El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) será el encargado de juzgar la rama Fitur del caso Gürtel, en cumplimiento del acuerdo adoptado este martes por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Dicho acuerdo establece que es el auto de apertura de juicio oral el que determina la imposibilidad de una renuncia del aforamiento con efectos procesales.

Con este criterio será resuelto en los próximos días el recurso planteado por la Fiscalía Anticorrupción tras la renuncia a sus escaños de las diputadas autonómicas Angélica Such y Milagrosa Martínez, procesadas en el caso Fitur.

La resolución sirve para establecer un criterio general sobre a quién compete un asunto cuando un aforado renuncia a esta figura y si su enjuiciamiento pasa a ser visto por un tribunal inferior o no y a partir de qué momento. En la actualidad, los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo se ocupan de conocer las causas contra las personas aforadas, como diputados, magistrados o miembros del Gobierno.

Mediante este acuerdo, y a partir de este momento, los aforados ante el propio Supremo o los TSJ no tendrán opción a renunciar a su fuero una vez que se haya dictado auto de apertura de juicio oral contra ellos, según ha informado el alto tribunal.

Los principales datos de la pieza del caso Gürtel sobre las contrataciones de la Generalitat con la empresa Orange Market para el pabellón valenciano en la feria Fitur de Madrid entre 2005 y 2009, que el Supremo ha decidido hoy que debe juzgar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), son los siguientes:

- QUÉ INVESTIGA:

La tercera de las seis piezas separadas sobre la supuesta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) investiga la posible prevaricación y cohecho en la contratación de la Generalitat con Orange Market, empresa de la red Gürtel, para el montaje del pabellón valenciano en la feria Fitur de Madrid entre 2005 y 2009, en la etapa de gobierno de Francisco Camps. En concreto, se analizan las adjudicaciones de la Agencia Valenciana de Turismo (entidad pública de la Generalitat) de los contratos sobre la construcción, montaje y desmontaje del expositor de la Comunidad Valenciana en la feria turística Fitur a Orange Market, empresa encargada de 'la mayor parte' de actos del PPCV.

Según la investigación, hay indicios de que el grupo mercantil se aprovechó de las relaciones personales de sus gestores con las máximas autoridades del Gobierno valenciano para lograr esas adjudicaciones, a pesar de que sus ofertas eran las más caras y de que no reunían las condiciones técnicas y económicas necesarias. La Fiscalía estima que el importe total facturado a la Generalitat por la trama Gürtel en 'esta irregular actividad contractual' supera los 5 millones de euros, mientras que los responsables de la trama obtuvieron 'ilícitos beneficios' por duplicidades de pago o sobrecostes de, al menos, 298.380 euros.

- CUÁL ES EL ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN:

La causa sobre la supuesta financiación irregular del PPCV tiene su origen en la investigación iniciada en febrero de 2009 por el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre una supuesta trama de corrupción ligada presuntamente a cargos del PP, que operaba principalmente en Madrid y Valencia, la operación 'Gürtel'. En mayo de 2011, el TSJCV aceptó la causa que hasta entonces había instruido el TSJ madrileño tras remitirla la Audiencia Nacional por haber aforados de su asamblea, y la dividió en tres piezas, a las que en febrero de 2013 se sumaron tres piezas más. Esta es la primera pieza sobre la que se dictó apertura de juicio oral, que iba a comenzar el pasado 31 de marzo en el TSJCV, si bien la dimisiónpocos días antes como diputadas autonómicas de las dos exconselleras de Turismo procesadas, Milagrosa Martínez y Angélica Such, llevó al TSJCV a considerar que no era competente y que debía juzgarlo la Audiencia de Valencia. La Fiscalía Anticorrupción recurrió esa decisión ante el Supremo, que hoy ha dictaminado que es el TSJCV el que debe juzgar esta causa.

- LOS PROCESADOS:

Hay trece personas procesadas en el caso, siete por sus responsabilidades en la Administración autonómica (dos exconselleras de Turismo y cinco empleados públicos) y seis de empresas de la trama Gürtel, entre los que figuran los presuntos cabecillas. Supuestamente, de forma concertada con la trama, los responsables y técnicos de la Conselleria de Turismo encargados de redactar los pliegos y emitir informes a la mesa de contratación permitieron esas adjudicaciones y pagos con la intención de favorecer a Orange Market y otras sociedades vinculadas. La Fiscalía pide penas que van desde los siete años de inhabilitación hasta los once años de prisión.

- De la Conselleria de Turismo los procesados son:

Juan Bover: jefe del servicio de infraestructuras turísticas.

- De empresas de la trama Gürtel, los imputados son: