La Audiencia Nacional ha aprobado este lunes paralizar de forma cautelar las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros, anteriormente Valle de los Caídos, tras aceptar la medida cautelarísima solicitada por la nieta de una mujer enterrada allí, representada por Abogados Cristianos, que alegó una vulneración al derecho fundamental a la libertad religiosa. 

La denuncia corresponde a la nieta de una de las pocas mujeres enterradas en Cuelgamuros, quien alegó que los trabajos de exhumación que se llevan a cabo vulneran el derecho fundamental a la libertad religiosa, ya que se remueven cadáveres sin autorización de sus familiares. 

El juzgado da tres días a Patrimonio para que haga alegaciones, y posteriormente decidirá el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada, con posibilidad de recurso conforme a las reglas generales, según el auto difundido por Abogados Cristianos, que tiene fecha del 14 de diciembre pero ha sido comunicado a las partes este lunes.

El magistrado explica que los demandantes sostienen que las exhumaciones se están llevando a cabo "por vía de hecho" y concluye que "es de plena aplicación" el artículo 136 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contecioso-Administrativa, ya que "no se aprecia (...) que no acaezca la situación denunciada como actuación en vía de hecho".

Por eso, y "al objeto de tomar conocimiento de un modo más profundo de la situación para resolver sobre la medida cautelar con carácter definitivo y con vigencia durante la completa tramitación del asunto", acepta el recurso de Abogados Cristianos y adoptar esta medida "consistente en suspender por parte de Patrimonio Nacional la ejecución de las inhumaciones en el Valle de Cuelgamuros".

El pasado mes de septiembre un juzgado de Madrid anuló el acuerdo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) por el que se concedió licencia urbanística para las obras necesarias para acometer las exhumaciones de la Basílica, tras un recurso presentado por la Fundación Francisco Franco y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, entre otros.

La sentencia llegó poco después de que el pasado verano comenzaran los trabajos forenses para exhumar a 128 víctimas del Valle de Cuelgamuros, y supuso un nuevo obstáculo tras siete años de incumplimiento de la sentencia histórica emitida el 30 de marzo de 2016, que reconoció el derecho de los familiares de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, fusilados en Calatayud en 1936 y trasladados a Cuelgamuros, a recuperar sus cuerpos.