"La renta disponible y el consumo de la población española de más edad dependen fundamentalmente de la generosidad de las pensiones públicas", sostenía hace unas semanas el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en la conferencia sobre "El envejecimiento de la población y las políticas económicas: retos del siglo XXI" que pronunció en la Universidad de Georgetown, en la que, en dos certeras pinceladas, diseccionó la situación financiera de los mayores.

"Las herencias son relativamente cuantiosas en comparación con otros países" y "una parte importante de la riqueza acumulada para la jubilación reviste la forma de inmuebles residenciales", destacó, "mientras que los ahorros para la jubilación mantenidos en fondos de pensiones se encuentran entre los más bajos de los países de la OCDE".

El diagnóstico resulta meridiano: los trabajadores españoles destinan sus ahorros a garantizarse un techo en propiedad mientras se emplean pero pueden permitirse, por lo general, pocas holguras en los últimos años de su vida y siempre en función de los ingresos que les garanticen sus pensiones.

Resultados como los de la última Encuesta de Competencias Financieras del propio Banco de España resultan reveladores en ese sentido cuando señalan que el grupo de población con menor capacidad de ahorro es el de los mayores de 65 años: solo la mitad de ellos pudo guardar algo de dinero en el último año (los datos son de 2021, previos a la ola inflacionista), frente a un ratio del 87% entre los menores de 35 años y otro del 77% de los 35 a los 45, en plena época de crianza.

Más de 300.000 jubilados pasan a cobrar más de 850 euros en dos años

La figura del pensionista pobre, el que recibe menos de los 846,95 euros por paga en los que el INE (Instituto Nacional de Estadística) fija el umbral de la pobreza, resulta más que habitual en España, donde el 42% de quienes reciben pensiones contributivas de jubilación (35%), incapacidad (46%) o viudedad (61%) se encuentran en esa situación.

Son 4,16 millones de pensionistas sobre un total de 9,73, un volumen de personas en situación de escasez que se dispara al 56% si se le añaden los 1,32 millones de perceptores de esos tres tipos de prestaciones cuyos ingresos superan el umbral de la pobreza, pero no llegan al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), situado en 1.080 euros brutos por paga mensual.

Esa situación, que se da con mayor intensidad entre las mujeres por la mayor precariedad de sus ocupaciones frente a las masculinas a lo largo de su vida laboral, ha comenzado a paliarse en los últimos años, en los que se han producido tres subidas consecutivas del 3% y el 8,5%, la mayor de la historia, a las que este año se sumará otra del 3,8%.

El efecto ponderado de esas tres revalorizaciones supone una mejora del 16% entre el final de 2021 y el comienzo de 2024 que, a falta de testar el avance de la última de ellas, ya ha permitido que las prestaciones de más de 300.000 jubilados (144.001), viudas (137.920) y trabajadores incapacitados (23.624) pasaran a situarse por encima del umbral de la pobreza, según indica el cruce de los datos de la Seguridad Social de diciembre de 2023 con los de dos años antes.

Ese es el número de perceptores de prestaciones que en los dos últimos años han "ascendido" al tramo de quienes reciben más de 850 euros por paga, que son, grosso modo, quienes al cierre de 2021 percibían entre 757 y esa cifra por paga, situación que en enero se ampliará a los que entonces cobraban entre 732 y 757.

Equiparar las pensiones al Salario Mínimo Interprofesional

No obstante, el efecto de la mejora podría ser mayor si se observa que entre 2021 y 2023 han causado baja más de 800.000 personas en el bloque de los trabajadores con incapacidad (-91.648), jubilados (-459.296) y viudas (-315.746) cuyas pagas no llegaban a los 800 euros brutos mensuales.

En esos mismos dos años, y mientras la cifra global crecía, el número de pensionistas que reciben menos de mil euros se ha visto reducido en 571.445, incluyendo a los perceptores de prestaciones contributivas de orfandad y de apoyo familiar, y sin descontar el efecto del reemplazo de fallecidos con pensiones de menor cuantía por otros que las reciben mayores.

Sin embargo, las reivindicaciones de los pensionistas apuntan a unos mínimos que siguen lejos de lo que ofrece, pese a los evidentes progresos, el actual sistema: equiparación de la pensión mínima al SMI, aplicación del 100% de la base reguladora del fallecido en las pensiones de viudedad y ampliación del complemento de brecha de género a todas las mujeres con independencia de la fecha de su retiro.

Coespe, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, ha puesto en marcha una recogida de firmas para avalar sus reivindicaciones, que tiene previsto presentar en el Congreso el próximo 23 de febrero.

Esas reclamaciones enlazan directamente con otra de las realidades que pone sobre la mesa la Encuesta de Competencias Financieras del Banco de España: ya en 2021, antes de la ola inflacionista que ha encarecido un 16% el coste de la vida en dos años y medio, a más de la quinta parte (22%) de los hogares de jubilados les sobraba mes al final de la pensión.

Eso, según la misma fuente, llevaba a algo más de la mitad de los afectados a tirar de ahorros, aunque esa opción no era válida para todos: uno de cada cuatro (24%) afectados recurría al préstamo informal de amigos y familiares y uno de cada 10 (10%) tiraba de descubiertos no autorizados en la cuenta bancaria y/o la tarjeta.

La edad de jubilación sube a 66 años y medio

A partir de este año, la edad oficial de jubilación queda fijada en 66 años y medio para quienes tengan una carrera de cotizaciones de menos de 38 años, mientras que se mantiene en los 65 para quienes la hayan alcanzado.

No obstante, la edad real de jubilación, es decir, la media de la edad de quienes acceden al retiro resulta inferior, puesto que llegó hace apenas cuatro meses a los 65 años tras un aumento de un año y 47 días desde que en 2011 fue aprobado el plan para retrasar la oficial a los 67, que culmina dentro de tres años.

No hay hasta la fecha estudios acerca de cómo ese retraso de la edad de jubilación puede afectar a la salud de quienes se retiran y, con ella, a su esperanza de vida, aunque sí hay algunos datos que apuntan más bien a que quizás no sea descartable pronosticar que pueda tener un efecto de recorte en esta y, paralelamente, generar un aumento del gasto sanitario y de cuidados.

Un reciente estudio del Banco de España señala que prácticamente una de cada tres mujeres (62,9%) de 65 a 69 años reporta problemas crónicos y que casi una de cada tres reseña problemas de movilidad (30,1%) y/o síntomas asociados a la depresión (32,1%).

En el caso de los hombres de esa misma edad, esas tasas se van a algo más de la mitad (53,3%) en cuanto a dolencias arraigadas y a uno de cada seis (16,3%) o siete (15,8%) en los ámbitos de la agilidad y de la salud mental, respectivamente.

Todavía no se conocen las normas de cotización que se aplicarán a lo largo de 2024, ya que el periodo de información pública de la orden que las regulará terminó el pasado martes 2 de enero y el texto definitivo no se publicará en el BOE hasta mediados de mes.

El borrador eleva a 4.720,50 euros mensuales la base máxima de cotización, con lo que se araña otro 5% a la parte de los grandes salarios () que sigue quedando exenta de aportar de manera proporcional a su cuantía, una rémora que hurta anualmente 12.000 millones de euros a las arcas públicas.

Y, para los autónomos, las cuotas mensuales se sitúan en una horquilla de 217,64 a 1.397,26 euros que sale de aplicar una tarifa del 29,6% a unas bases que van de los 735,29 a los 4.720,50 y que varían en función de los rendimientos.