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La inflación aboca a los jubilados a seguir perdiendo poder adquisitivo pese la mayor subida de las pensiones en dos décadas

El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, presenta el estreno de las nuevas reglas de revalorización como una "garantía" de certidumbre para la capacidad de compra de unos jubilados, inválidos, viudas y huérfanos que desde la reforma de Rajoy y Báñez acumulan casi dos puntos de empobrecimiento si se toma como referencia la media del IPC.

Escrivá y Rodríguez
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez (d) junto con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (i) durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado este martes en el Palacio de la Moncloa. Fernando Alvarado / EFE

"En el año 2022 se produce un marco de certidumbre sobre la revalorización de las pensiones", remarcó el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, al presentar este martes el decreto aprobado en el Consejo de Ministros con el que por primera vez se aplica el cuarto modelo de revisión de las pensiones en una década, y que establece como referencia para su revisión la media del IPC interanual de los últimos doce meses en noviembre del año anterior.

Ese sistema conlleva una subida del 2,5% para las pensiones contributivas al que se suma otro del 3% para las mínimas, las cuales "estamos actualizando por encima de la inflación, de su subida", insistió el ministro.

Se trata de la revalorización de prestaciones de jubilación, invalidez, orfandad y viudedad de mayor magnitud en dos décadas, desde el 3,9% de 2002 y con permiso únicamente del 3,5% de 2005; porcentaje este último que, en realidad, salía de añadir al 2% decretado para ese año un 1,5% destinado a compensar la desviación por la inflación de 2004.

Esas medidas, acordadas en la Mesa de Diálogo Social e inspiradas en las conclusiones del Pacto de Toledo, tienen como objetivo conseguir "que las pensiones se revaloricen automáticamente para mantener su poder adquisitivo", explicó el ministro, lo que para el año que está comenzando se traduce en una subida de 400 euros para una prestación media a la que se añaden otros 250 de ‘la paguilla’ para corregir el alza de la inflación en 2021.

Sin embargo, ese mantenimiento del poder de compra al que se refería Escrivá tiene algunos rasgos de formalismo administrativo que, aunque obviamente casan con la nueva fórmula acordada que comienza a aplicarse a partir de este año y si bien suponen una mejora frente a un factor de sostenibilidad que habría reducido la subida al 0,25% y frente a un modelo de 2017 con el que la merma del poder de compra habría llegado al 6,7%, hacen que siga sin ser revertido el proceso de empobrecimiento de los perceptores de pensiones iniciado en España con las reformas de 2012, las que iniciaron la década turbulenta de esas prestaciones.

O eso es, al menos, lo que sale de cruzar los datos de las revalorizaciones de las pensiones con la evolución del IPC, ya sea en términos interanuales acumulados en diciembre o en términos de media y, en todo caso, sin obviar que la subida aprobada este martes por el Consejo de Ministros es la de mayor magnitud en dos décadas. 

De hecho, la estimación que menor pérdida de poder adquisitivo arroja para los pensionistas resulta ser aquella cuya referencia y método de revisión coinciden con las que han ido aplicando los gobiernos, opción en la que la merma de la capacidad de compra que refleja la serie no llega a un punto porcentual.

No obstante, llegar a ese resultado requiere un itinerario de cierta complejidad que incluye el IPC interanual de noviembre como referencia hasta 2014 y la aplicación de la media de ese índice entre diciembre y noviembre a partir de ahí y, por otro lado, la alternancia de la subida discrecional hasta 2013 con la aplicación entre 2014 y 2017 del llamado factor de sostenibilidad que limitaba las subidas al 0,25%, su suspensión para retomar la discrecionalidad entre los Presupuestos de 2018 y el cierre de 2021 y, a partir de ahora, la nueva regla.

Los resultados no son tan halagüeños cuando lo que se hace es, simplemente, cotejar ejercicio por ejercicio la subida de las pensiones aplicada al principio de cada año con la evolución del IPC en ese mismo marco temporal: si la referencia es la inflación media, la pérdida alcanza los 1,75 puntos, mientras que si la comparación se realiza con el IPC interanual el descuadre supera los seis puntos.

La estimación se realiza con base en el Panel de Previsiones de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro, en el que veinte centros de estudio y análisis pronostican una horquilla de IPC medio del 1,7% al 3,9% cuya media de consenso se sitúa en el 2,4% (la mediana se dispara al 2,8%), mientras el pronóstico de la interanual para diciembre de 2022 se queda en el 0,6%.

El IPC de diciembre asegura medio punto de subida en 2023

El motivo principal de esos descuadres se encuentra en el vertiginoso ritmo con el que, impulsado por el encarecimiento de la energía y de los alimentos, más si cabe los frescos que los elaborados, está creciendo la inflación, algo que ya asegura algunas consecuencias para las pensiones de 2023: solo el registro del 6,5% interanual de diciembre de 2021 asegura más de medio punto de subida.

"Se trata de garantizar el poder adquisitivo. No se puede traer más seguridad a nuestros pensionistas", indicó Escrivá, quien destacó que "lo que hemos acordado hoy es el cumplimiento de un acuerdo del Pacto de Toledo".

"Este acuerdo es uno de esos acuerdos que justifican toda una legislatura", anotó la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, para quien "pasamos de una reforma de pensiones que congelaba el poder adquisitivo a otra que incrementa los ingresos y da dignidad a las personas que en este país las perciben". Siempre, claro, que previamente se ponga el contador a cero y no se utilicen más indicadores que los que prevé la normativa.

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