricciones a este derecho en aras de la protección ante la ofensa o la injuria, relacionados con otros derechos (al honor, a la intimidad...)

Numerosas organizaciones y colectivos se han quejado durante casi cinco años (en julio de 2015 se aprobó la denominada ley de seguridad ciudadana) de que las reformas impulsadas por el Ejecutivo del PP cercenaban derechos fundamentales como el de manifestación, reunión y el propio derecho a expresarse libremente.

Estos colectivos, así como buena parte de los partidos políticos del Congreso (desde Unidas Podemos hasta el PNV), ven en estas reformas legales un intento de "disuasión" en el ejercicio de la libertad de expresión que en los últimos años ha estado presente, sobre todo, en las redes sociales, la música o la cultura.

Las modificaciones que llevó a cabo el Gobierno del PP se hicieron en un doble sentido: por un lado, se aprobó la ley de seguridad ciudadana (rebautizada por sus detractores como ley mordaza), que afectaba, entre otras cuestiones al ejercicio de la manifestación y a las actuaciones policiales en la vía pública; por otro, se introdujeron una serie de reformas en el Código Penal para criminalizar actuaciones que pudieran causar ofensa o herir los sentimientos de personas, colectivos o instituciones.

De esta manera, se denuncia desde estos grupos, se abrieron causas penales contra conductas como "pitar el himno de España en un estadio de fútbol, criticar a la monarquía, enviar mensajes, utilizar la imagen de un Cristo y publicarla en redes sociales o manifestarse mediante una performance a modo de procesión (la del Coño Insumiso) reclamando la igualdad de la mujer en la sociedad".

Los colectivos critican que para sostener esta arquitectura legal, las reformas se basaron en tipos penales "indefinidos y ambiguos", como los "delitos de odio" o el de "enaltecimiento al terrorismo", y se impusieron penas desproporcionadas y faltas administrativas para causar desmovilización ciudadana.

Por eso, la ofensiva de los grupos del Congreso que rechazan estas reformas es doble: derogar la ley mordaza y eliminar del Código Penal aquellas conductas introducidas por el Ejecutivo de Rajoy. Para lograr este último objetivo, Unidas Podemos registró la pasada semana una ley de "protección de la libertad de expresión".

Se trata de una proposición que los de Pablo Iglesias ya registraron hace dos años, en marzo 2018, y que estuvo bloqueada en el Congreso durante muchos meses. En octubre de ese mismo año, la Cámara Baja la admitió a trámite (con el apoyo, entre otros grupos, del PSOE) y llegó hasta la Comisión de Justicia, pero posteriormente el trámite decayó con el adelanto electoral del 28 de abril de 2019.

El odio como "sentimiento punible"

La Mesa del Congreso calificó la iniciativa en su reunión del pasado martes y se la envió al Gobierno para que éste diera su visto bueno (trámite necesario para que posteriormente se pueda debatir su admisión a trámite). Entre otras medidas, la iniciativa propone eliminar o rebajar la actual regulación de los delitos contra los sentimientos religiosos, la Corona, los ultrajes a los símbolos, las injurias al Gobierno o a los jueces, el enaltecimiento del terrorismo y los delitos de odio.

Unidas Podemos recoge en su proposición la modificación del delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público, recogido en el artículo 525 del Código Penal, ya que a su jucio "en un Estado aconfesional no han de primar los sentimientos de unos ciudadanos frente a otros. Lo único que habría que proteger es la libertad religiosa como derecho fundamental".

También proponen la derogación de los delitos contra la Corona, reflejados en los artículos 490.3 y 491 del Código Penal: "esta especial protección de la más alta institución política del país, en cuanto que ostenta la Jefatura del Estado, constituye un verdadero ataque contra la libertad de expresión", justifican.

En cuanto a las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos, recogidos en el artículo 543 del Código Penal, el grupo confederal defiende que "se está aplicando para atacar la libertad de expresión, reprimiendo la crítica contra los símbolos de nuestro país, materializados en la bandera y el himno nacional".

En la propuesta se alerta de los riesgos para el derecho a la libertad de expresión de mantener tipos penales "ambiguos" como el del enaltecimiento al terrorismo. "El enaltecimiento terrorista, según nuestros tribunales, es un delito de opinión, que consiste en incitar indirectamente a la comisión de delitos terroristas. En un contexto en el que ni ETA ni GRAPO ni su entorno están ya activos, este delito no tiene ningún sentido salvo para reprimir la libertad de expresión".

"Discurso de odio se entiende como el desarrollo de una idea u opinión motivada por el odio contra personas o grupos vulnerables perseguidos históricamente"

Una interpretación, la de la "indefinición conceptual", que también extienden a los delitos de odio tipificados en el artículo 510 del Código Penal. "Se ha desnaturalizado el concepto de discurso del odio, hasta el punto de identificar socialmente el odio como sentimiento punible. Discurso del odio se entiende como el desarrollo de una idea u opinión motivada por el odio contra personas o grupos vulnerables a quienes históricamente se ha puesto en la diana de persecuciones".

"La falta de regulación ordenada o sistemática, y la desnaturalización social del denominado discurso del odio, requieren una redacción que determine con claridad cuál es la conducta punible en relación a los delitos discriminatorios contenidos en un artículo 510 del Código Penal ambiguo y confuso", argumentan.

Para la Plataforma por la Libertad de Información, que Unidas Podemos vuelva a presentar esta ley "es una gran noticia y un avance muy importante para ajustarnos al marco internacional al que España está sujeto y que nuestra legislación sea, por fin, acorde a nuestras obligaciones en materia de libertad de expresión". En este sentido, piden el apoyo del Gobierno y del resto de grupos parlamentarios "para que la proposición pueda convertirse pronto en ley".

La derogación de la ley mordaza no comenzará de cero

A diferencia de la ley de protección de la libertad de expresión, la derogación de la ley mordaza estuvo a un paso de lograrse. La proposición de ley que se tramitó durante la XII Legislatura en la Cámara Baja para derogar sus aspectos más lesivos decayó a finales de febrero por culpa del adelanto electoral que derivó en los comicios del 28 de abril.

Los grupos trabajaban sobre un texto presentado por el PNV y refundido con otro texto del PSOE para reformar la norma, que había sido bloqueada durante varios meses por la Mesa del Congreso (donde el PP y Ciudadanos tenían mayoría).

Tras la moción de censura que dio paso al Gobierno de Pedro Sánchez, la Mesa desbloqueó la tramitación de la norma y los grupos avanzaron sobremanera en apenas unos meses y lograron amplios consensos en determinadas reformas de calado.

Tras el anuncio del adelanto de las elecciones, los grupos se reunieron por última vez para acordar el cierre adelantado de la ponencia. Los partidos se emplazaron a continuar con los trabajos, en la medida de lo posible, en la próxima legislatura. En febrero de 2019 los grupos solicitaron a los letrados de la comisión un informe con un resumen de los puntos cerrados y de las enmiendas presentadas para que los trabajos de la reforma no comenzaran de cero.

Entre otras reformas, los grupos acordaron limitar los registros policiales (como norma general debían practicarse en dependencias policiales), que debían realizarse atendiendo y respetando cuestiones como la identidad sexual. También se acordó despenalizar la toma de imágenes a policías y que los organizadores de manifestaciones solo podrían ser sancionados cuando no hayan dispuesto de suficientes medidas de seguridad y la manifestación se torne violenta.