Primeros contactos, intercambio de documentos y diálogos incipientes. Las negociaciones entre Ministerio de Hacienda y las distintas fuerzas políticas para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 empezaron hace semanas, según varias fuentes parlamentarias, pero todavía se encuentran en una fase muy preliminar.

También las que ocupan a los propios miembros del Gobierno. Todo ello, siempre con el cierto grado de imprevisibilidad que aporta Junts per Catalunya a la legislatura. Algunas voces de los posconvergentes ya han empezado a agitar las aguas y han avisado que su voto favorable no está asegurado.

El giro de Junts con su voto en contra de la amnistía y el rechazo de la mayoría absoluta del Partido Popular (PP) en el Senado a la senda de déficit y los objetivos presupuestarios han desacelerado las conversaciones sobre los PGE, tal y como ya contó Público. También, entre los miembros del Gobierno, según confirman fuentes de Sumar.

La voluntad por ambas partes, como no podría ser de otra manera, es la mejor. "Tanto la amnistía, como los presupuestos saldrán adelante", aseguraba la mañana del pasado viernes Ernest Urtasun, ministro de Cultura (uno de los cinco que ostenta Sumar) en La Sexta. La inquietud en la formación de Yolanda Díaz no tiene tanto que ver con con el grado de probabilidad de que los PGE salgan —hay confianza en esos términos—, como con cuán exitosas serán las negociaciones a nivel de contenido y de reparto.

Una diputada del partido con peso parlamentario deslizaba, a mediados de semana, que no hay "malestar" entre los dos partidos de Gobierno en el inicio de las conversaciones, pero sí una cierta "preocupación" en sus filas. "Somos muchos ministerios y hay que asegurar un buen reparto", apuntaba. "Cada uno tiene sus prioridades".

Es un asunto especialmente delicado en Sumar, habida cuenta de que el suyo es un grupo parlamentario conformado por varias fuerzas políticas. Fuentes de Compromís, uno de esos partidos, explican que, por el momento, la negociación la protagonizan miembros de la dirección política de Sumar y el PSOE, pero no descartan intervenir en los momentos decisivos para dotar de fuerza a la defensa de la "agenda valenciana".

Es, en muchos casos, una cuestión de agendas. En eso inciden fuentes de Coalición Canaria: "Por el momento, solo nos hemos intercambiado documentos, todavía no hemos empezado la negociación política". Pero cuando empiecen, la diputada canaria Cristina Valido esgrimirá la agenda canaria y todos los puntos acordados con el PSOE en el acuerdo de investidura. El de Valido es solo un voto, como el del Bloque Nacionalista Galego (BNG), pero los números en la legislatura son ajustados y las votaciones en pleno han demostrado que las formaciones pequeñas tienen peso parlamentario.

PNV y Esquerra Republicana coinciden en que es demasiado pronto para valorar las conversaciones que están cruzando con el PSOE. Algo parecido comentan fuentes de Podemos, que puntualizan que, primero, deberán entenderse PSOE y Sumar y construir una propuesta. Una vez eso ocurra, será el momento de transmitirles sus condiciones.

Junts avisa: "No tienen nuestros votos cautivos"

Fuentes del Ministerio de Hacienda, como ya publicó este medio, sugieren que el punto de partida para empezar a negociar es bueno y que se encuentran en conversaciones con todos los grupos. También con Junts, que no habría vinculado las negociaciones de los Presupuestos con la amnistía. Sin embargo, este miércoles, el senador Josep Lluís Cleries avisó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que también se encontraba en la Cámara Alta, de que el voto de Junts para aprobar las cuentas públicas no está garantizado. "No tienen nuestro voto cautivo".

"No se trata de dialogar. Se trata de negociar. El a cambio de nada que han practicado algunos se ha acabado. Pero nuestro voto para los Presupuestos, con esta forma de hacer, no lo obtendrán", aseveró en una intervención que contrasta con el hermetismo y la discreción con la que las fuentes de Junts consultadas tratan la cuestión. La voluntad del Ejecutivo es que las negociaciones con los de Carles Puigdemont no vayan constantemente al último minuto, como ocurrió en la primera votación de la ley de amnistía o con los decretos de enero.

El PP, clave, pero no imprescindible

Si la ley de amnistía es la llave maestra de esta legislatura, los Presupuestos Generales son el pilar que sostiene no solo esta, sino cualquier legislatura. No en vano, es la ley sobre la que descansa la economía del Estado, la que especifica cuánto se puede gastar y da buena medida de las partidas de las que dispondrán las distintas áreas. Este miércoles, el PP tumbó en el Senado la senda de déficit, vinculada al techo de gasto, algo que ralentiza el avance de los Presupuestos.

Ese límite de déficit que puede alcanzar el Estado en cada ejercicio económico ha sido motivo de discrepancia entre los dos principales partidos. El PSOE propone una senda que contempla un 3% en 2024; un 2,7%, en 2025 y un 2,5% en 2026. Los populares se quejan de que el Gobierno no ha ofrecido a las comunidades autónomas un tratamiento beneficioso en cuanto a su límite de déficit.

Desde Moncloa insisten en que el escenario ideal es aprobar unos Presupuestos con la senda de déficit que ha diseñado, pero que, en caso de que el PP persista en el bloqueo desde la Cámara Alta, las cuentas pueden aprobarse con los objetivos presupuestarios que se trasladaron a Bruselas en abril de 2023. Subrayan, también, que en ese caso las autonomías, también las que gobierna el PP, tendrían que ajustar sus números, toda vez que los objetivos que ya conoce la Unión Europea son más estrictos con ellas y les obligan al equilibrio entre ganancias y pérdidas, en lugar del déficit del 0,1 que propone, ahora, el Ejecutivo.

Por el momento, el Gobierno tiene un mes para presentar una nueva propuesta y el PP no se ha cerrado a negociar, aunque desde el Ministerio de Hacienda ven muy lejos un acuerdo en los términos que plantean los populares. Más allá del PP, las negociaciones para diseñar unos Presupuestos que convenzan a todos los actores se agudizará, con toda probabilidad, una vez el Congreso apruebe la ley de amnistía y pase, posteriormente, al Senado. PSOE, Junts y ERC tienen hasta el 21 de febrero para entenderse y pactar un dictamen de la comisión de Justicia. Después, la ley volverá a votarse en pleno.