La ley de familias del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 tiene bastante complicada su aprobación antes de que acabe octubre, un plazo que el PSOE y Unidas Podemos pactaron para sacarla adelante. Según avanzaron el lunes desde la formación morada, algunos ministerios socialistas estarían pidiendo la rebaja de varios permisos de maternidad y de crianza recogidos en la norma.

Los contenidos de la ley, incluidos todos los permisos, forman parte de un pacto entre ambas formaciones que se alcanzó cuando cerraron los Presupuestos Generales del Estado de 2023, a principios de octubre. 

En ese acuerdo se estableció que la ley de familias se aprobaría con carácter urgente (el PSOE y Unidas Podemos llevaban varios meses negociándola) y se llegó al compromiso de que la norma tendría que estar aprobada en Consejo de Ministros antes de que finalizara el mes de octubre.

Ahora ese compromiso va camino de incumplirse; algunos ministerios socialistas (el Ministerio de Inclusión, en especial) están tratando de reabrir la negociación con Derechos Sociales para rebajar algunos de los permisos comprometidos a principios de mes. Esta situación está retrasando que la norma se lleve al Consejo de Ministros, lo que ha encendido las alarmas en Podemos.

El lunes, Javier Sánchez, portavoz de la formación morada, avanzó que la ley parecía estar "en una situación de bloqueo" y que no se aprobaría en el Consejo de Ministros celebrado este martes (como finalmente ocurrió). En la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, no quiso aclarar si el texto llegaría a estar aprobado en el plazo establecido, pero apuntó a que todavía se celebraría un Consejo de Ministros más en octubre, el próximo lunes (se adelanta un día por el festivo de Todos los Santos).

Sin embargo, según ha podido saber Público, es muy probable que la norma tampoco llegue al último Consejo del mes. Las leyes que emanan del Ejecutivo siguen un proceso antes de acabar en el Consejo de Ministros, la última parada de su tramitación en el Ejecutivo; este proceso incluye que deben pasar por dos órganos que estudian y validan los textos antes de su aprobación definitiva: la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (se suele reunir los lunes) y la Comisión de Secretarios y Subsecretarios de Estado (se suele reunir los jueves).

Rebajas en los permisos

Este lunes la norma no ha ido a la comisión de asuntos económicos y no ha recibido su visto bueno, por lo que prácticamente se descarta que se incluya en el orden del día de la comisión de subsecretarios y secretarios que se celebra el jueves. Sin haber pasado por estos dos órganos, el texto tiene muy pocas posibilidades de llegar al Consejo de Ministros del próximo lunes.

En otras ocasiones, el presidente del Gobierno ha llevado textos al Consejo sin la revisión de estos dos organismos, pero se trata de situaciones muy excepcionales que deben justificar la urgencia de la aprobación de un determinado texto. 

Según avanzó Sánchez el lunes, el Ministerio de Inclusión, dirigido por José Luis Escrivá, rechaza que las madres monoparentales puedan ceder parte de sus permisos a otras personas, como familiares de segundo grado, para compartir esa crianza en las primeras semanas. Esta medida se habría introducido en la ley con el objetivo de que estas madres no fueran discriminadas en el mercado laboral por disfrutar de permisos más largos.

Inclusión también estaría pidiendo, según el portavoz de Podemos, rebajar de siete a cinco días al año el permiso para que cada trabajador pueda cuidar de familiares o convivientes (para acompañar a un familiar al médico o para cuidar de un hijo, por ejemplo).

"Queremos que esta ley salga en sus términos y medidas, y en este punto no nos sirven rebajas. No entenderíamos que se fuera más allá del mes de octubre cuando había un acuerdo para tramitarla junto a los Presupuestos", advirtió el lunes Javier Sánchez. De momento, parece complicado que la norma pueda llegar al último Consejo de Ministros del mes.