Varias horas después del anuncio hecho por el presidente del Gobierno de limitar los aforamientos a los políticos, el Ejecutivo concretó la propuesta que quiere impulsar cuanto antes y que requerirá la reforma de al menos dos artículos de la Constitución, para lo que no contempla la celebración de un referéndum posterior a que se apruebe dicha modificación como quiere Unidos Podemos.

El Ejecutivo se limita a decir que esta reforma se hará por el proceso ordinario, lo que requiere la aprobación de tres quintos del Congreso y del Senado, lo que hace imprescindible el apoyo del Partido Popular.

No obstante, para pedir la celebración del referéndum que ratifique esta modificación de la Carta Magna se necesitan los votos de 35 diputados, por lo que la formación morada podría forzar la consulta a la ciudadanía, quiera o no quiera el Gobierno que, de momento, no se pronuncia sobre este asunto.

Fuentes de La Moncloa aclaran también que la reforma constitucional consistirá en suprimir el aforamiento de los cargos públicos. que incluirán a los miembros del Gobierno, a los diputados y a los senadores, salvo en el ejercicio estricto de sus funciones y durante la duración en el cargo. Y, para llevar a cabo esta medida, se modificarán los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución.

Además, el Gobierno considera que para esta reforma también será necesario modificar otras leyes (como la Ley Orgánica del Poder Judicial) para precisar el alcance de los aforamientos de los titulares de otros cargos y funciones públicas, como jueces, fiscales, Defensor del Pueblo o Tribunal de Cuentas.

El Ejecutivo, que tiene prisa para esta reforma, llevará la Consejo de Ministros un anteproyecto de Ley de reforma constitucional tras recabar los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para remitirlo cuanto antes a las Cámaras.

Como dijo este lunes el presidente del Gobierno, si hay consenso podría ser aprobada la reforma en 60 días (siempre que no haya referéndum) por lo que asegura que buscará el mayor consenso del arco parlamentario.

El Gobierno no quiere legislar sobre el aforamiento de los cargos públicos de las comunidades autónomas, pero fuentes del Ejecutivo indican que “no tiene sentido” que se mantengan si se aprueba dicha reforma.