La última moratoria forzada este miércoles por Junts, que alarga aún más la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía después del inesperado rechazo del día 30 de enero, tendrá repercusiones político-electorales. Y es que la demora impuesta por el partido de Carles Puigdemont, de más de un mes sobre lo previsto, permitirá al PP retener la ley de amnistía en el Senado y activarla a las puertas de la campaña electoral de las elecciones europeas del 9 de junio.

Puede parecer que la decisión de abrir una nueva prórroga en la Comisión de Justicia del Congreso, para continuar negociando entre el PSOE y Junts el texto definitivo de la ley de amnistía, no tiene una gran importancia dado que hablamos de solo dos semanas de plazo. Pero en la política española cada día cuenta, y más en un año de gran intensidad electoral como es el actual. Y el calendario impuesto por Junts le da al PP una baza que ha puesto en guardia a los socialistas. Porque después de la debacle en las elecciones gallegas, afrontar las elecciones europeas con la aprobación final de la amnistía a las puertas de la campaña electoral o ya entrando en ella, no parece el mejor de los escenarios para el PSOE. Y fuentes socialistas admiten que no es lo que tenían previsto.

Elecciones y amnistía, un calendario diabólico

La nueva prórroga activada en la Comisión de Justicia emplaza la posible aprobación de un texto definitivo, si se agota el último plazo de 15 días como acostumbra a hacer Junts, para el 6 de marzo, ya que el acuerdo debe establecerse antes del 7 de ese mes. Si Junts acepta esta vez el redactado de la ley -en la negociación que mantiene con el PSOE- volvería a votarse en el pleno del Congreso, previsiblemente en el previsto para el 12 de marzo. El PP dispone de dos meses de paralización de la ley en el Senado después de la reforma del reglamento que aprobó con su mayoría absoluta. Eso si no hay algún fleco temporal con alguna argucia jurídica.

En definitiva, el PP podría devolver al Congreso la ley a mediados de mayo después de utilizar la Cámara Alta como altavoz para degastar al PSOE. Y el Congreso debería votar la aprobación final de la ley en el pleno del 21 de mayo, con la posterior publicación en el BOE, a solo dos semanas de las elecciones europeas del 9 de junio. En caso de demora imprevista, la otra opción sería el pleno previsto para el 28 de mayo, pero esta ya queda condicionado y supeditado totalmente por la campaña electoral de las europeas.

Un calendario basado en que Junts finalmente decida aprobar la amnistía. Un escenario en que trabaja la dirección de Junts, tal como ya explicó Público, pero que tratándose de los de Puigdemont no puede darse en ningún momento por asegurado hasta que los votos estén computados de forma favorable. El contrario, que la ley finalmente no se apruebe, es un escenario que los socialistas no se plantean en ningún caso. Aunque admiten que sería un gran revés para el Gobierno de Sánchez, advierten que "si no hay amnistía no tiene por qué decaer la legislatura".

Los socialistas tendrán, de momento, el reto de cobrarse una cierta revancha electoral frente al PP en las elecciones del País Vasco -que todo apunta a que se celebraran en la segunda quincena de abril-, donde los populares tienen mucha menor implantación, y parchear el descalabro gallego. Además, en el País Vasco el tema de la ley de amnistía no parece que tenga un papel nada relevante a jugar. Pero las elecciones europeas, de carácter estatal, tienen un carácter muy diferente, con una pugna frontal entre el PP y el PSOE, y con los de Alberto Núñez Feijóo intentando situar los comicios en clave estatal y no europea. El PP trabaja para transformar las elecciones europeas en un plebiscito frente a los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español que articuló el PSOE con los partidos independentistas catalanes, con la amnistía como eje central.

En este tenso escenario político, que la aprobación definitiva de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados se sitúe a finales de mayo no es un activo para el PSOE, más bien al contrario. Bien diferente es la posición de Junts, que prevé presentar una candidatura a las elecciones europeas encabezada por el propio Carles Puigdemont. Y buscará sacar partido de una aprobación de la ley de amnistía que han forzado al máximo con voluntad de patrimonializarla, y que de aprobarse en plena campaña de las europeas podría beneficiar a los independentistas. "Lucharemos hasta el último minuto para que nadie se quede fuera de la amnistía", asegura un miembro de la dirección de Junts.

Junts calibra las opciones con hermetismo absoluto

La negociación con el PSOE está en muy pocas manos de Junts, con el secretario general, Jordi Turull, y la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, al frente. Y la evidente supervisión de Puigdemont en todo el proceso negociador. El hermetismo es absoluto y no se comparte la información ni con el resto de la Ejecutiva del partido. Pero diputados de Junts consultados apuestan porque finalmente se apruebe la ley de amnistía, aunque no sea totalmente satisfactoria para ellos. La estrategia del in extremis comportaría capitalizar los aspectos positivos y externalizar los negativos, apuntan.

Es decir, que tumbar la amnistía supondría acarrear para Junts toda la responsabilidad de centenares de personas que continuarían enjuiciadas, con unos efectos nefastos incluso con peligro de cárcel. Mientras que aprobarla, aunque sea a regañadientes, permitiría a Junts apuntarse los beneficios para las personas que queden exoneradas judicialmente.

Y a su vez, responsabilizar al PSOE -e incluso a ERC- de aquellos casos que no se puedan incluir en la amnistía "por no haber permitido una ley más ambiciosa como plantea Junts", aseguran. Desde el partido de Puigdemont apuntan que las personas que corren peligro de quedar fuera de la amnistía serían cerca de 30, con Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, al frente. Básicamente agrupadas en las causas por terrorismo y alta traición de Tsunami y Volhov, por parte de los jueces García Castellón y Aguirre.

Prácticamente sin margen de maniobra negociador

Con esta estrategia de Junts sobre la mesa, la gran incógnita continúa siendo cuál es el margen de maniobra en la negociación entre el PSOE y Junts para desbloquear definitivamente la ley de amnistía. Lo que en círculos políticos se llama "la pista de aterrizaje" para que Junts pueda revertir su voto contrario a la amnistía, que en el Gobierno español y en el resto de partidos favorables a la ley se considera "un error".

Por una parte, desde el Ejecutivo español se transmite que no realizarán nuevas concesiones a Junts para lograr un acuerdo sobre la ley y solo contemplan retoques "de materia técnica" siempre que mantengan la constitucionalidad del texto. Pese a que Junts mantiene vivas varias enmiendas para contrarrestar las ofensivas del juez de la Audiencia Nacional Manuel Garcia-Castellón, el Ejecutivo de Sánchez entiende que la ley acordada hasta ahora es plenamente constitucional y debe seguir como está para poder superar los filtros del Tribunal Constitucional y de la justicia europea.

"No nos movemos, nos hemos plantado", apuntaron fuentes del entorno de la Moncloa. Sin embargo, el Ejecutivo estatal se muestra convencido de que habrá ley de amnistía. La portavoz del ejecutivo, Pilar Alegría, ya ha advertido de que lo contrario "no se entendería, sobre todo en Catalunya".

Junts mantiene el pulso y ERC pide celeridad

En cuanto a la otra parte de la negociación, Junts mantiene un total hermetismo. Pero fuentes de la dirección del partido no dan nada por cerrado de momento. Fuentes bien informadas del partido de Puigdemont aseguran que la negociación se centra en modificaciones en el articulado de la ley, y no en compromisos externos al texto de la amnistía, como podría ser la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal u otros temas planteados por el PSOE. Aunque no se descarta un acuerdo que habilite futuras soluciones para la exoneración de aquellos encausados del Procés que queden fuera de la amnistía a causa de las artimañas judiciales de algunos magistrados.

Para Junts, las dos exigencias principales para llegar al acuerdo con el PSOE continúan siendo, por un lado, el perímetro de la amnistía, exigiendo que se garantice que la ley abarque a todos los encausados independentistas del Procés sin excepción. Y por otra parte, la activación inmediata de los efectos de la amnistía una vez aprobada definitivamente la ley. A parte de los dos meses que la ley da a los jueces para la aplicación de la amnistía, la exigencia de Junts choca con la prerrogativa de los jueces a plantear cuestiones prejudiciales a la justicia europea que paralizarían entre seis y ocho meses la aplicación de la amnistía. Junts exige que, en cualquier caso, durante este periodo no se puedan aplicar medidas cautelares de ningún tipo.

Finalmente, desde ERC la portavoz del partido, Raquel Sans, pide "celeridad y responsabilidad" al PSOE y a Junts para aprobar la amnistía. Sans hace un llamamiento para que "no demoren más" la amnistía: "Cuanto más tiempo pase, más riesgos corre la ley", advierte.

Desde ERC insisten en que la amnistía debe aprobarse y aplicarse "lo antes posible", y que "no hay posibilidades mágicas" para que el texto sea más "robusto" de lo que ya es ahora. Hay que tener en cuenta que el 10 de abril está fijado como la fecha para iniciar un nuevo juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya contra algunos altos cargos por su presunta participación en la organización del referéndum del 2017. La mayoría de ellos, importantes dirigentes de Esquerra. Para los republicanos, "si Junts no hubiera tumbado la amnistía el día 30 de enero, este juicio no habría llegado ni a celebrarse", reprochan.