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Presupuestos 2018 Díaz cede a otra rebaja fiscal de C’s para amarrar el Presupuesto de 2018

La presidenta andaluza descarta pactar las cuentas con Podemos e IU y baraja ya la exigencia de sus socios: condonar el impuesto de Sucesiones a herencias de un millón de euros, que apenas pagan 200 familias en Andalucía.

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La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, junto al líder Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, durante la reunión que han mantenido para consensuar la posición de Andalucía sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. EFE/Raúl Caro

Un presupuesto autonómico que rondará los 35.000 millones de euros para una comunidad autónoma de casi nueve millones de personas no puede estar condicionado por una rebaja fiscal menor que apenas afecta a 200 familias en Andalucía. Con esta premisa, el Gobierno de Susana Díaz prepara el viraje discursivo que va de esta tesis: “el impuesto de Sucesiones y Donaciones sólo lo pagan los ricos, un 7% de los andaluces”, a esta otra: “el impuesto de Sucesiones sólo lo van a pagar los muy, muy ricos”.

En el camino, la Junta ha vuelto a ceder terreno al modelo fiscal de Ciudadanos y baraja ya incorporar a las cuentas del próximo año la propuesta que sus socios le exigen como condición sine qua non para negociar los Presupuestos andaluces de 2018: que las herencias de hasta un millón de euros queden exentas de pagar el impuesto de Sucesiones. Los datos del ejercicio presupuestario del año pasado dicen que este tramo apenas afectó a 200 familias andaluzas, que tuvieron que abonar una cantidad irrisoria en el capítulo de los ingresos tributarios.

El acuerdo presupuestario con Ciudadanos aún no está cerrado, avisan fuentes del Ejecutivo andaluz. Este martes será la primera reunión de los socios, PSOE y el partido naranja, presidida por la consejera de Hacienda, María Jesús Montero. Pero Díaz ya ha empezado a introducir matices a su posición inicial, tras denunciar una “campaña de demonización” del PP contra el impuesto de Sucesiones y Donaciones, que ha frustrado todas las explicaciones del Gobierno sobre el citado tributo. “Reiterar y demostrar con datos que sólo afecta a las rentas más altas es como gritar en el desierto”, confiesa la presidenta. Desde su gabinete dejan caer que la nueva rebaja al impuesto que pide Ciudadanos -el año pasado ya elevaron la exención fiscal de 175.000 a 250.000 euros por herencia de padres a hijos- es un coste político “menor” a cambio de amarrar el que será, según sus previsiones, el primer presupuesto “realmente expansivo” tras la crisis.

El modelo fiscal del Gobierno andaluz se ha colado este lunes de soslayo en las conversaciones que la presidenta de la Junta ha mantenido, uno a uno, con todos los líderes de la oposición, en busca de un pacto andaluz en torno a la financiación autonómica y el debate territorial. Los partidos se han mostrado receptivos a colaborar con la Junta en la búsqueda de un reparto de fondos del Estado más justo para Andalucía, pero todos han ligado este asunto al debate presupuestario.

A la presidenta le han salido novios de todo signo político para pactar las cuentas de 2018, desde el PP -que exige la eliminación total del impuesto de Sucesiones, bonificándolo al 99%- hasta Podemos e IU, que han ofrecido a Díaz una alianza de izquierdas que le permita soltarse de la mano del “ultraliberal” Ciudadanos, y garantizar un modelo fiscal progresivo, que es lo que el PSOE defiende. Pero la presidenta no tiene intención de romper su alianza con la formación de Albert Rivera, con la que ha pactado los dos últimos presupuestos, aunque para ello tenga que transigir con algunos de sus postulados ideológicos.

La concesión es más ideológica que numérica, puesto que el impacto del impuesto de Sucesiones y Donaciones en los presupuestos es relativo. El polémico tributo ha aportado a las arcas andaluzas unos 180 millones de recaudación hasta junio -alcanzará los 350 millones a final de año, según estima Hacienda-. PP y Ciudadanos han estigmatizado esta tasa, y el empeño de la Junta por mantenerla con vida ha llegado a su límite. “La resistencia del Gobierno andaluz es más ideológica que económica”, dice Marín, mientras que los socialistas se reconocen incómodos. “Como si la economía no fuera ideológica”, susurran.

Un decálogo en financiación

Este lunes han desfilado por el palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, el líder de IU, Antonio Maíllo, el de Ciudadanos, Juan Marín, la de Podemos, Teresa Rodríguez, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, y el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez. Para retomar el curso político, Susana Díaz ha decidido no esperar a que el Gobierno central concrete en un documento la prometida reforma del modelo de financiación autonómica, ni siquiera ha esperado a pactar sus líneas rojas sobre el debate territorial en el seno del PSOE, donde existen notables diferencias de criterios entre unas federaciones y otras.

La presidenta andaluza ha sido la primera líder autonómica en adelantar su propio diseño para mejorar el reparto de fondos del Estado entre comunidades, proponiendo a todos sus rivales un decálogo de medidas que, una vez más, trasciende el debate andaluz. La presidenta cree que Andalucía se juega mucho en los próximos meses, en los que la política nacional va a pivotar entre Cataluña y Madrid, y ha querido adelantar la posición de Andalucía en el debate territorial.

Andalucía defenderá que la distribución de recursos del Estado se rija por el criterio de población

Entre el decálogo de propuestas para mejorar el reparto de fondos del Estado, destaca la creación de un Fondo de Sostenibilidad de los servicios públicos esenciales, esto es, un instrumento financiero similar a la hucha de las pensiones que sirva para garantizar el blindaje del gasto en sanidad, educación y políticas sociales en ciclos de recesión económica, evitando así los recortes al Estado de Bienestar aplicados por todas las administraciones durante la crisis. Díaz también propone eliminar la regla de gasto y mecanismos como el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) y el de Pago a proveedores, que considera restan autonomía política a las comunidades.

Andalucía defenderá que la distribución de recursos del Estado se rija por el criterio de población y denuncia que con el reparto actual, ha recibido 104 euros menos por habitante que la media en el conjunto del país (220.000 andaluces no percibirían ni un céntimo de la financiación autonómica). También propone la nivelación total de todos los servicios, que garantice a las comunidades recursos suficientes para atender sus competencias; y un cálculo de las necesidades de gasto ajustadas a la realidad del coste (para ello se plantea un estudio comparativo entre regiones que aclare cuánto cuesta un hospital o un colegio en Galicia, Canarias o Madrid).

En general, el decálogo de Díaz ha sido bien recibido por todos los grupos. Podemos e IU han coincidido con la presidenta en que no se trata de echar a pelear a las comunidades por las migajas de la tarta, sino de que la tarta de las comunidades sea más grande (véase, un mayor porcentaje en los ingresos más significativos, como el IVA, el IRPF o el de Sociedades). Ciudadanos ha recordado que de las diez propuestas de la Junta, “siete u ocho ya están recogidas en el informe de la comisión de expertos” sobre la reforma del modelo de financiación que se creó en la Conferencia de Presidentes Autonómicos. El PP, por su parte, ha dicho que este acuerdo andaluz debe formar parte de un pacto nacional más ambicioso entre populares y socialistas, algo que le han reprochado luego tanto la Junta como el PSOE-A, porque creen que es importante que el arco político andaluz establezca sus prioridades en el debate territorial.

Entre las medidas también aparece la armonización fiscal, para evitar que unas regiones hagan dumping fiscal a otras, caso, por ejemplo del impuesto de Sucesiones y Donaciones. Los partidos de la oposición han recogido el guante de la presidenta y se prestarán a negociar con ella en el marco de una comisión parlamentaria, pero ninguno ha querido desgajar el debate de la financiación autonómica del de la fiscalidad. Y aquí es donde han aparecido claros indicios de falta de entendimiento. El Gobierno andaluz debe aprobar el anteproyecto de Presupuestos para 2018 antes del 31 de octubre, y Susana Díaz quiere tener amarradas las cuentas lo antes posible.