Publicado: 16.02.2014 13:49 |Actualizado: 16.02.2014 13:49

Los presos de ETA aseguran que se malinterpretó su comunicado

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Presos de ETA han advertido en las últimas semanas a los familiares que les visitan en las cárceles que se ha malinterpretado el comunicado que emitió el colectivo el pasado 28 de diciembre en el que anunciaban que asumirían la legalidad. Lejos de eso, estos presos están matizando a su entorno que no aceptarán la actual ley penitenciaria, sino que lo que defienden es un proceso integral y que aceptarían la legislación siempre y cuando ésta se modificase, han informado fuentes de la lucha antiterrorista.

Estas mismas fuentes han indicado que en las comunicaciones en prisión estos presos están rebajando el optimismo con el que llegan sus familiares y allegados a los que advierten de que no tienen previsto acogerse a beneficios penitenciarios de forma individual.

De hecho, en una entrevista publicada en el día de hoy, dos de los portavoces de los presos de la banda terrorista, Marisol Iparraguirre y Jon Olarra, además de anunciar una campaña de presión, que en una primera fase tiene como objetivo que presos enfermos y los de más edad sean acercados a la prisión alavesa de Zaballa, advierten: "hay que levantar la legislación de excepción creada expresamente en nuestra contra en los tiempos de enfrentamiento duro, para desarrollar soluciones dentro de la ley".

Por su parte, en el comunicado de diciembre, el Colectivo de Presos de ETA (EPPK en sus siglas en euskera) decían textualmente: "podríamos aceptar que nuestro proceso de vuelta a casa -nuestra excarcelación y de manera prioritaria nuestro traslado a Euskal Herria- se efectuasen utilizando cauces legales (...) Estamos dispuestos, dentro de un plan de actuación global, a estudiar y tratar la posibilidad de que el proceso que culmine con nuestra vuelta a casa se efectúe de manera escalonada, mediante compromisos individuales y en tiempo prudencial".

Sin embargo, en ese mismo comunicado, en su párrafo anterior, los presos decían: "Es necesario derogar toda situación y medida de excepción. Adaptar el entramado jurídico a la situación política. Cambiar radicalmente la política penitenciaria y priorizar el fin de la dispersión. Reconocer nuestros derechos, posibilitar nuestra vuelta a casa e impulsar la solución integral a la actual situación política".

Por tanto, para el colectivo de presos etarras la solución debe ser integral y debe dar respuesta a todo el grupo, no de manera individual como exige el ministerio del Interior. En la actualidad, para poderse acoger a beneficios penitenciarios, los presos etarras tienen que cumplir la actual ley que les exige: romper con ETA, pagar las indemnizaciones, pedir perdón a las víctimas y colaborar con la Justicia. Por ello el plan del Colectivo, como pone de manifiesto las declaraciones de Iparraguirre y Olarra, pasa por poner en marcha una campaña que fuerce al Gobierno a realizar acercamientos de internos a la mencionada prisión alavesa. En el caso de que, como es previsible, la Administración no atienda estas reclamaciones, los presos de la banda sopesan recurrir ante la Justicia por la vía Contencioso- Administrativa.

La estrategia de pedir el acercamiento prevé hacerlo de un modo progresivo, empezando por los considerados presos enfermos y aquellos de mayor edad (70 años). Se buscarán perfiles de presos etarras cuyas demandas puedan tener más comprensión en la sociedad. Paralelamente, además, el entorno de los presos en el exterior realizará una campaña mediática en la que se destaquen aspectos como los años que lleva en prisión, la distancia recorrida por sus familiares para visitarlo en la cárcel, accidentes de tráfico sufridos en esos desplazamientos y otras de las reivindicaciones históricas del discurso proetarra.

La vía Contencioso-Administrativa a la que acudirían es la correspondiente para recurrir las decisiones adoptadas por la Administración como es la de establecer el lugar en el que un preso debe cumplir condena. En este sentido, la estrategia que sopesa llevar a cabo a ETA no es nueva y ya fue practicada, sin éxito, en 1996. Entonces los presos de la banda terrorista mandaron a la institución penitenciaria multitud de escritos argumentando criterios jurídicos para pedir su acercamiento a cárceles vascas y navarras, pero la Administración los rechazó todos de plano.

En aquella intentona, los presos optaron por acudir a un paso intermedio que era el recurso ordinario ante el propio ministro del Interior de entonces, Jaime Mayor Oreja, quien también rechazó sus exigencias. Fue entonces cuando una veintena de presos etarras insistió por la vía Contencioso-Administrativa presentando recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al tratarse de una decisión de la Administración con sede en la capital. Estos recursos recayeron sobre varias Salas y todos ellos fueron rechazados definitivamente.

Desde el Ministerio del Interior aseguran que no van a aceptar ninguna solución que pase por una estrategia global del colectivo y advierten de que sólo aceptarán las medidas individuales y que cumplan los requisitos marcados en la Ley. En ese sentido, desde Francia, también aseguran que en esta cuestión "la agenda de España es la agenda de Francia" y por tanto no adoptarán ninguna decisión diferente con los presos de ETA a la que tome el Gobierno español. En el país galo cumplen condena más de un centenar de etarras, algunos de ellos, los últimos grandes jefes de la organización con un gran peso específico en el Colectivo.