"Los ruidos producidos por las cofradías como consecuencia de los ensayos para la Semana Santa de Zaragoza también fueron, como es habitual, motivo de queja por parte de los ciudadanos", reseña la recién publicada memoria anual del Justicia de Aragón, el defensor del pueblo autonómico, que anota cómo los vecinos de distintas zonas de la ciudad "ven como durante unos meses se concentran en determinados espacios los cófrades para su participación en dicho evento" con las consecuencias que concentraciones de ese tipo suelen tener para el descanso.

"Recibimos varias quejas todos los años, aunque son menos de las que generan otras actividades como la hostelería", explican fuentes del Justiciazgo, que incluye ese tipo de conflictos en el apartado de "ocio y espectáculos".

"Se trata de algo complicado, como ocurre con todos los asuntos relacionados con el ruido -anotan las mismas fuentes-. En este caso se trata de conciliar el derecho al descanso de los vecinos con el derecho de los cofrades a participar en la Semana Santa", cuya programación incluye este año 53 procesiones en las que durante diez días sonarán alrededor de 4.000 tambores y bombos.

Sin embargo, las quejas no se centran en el desarrollo de las procesiones sino en sus preparativos y ensayos, que suelen comenzar en torno al mes de enero y que, con duraciones de varias horas, se concentran en los fines de semana y con mayor frecuencia, aunque no solo, en horario matinal.

La normativa europea sobre el ruido

Esa situación se da de manera generalizada en toda la geografía estatal, ya que el uso de tambores y bombos es frecuente en toda ella, aunque en la práctica las quejas por este tipo de molestias no suelen pasar de discusiones de ámbito local en las redes sociales, sin llegar a generar denuncias pese a que existe normativa de ámbito estatal, y a menudo también autonómica y local, sobre los niveles de ruido tolerables. 

Por ejemplo, la reciente Ley de Protección contra la Contaminación Acústica de la Comunitat Valenciana establece en 55 decibelios el nivel tolerable de emisiones sonoras en zonas residenciales durante el día y en 45 el del periodo nocturno y cifra en 40 y 30 el máximo que se puede recibir en las habitaciones y salones de las casas, una escala que calca la de la UE y que contempla sanciones de 60 a 60.000 euros para los infractores en función de si esos límites se superan en menos de seis o más de quince decibelios. 

No obstante, además de reclamar la presencia de las fuerzas de seguridad para que realicen una medición que en su caso pueda dar lugar a una sanción administrativa, existen otras vías como el recurso a instituciones como los ombudsman, relativamente frecuente ante este tipo de conflictos en comunidades como Aragón.

Entre los cometidos del Justicia se encuentra el de supervisar las actuaciones de las administraciones aragonesas y vigilar si en ellas se respetan los derechos de los ciudadanos, para lo que emite recomendaciones y sugerencias (206 el año pasado) que alcanzan un grado de cumplimiento superior al 70%.

En el caso de las molestias vecinales por el ruido que generan los ensayos de las cofradías, explican fuentes del Justiciazgo, "no llegó a realizarse una resolución en sentido estricto", aunque sí se le planteó al ayuntamiento "valorar la posibilidad de establecer nuevos puntos de ubicación para los ensayos" y estudiar la posibilidad de que "se fueran alternando" para intentar "reducir las molestias en un sitio concreto, aún con el riesgo de aumentarlos en otros".

La Justicia propuso entre otras alternativas la de trasladar los ensayos a zonas despobladas, como los polígonos industriales, aunque esa posibilidad no tuvo una acogida positiva por parte de los cofrades, que apelaron a las dificultades que conlleva desplazarse hasta ellos para quienes carecen de coche particular y por la sensación de inseguridad que puede darse cuando anochece, algo que en los primeros meses del año ocurre antes de las seis de la tarde.

¿Los cofrades no pueden ir a un polígono en autobús?

El ayuntamiento, gobernado por una coalición de PP y Cs que sostiene Vox en el pleno, admite "la imposibilidad de lograr una armonización absoluta entre todos los intereses concurrentes" y, mientras apela al "interés general" y a la necesidad de "optar por aquello que redunda en beneficio de todos", se da por satisfecho con intentar, "como así se hace, no perjudicar en exceso a la población residente en las inmediaciones de los lugares donde se celebran los ensayos".

¿Y cuál sería en este caso el interés general según el consistorio zaragozano? "Los ensayos de las agrupaciones de bombos y tambores son imprescindibles para mantener el nivel de interés que genera la Semana Santa de Zaragoza y su carácter de motor turístico y, por lo tanto, económico, de la ciudad", señala en una de sus respuestas al Justicia, en la que también muestra un posicionamiento elitista sobre los usuarios del transporte público.

En este sentido, califica de "difícilmente asumible" la posibilidad de "alejar los ensayos a zonas despobladas" ya que "muchos de los integrantes de estos colectivos son personas que dependen del transporte público para desplazarse hasta los lugares de ensayo" y "obligarles a desplazarse hasta zonas despobladas, polígonos industriales o similares, tendría como consecuencia inmediata la disminución en el número de integrantes con el consiguiente".

Es decir, que según el Ayuntamiento que preside Jorge Azcón el número de tamborileros de las procesiones de la Semana Santa, declarada fiesta de interés turístico internacional en 2014, iba a sufrir una súbita merma si una parte de ellos se viera obligado a utilizar las mismas líneas de transporte público que miles de trabajadores usan a diario para desplazarse a esos mismos polígonos en los que se ganan la vida.

No obstante, el consistorio asegura que "en los últimos años" ha realizado "acciones tendentes a compatibilizar la necesaria preparación de los actos con el derecho al descanso de los vecinos" como "reducir días y horarios de ensayo" e intentar "alejar estas ubicaciones (de los preparativos) de zonas pobladas".