¿Qué quiere decir, exactamente, que "esta va a ser la legislatura de la Cámara territorial" o fortalecer el papel del Senado como "verdadera Cámara territorial"?. Lo primero lo dijo el socialista Juan Espadas y lo segundo el popular Alberto Núñez Feijóo. Es una idea que vienen trasladando, en especial, los dos grandes partidos a la ciudadanía desde hace ya varios años, pero que no ha terminado de aterrizar nunca.

Coinciden en la idea de ampliar la dimensión territorial de la Cámara, pero no en la fórmula. Además, muchas de las reformas de calado que podrían consolidar esa aspiración requieren de reformas constitucionales y, por tanto, de mayorías muy amplias, que no parecen en la agenda ni de Partido Popular ni de Partido Socialista.

Pero ambos partidos —el PP con su mayoría absoluta en la Cámara y el PSOE en minoría en el Senado, pero gobernando el país— han colocado, de nuevo, el asunto encima de la mesa. Si bien no (o no tanto) el de la reforma, sí el de la reivindicación de la Cámara en el ámbito territorial.

Tal y como ha comprobado Público tras dos conversaciones con el propio Juan Espadas, portavoz socialista en el Senado, y con Antonio Silván, senador popular y portavoz en la Comisión General de las Comunidades Autónomas —la gran apuesta del PP—, las dos formaciones creen que en esta legislatura el Senado deberá jugar un papel preponderante en los territorios y que, para ello, es necesario exprimir al máximo las posibilidades que brinda la Cámara.

No coinciden, en cambio, en cómo hacerlo.

Espadas insiste en la importancia de que la Cámara Alta se diferencie de las funciones del Congreso de los Diputados y que se despoje del título autoimpuesto de "Cámara de segunda lectura". Y eso, para el portavoz, tiene que ver directamente con que el Senado exponencie su influencia en el debate territorial y aporte soluciones. 

De primeras, ve dos vías para hacerlo. La primera —y más de actualidad— es la que tiene que ver con la financiación autonómica. El portavoz cree que el Senado es "el ámbito político" ideal "para tejer acuerdos entre los dos grandes partidos sobre financiación", en una vía paralela a las eventuales reuniones que puedan llegar a mantener Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Alberto Núñez Feijóo, jefe de la oposición. En la que tuvo lugar el viernes 22, no lograron llegar a ningún acuerdo en esta materia.

Sin lugar a dudas, la financiación autonómica será uno de los melones de la legislatura. Y también "una carga" que se hace Juan Espadas. Se refiere a que es un objetivo que se marca, el portavoz, casi a nivel personal: empujar desde la Cámara Alta para alcanzar acuerdos que conduzcan a un nuevo modelo.

"Pero también tiene que ser, el Senado, el espacio del que salgan acuerdos respecto a la gestión de algunas competencias que deberían ser de las comunidades autónomas porque lo prevén sus estatutos y que, hoy por hoy, no lo son". La Cámara Alta, según Espadas, tiene que servir para abundar en el desarrollo del Título VIII de la Constitución, el que regula la organización territorial del Estado.

Para el portavoz, hay una clave. "Demasiadas veces, en los plenos, terminamos solo discutiendo y votando", desliza. Los considera un foro donde cuesta establecer intercambios de ideas realmente productivos. "En cambio, existen otras herramientas, como las ponencias de estudio y los grupos de trabajo, que son verdaderamente útiles". Espadas insiste en que esas herramientas deberían servir, por ejemplo, para estudiar formas de devolver competencias y recursos a la Administración local o para buscar acuerdos en lo referente a la reforma del modelo de financiación.

Para el PP, la mejor prueba del compromiso del partido con el papel territorial del Senado es el gran protagonismo que esta otorgando, en esta legislatura, a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que ya se ha reunido varias veces durante la legislatura y que convocó, a mediados de octubre, a todos los presidentes autonómicos para abordar una ley de amnistía que, por aquel entonces, aún no había iniciado su tramitación parlamentaria. A fecha de 24 de diciembre, ya ha sido tomada en consideración por el Congreso y se encuentra en pleno período de enmiendas.

En cualquier caso, solo acudieron los presidentes autonómicos del PP y el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que se marchó tras pronunciar su discurso. Por tanto, el debate solo fue posible entre los senadores de unos y otros partidos que conforman la comisión. Desde el PP afean la ausencia del PSOE —"Es un ejercicio de responsabilidad participar en todos los foros que se ofrezcan"—, mientras que desde el PSOE niegan la mayor. Es cierto que se habló de financiación, pero no sirvió para alcanzar ningún tipo de compromiso compartido.

Juan Espadas se pregunta, con ironía, si los presidentes populares, además de ir al Senado a poner en cuestión la igualdad entre los ciudadanos tras la investidura de Sánchez, también estarían dispuestos a acudir para "sentarse a hablar" de financiación autonómica. "Lo que pido yo como portavoz del PSOE en el Senado", remata, "es que los senadores autonómicos de todos los partidos, pero especialmente los del PP, trabajen aquí por el diálogo y el acuerdo".

En cualquier caso, el popular Antonio Silván es claro. "Vivimos en un escenario inédito en la democracia española", apunta. Habla de la ley de amnistía. Como Feijóo, considera que es la tesitura "más grave desde el golpe de Estado de 1981". Así que la prioridad, en estos momentos, para la formación es que el Senado ejerza, al límite de sus posibilidades, de "dique de contención".

Lo cual explica la reforma del artículo 133 del Reglamento de la Cámara que impulsaron los populares para asegurarse la potestad de decidir cuándo una iniciativa ha de tramitarse o no por la vía de urgencia a su paso por el Senado. El PSOE ha llevado el caso al Tribunal Constitucional.

En cualquier caso, el foro en el que el PP quiere potenciar el papel territorial del Senado es la Comisión General de las CCAA, donde "se tratan temas territoriales, pero también temas nacionales desde una perspectiva territorial". Silván habla de la Cámara Alta como una institución que tiene "la puerta abierta en dos direcciones: del Senado a las comunidades autónomas y viceversa".

Como Espadas, Antonio Silván también cree hay que hablar de financiación autonómica en el Senado, pero, para el Partido Popular, se encuentra en una escala de importancia muy por debajo de la ley de amnistía. "Senado, como dique de contención a la amnistía", insiste el senador popular. De todas formas, la capacidad de la Cámara en ese sentido es reducida y solo podrá retrasar su aprobación.

La relación del independentismo con el Senado

Sara Bailac, portavoz de Izquierdas por la independencia en el Senado, un grupo que comparten Esquerra Republicana de Catalunya y EH Bildu, resume bien la postura de los partidos independentistas en la Cámara. "Nosotros no avalamos esa idea de que el Senado es la Cámara territorial", explica, también en conversación con Público. No otorgan, por tanto, esa legitimidad a la institución, pero sí tratan de aprovechar las herramientas que tiene para conseguir mejoras para su territorio.

Algo parecido le ocurre al PNV. "Estamos en todas las instituciones donde se toman decisiones que pueden afectar a la ciudadanía vasca", comentan fuentes del partido, "pero si no se respeta la especificidad vasca, consideramos que el Senado no tiene un papel para Euskadi". Para los jeltzales, hacen falta reformas "urgentes" tanto en la composición de la Cámara, como en la elección de los senadores y, por supuesto, en las funciones que tienen.

"Aunque, ahora, con la mayoría popular, todo es muy difícil". Sí reconoce Bailac que, en general, al atraer el Senado menos foco mediático que el Congreso, hay veces que es más sencillo entenderse con partidos adversarios. La ausencia de ruido beneficia al entendimiento.

Sin embargo, senadores de varios partidos denuncian, entre los pasillos de la casa, que convendría no utilizarla constantemente como una trinchera contra la amnistía. Será difícil en la primera mitad de 2024, cuando la ley pasará, a todas luces, del Congreso al Senado, donde el PP dispondrá de dos meses para embarrarla y oponer la mayor resistencia.