Con quince denuncias del PP a sus espaldas y tras cuatro meses sometido a fuego graneado desde cada esquina del partido de Mariano Rajoy, el juez Baltasar Garzón ha visto cómo su sucesor en Madrid al frente del caso Gürtel, el magistrado Antonio Pedreira, suscribe las principales conclusiones de su investigación inicial. Mientras, el Tribunal Superior de Valencia mantiene imputado al presidente autonómico, Francisco Camps, aunque, al menos de momento, ha pasado de largo por el espinoso asunto de la supuesta financiación ilegal del PP.

Y, salvo viraje inesperado, el Tribunal Supremo llamará a declarar como imputado bajo sospecha de blanqueo y fraude fiscal a Luis Bárcenas, tesorero del PP y a quien, el 31 de marzo, en su auto de remisión de la causa a los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia, Garzón ya atribuía el cobro de 1,35 millones de euros.

De los 60 imputados (tres de ellos en prisión) que acumula ya el caso, 17 pertenecen al PP. Y otros tres presuntos implicados Bárcenas, el eurodiputado Gerardo Galeote y el diputado en el Congreso Jesús Merino alcanzarán previsiblemente ese rango en cuanto el Supremo asuma la instrucción total o parcial de las diligencias, donde las investigaciones practicadas por Garzón resultaron clave. Las esperanzas conservadoras de que un cambio de jurisdicción dejase limpios de polvo y paja a sus militantes bajo sospecha se han hecho añicos, aunque, en privado, hay quien admite que el PP espera mayor benevolencia del Tribunal Superior madrileño y el valenciano. Pero la predicción lanzada por Rajoy en referencia a Bárcenas y Galeote 'Nadie podrá probar que no son inocentes', dijo cojea hoy más que ayer.

Lo sucedido desde el 6 de febrero, cuando tras meses de investigación se produjeron los primeros arrestos, constata que las diligencias abiertas por el 'juez socialista' definición común en boca de Esperanza Aguirre reflejaban indicios reales y no un intento de 'aniquilación del adversario', fórmula que los conservadores han elevado a la categoría de estribillo. En sus esfuerzos por castigar a Garzón, el PP ha llegado incluso a poner en solfa la independencia de los tribunales, posteriormente elogiada cuando el Supremo aceptó la querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias contra el juez por haber investigado los crímenes del franquismo. 'En Españaafirmó el ex ministro Cristóbal Montoro siete días después de las primeras detenciones de la operación Gürtel queda mucho por recorrer para garantizar el principio de igualdad ante la ley'.

La más que presumible imputación del senador Bárcenas se alza en el escenario del caso como el gran mazazo que golpea a la cúpula del PP y, de modo simultáneo, invalida sus protestas contra Garzón, a quien acusaron de apuntar hacia el tesorero con el objetivo único de presentar la trama corrupta como una trama de partido. Pero no ha sido ese el único gran varapalo quedesacredita las andanadas del PP contra Garzón. El 14 de mayo, el partido ya se había visto zarandeado por la imputación, por parte del Tribunal Superior de Valencia, de Francisco Camps, presunto receptor de trajes regalados por la trama a cambio de contratos. Así, se reafirmaba las tesis de Garzón, quien en su auto del 5 de marzo ya mencionaba al presidente de Valencia como presunto implicado e introducía el elemento de la financiación ilegal del partido.

Para entonces ya erigido en bestia negra del PP y enemigo a derribar, aquel auto le costó que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, lo tachase de lanzar acusaciones 'insidiosas e injustificadas'. 'Camps está siendo perseguido y amenazado', proclamó Cospedal en la junta directiva del PP celebrada el día 6 de ese mes. Cuando los periodistas preguntaron por qué, a diferencia de otros involucrados en el caso, Camps y su número dos, Ricardo Costa, no habían sido suspendidos de militancia, Cospedal pronunció tres palabras: 'No están imputados'.

Dos meses más tarde, el 14 de mayo, la frase había quedado vieja: el magistrado del Tribunal Superior de Valencia José Flors los citaba a ambos así como al ex vicepresidente de la Generalitat, Victor Campos, y al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret a declarar en calidad de imputados, condición en la que permanecen todos ellos. Los ataques contra Garzón quedaron, de nuevo, sin retractación y Rajoy acudió a las Fallas para arropar con su presencia a la víctima Camps.

Tampoco corrigió Cospedal su afirmación de que el auto del 5 de marzo del juez Garzón había hecho 'todo el daño mediático que quería hacer contra el PP'. Para el recuerdo quedó el 'amiguito del alma' que en una conversación telefónica intervenida por la Policía había dedicado a Camps el comisionado de la trama y cara visible de la múltiples veces contratada Orange Market , Álvaro Pérez, El Bigotes. Orange Market recibió de la Generalitat adjudicaciones por un importe cercano a siete millones de euros. Camps mantiene su militancia y sus cargos. Bárcenas, de momento, también.

En su estrategia de desgaste contra el titular del juzgado central número 5, el PP apoyó comprensivo a los imputados que se negaron a declarar, bajo el argumento de que la falta de 'imparcialidad' de Garzón y las constantes filtraciones del sumario los situaban en clara 'indefensión' . Entre los imputados reacios destaca uno de los primeros arrestados en la operación, el silencioso Arturo González Panero, hasta febrero alcalde de Boadilla del Monte. Entre gestos de comprensión de su partido, González Panero se negó a declarar ante Garzón con el argumento, transmitido por su abogada, de que no abriría la boca 'hasta conocer de forma definitiva cuál será el tribunal encargado de instruir la causa'. Cuando, tras un cerco de casi dos meses, Garzón se inhibió y la investigación recayó sobre el magistrado del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, González Panero volvió a negarse. El ex alcalde de Boadilla, a quien Pedreira imputa seis delitos y contra quien pesa la fianza más alta del caso 1,8 millones de euros, invocó en esta ocasión el artículo 24 de la Constitución, que consagra el derecho de cualquier acusado a no declarar contra sí mismo. La fianza era 'muy elevada', opinó Mariano Rajoy.

Pero el mutismo de González Panero no constituye una excepción. Los tres diputados autonómicos madrileños imputados en el caso Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco han seguido sus pasos, tanto ante Garzón como ante Pedreira. Su silencio abre una incógnita de relevancia política: la de qué les habría preguntado el letrado del PP, que batalló contra Garzón para lograr que se le permitiera ejercer la acusación y consiguió finalmente que el Tribunal Superior de Madrid aceptara la personación en lo que supone el mayor revés judicial sufrido por el juez de la Audiencia Nacional en este caso. La incógnita no es baladí, dado que el PP mantiene a los tres imputados en su escaño. Esperanza Aguirre ni siquiera los ha expulsado del grupo parlamentario.

La decisión de Garzón de no aceptar la personación del PP desencadenó uno de los más furibundos ataques tras el desatado por el episodio de la cacería. Por ejemplo, a la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, le parecía inadmisible que el juez hubiera ofrecido a la Abogacía del Estado ejercer la acusación mientras cerraba la puerta al PP. 'Es una doble vara de medir', dijo obviando el hecho de que las investigaciones policiales dejan entreabierta la posibilidad de que parte del dinero recibido por los imputados hubiera terminado en las arcas del partido. Finalmente, la Abogacía del Estado se personará. Con otro juez. Sin Garzón. Pero el sumario sigue adelante.