Las expectativas de ERC sobre la clasificación de los presos del procés se han cumplido, no así las de JxCAT. Las juntas de tratamiento de las tres cárceles donde cumplen condena los 9 condenados por sedición han propuesto este miércoles que se les aplique el segundo grado, esto es, el régimen común.

Esto supone que no podrán salir de prisión antes de Navidad, ya que esta clasificación no les permite beneficiarse de permisos hasta cumplir un cuarto de la pena. En el caso de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que permanecieron dos años menos dos días en prisión provisional, antes de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 14 de octubre, el cuarto de la condena a nueve años de prisión se cumple en enero, por lo que serían los primeros en poder beneficiarse de permisos. 

La decisión se alcanza "sin unanimidad", y tras un "intenso debate", como ha anunciado este miércoles el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de Justicia, de la Generalitat, Amand Calderó. A partir de este momento la pelota está en el tejado de la Consellería de Justicia, en manos de Ester Capella (ERC), que tiene hasta dos meses para revisar o avalar esta clasificación. 

Las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios de Lledoners (donde están recluidos los siete hombres), El Catllar y Puig de Basses (lugar de cumplimiento de condena de Carme Forcadell y Dolors Bassa, respectivamente) tenían de plazo hasta el 14 de diciembre, exactamente dos meses después de que se conociera la sentencia, para formular una propuesta.

Corresponde a un equipo multidisciplinar de las cárceles propoponer la clasificación en base a varios criterios, entre ellos la duración de la condena, el comportamiento de los presos o la existencia de antecedentes.

Además, la clasificación de los reos podrá ser recurrida por la Fiscalía, que al final del juicio oral reclamó al Supremo que obligase a los reclusos a cumplir la mitad de la pena antes de obtener beneficios penitenciarios, sin que el Alto Tribunal accediera a sus pretensiones. En última instancia, la decisión quedará en manos del Supremo.

En cualquier caso, el martes ERC ya avanzó que recurrirían para reclamar el tercer grado, y señaló el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, como herramienta para beneficiarse de un régimen más flexible. Este artículo permite adoptar, para el caso de cada recluso, un modelo que combine distintos aspectos de cada uno de los grados, permitiendo a los internos beneficiarse de condiciones parecidas a las que son propias del tercer grado.