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La pareja de Ayuso admite que reformó la casa donde viven sin licencia

Alberto González Amador intentó regularizar la situación con un escrito presentado en el Ayuntamiento de Madrid el pasado 21 de marzo, después de ser imputado por el fraude fiscal de 350.000 euros.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la firma de un convenio de colaboración, en la Real Casa de Correos, a 5 de abril de 2024, en Madrid (España).
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a 5 de abril de 2024, en Madrid. Eduardo Parra / Europa Press

Alberto González Amador presentó una solicitud formal al Ayuntamiento de Madrid el 21 de marzo, con el propósito de regularizar las obras realizadas en uno de los dos pisos que comparte con Isabel Díaz Ayuso. La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha reconocido, así, que la reforma del ático en el que viven se llevó a cabo sin licencia.

El intento de regularizar la situación de su vivienda, que ha adelantado elDiario.es, coincide con las sospechas de Más Madrid. El partido ya advirtió de una supuesta infracción urbanística cometida por González en una denuncia presentada en su contra un día antes de que éste formalizara la solicitud. Esa denuncia motivó, de forma automática, la apertura de un expediente cuya tramitación incluye la visita de un inspector a la vivienda y que podría derivar en un procedimiento sancionador.  

Hasta el momento, se desconoce el verdadero propietario del ático adyacente a la vivienda de Ayuso y su pareja, así como si pagan algún tipo de alquiler por él. Tampoco se ha confirmado si las obras incluyeron la unión de los dos pisos, lo que resultaría en una única residencia de considerable tamaño en uno de los distritos más exclusivos de Madrid. No obstante, de conseguirse, la regularización de las obras ilegales evitaría cualquier inspección municipal.

La solicitud se ha presentado en un contexto marcado por el escándalo desencadenado por el caso de fraude fiscal y falsedad documental que involucra a González. La Fiscalía le acusa de dos delitos de defraudación tributaria relativos al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la entidad Maxwell Cremona Ingenieria y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S.L., de la que González era administrador único. La cantidad supuestamente defraudada a Hacienda asciende a 350.951 euros.

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