Publicado: 30.10.2014 13:30 |Actualizado: 30.10.2014 13:30

¿Cómo operaba la trama de Francisco Granados?

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La trama de corrupción municipal y regional destapada en la Operación Púnica operaba con una clara organización en la que los acusados se repartían los roles para lograr sus propósitos de conseguir contratos públicos a cambio del pago de comisiones. En el primer auto dictado sobre la situación procesal de los detenidos, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha despejado algunas de las interrogantes de cómo operaba esta red, a cuyo frente se situarían el exdirigente del PP de Madrid Francisco Granados y su amigo el empresario David Marjaliza .

Esta son las interrogantes que despeja el magistrado en el auto en el que decretó anoche la prisión eludible bajo una fianza de 60.000 euros a los alcaldes de los municipios madrileños de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas Navarro, y de Parla, José María Fraile.

Suiza comunica a las autoridades española la existencia de una cuenta sospechosa por blanqueo de dinero a nombre de Francisco Granados y David Marjaliza y sus esposas, y de la sociedad Sheraton Trading S.A.. La investigación descubre posteriormente varias cuentas más. El juez no detalla cuantías.

Constan numerosas operaciones de compraventa de activos financieros, divisas y transferencias internacionales de capital a otros países en América, tanto en euros como en dólares. Se sospecha que los fondos proceden de conductas delictivas vinculadas a la promoción urbanística y a la contratación administrativa.

El dinero colocado en Suiza retorna después a España tras pasar por varios países bajo la apariencia de diversas operaciones de exportación.

La trama era organizada, con perduración temporal y reparto de roles. Sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, lograba obtener de manera irregular la adjudicación de numerosos contratos públicos, aprovechamientos urbanísticos o gestiones de bienes y servicios públicos de muy diverso tipo.

La red de tráfico de influencias se apoyaba en un entramado empresarial que obtenía irregularmente los contratos y servicios mediante el uso de influencias y la corrupción de ediles municipales, funcionarios y técnicos, a cambio de dinero o ventajas particulares.

Los ayuntamientos abrían procedimientos de contratación pública concertados con empresas de la órbita de la cerebros de la trama, quienes influían a lo largo de todo el expediente de contratación, desde su preparación y redacción hasta la valoración de las ofertas y la adjudicación.

Se plegaban a los intereses de la trama, hasta el punto de incurrir en facturación falsa y falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contrato previo.

En algunos casos alcanzaron los 100 millones de euros y fueron adjudicados por largos periodos de tiempo.


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