MADRID.- Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha pedido al juez central de instrucción 4, Fernando Andreu, que retire el pasaporte al exvicepresidente económico Rodrigo Rato y le prohíba salir de España tras haberse conocido que Hacienda investiga un "complejo entramado societario familiar" después de que se acogiera a la amnistía fiscal en 2012.

Este partido ejerce la acusación popular en el caso Bankia y reconoce que Andreu no sería el competente para investigar la trama familiar y el supuesto origen irregular del dinero traído a España.

Ahora bien, UPyD defiende que estos hechos que se investigan son "relevantes" para el sumario de Bankia, dentro del cual Rato es investigado por la salida a bolsa de la entidad, sus gastos con la tarjeta black y el cobro de 6,2 millones por parte del banco Lazard, que casualmente se encargó de la salida a bolsa de Bankia. Rato trabajó previamente para Lazard, cuyo presidente, Jaime Castellanos, ha declarado en el juzgado que todos sus ingresos fueron liquidados antes de que llegara a Bankia.

UPyD reclama al juez que requiera al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) un informe sobre la situación actual de esta investigación y otro a la Policía Judicial – a través de la UDYCO- sobre su situación patrimonial, incluyendo todos sus bienes, sociedades y cuentas existentes en el extranjero.

En su escrito, la formación expone los numerosos viajes que Rato ha realizado en los últimos meses a Ginebra. Entre estos viajes, destaca el realizado el 23 de octubre de 2014, un día después de que depositara un aval del Banco de Sabadell para hacer frente a la fianza de tres millones de euros que le había impuesto el juez Andreu por su responsabilidad en el escándalo de las tarjetas opacas.

UpYD argumenta que resulta ineludible adoptar medidas cautelares sobre Rato en el sumario de Bankia por un principio de “mínima prudencia”. Expone que el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional está imputado "por graves delitos de índole societario y patrimonial", por lo que no considera razonable que "pueda viajar libremente por todo el mundo", máxime cuando "existen sospechas más que fundadas" de que dispone de "patrimonio o bienes en sociedades offshore".

"Y no ya solo por la existencia de un riesgo de fuga, sino por la posibilidad de ocultamiento o distracción de un patrimonio que ha de servir para hacer frente a la eventual responsabilidad civil derivada de los delitos investigados", expone el escrito.

En el escrito, se hace eco de las informaciones periodísticas que aseguran que Rato forma parte del grupo de 705 contribuyentes que están siendo investigados por el Sepblac por indicios de blanqueo y que posee, desde finales de 2013, el 75 % de una sociedad con conexiones en Gibraltar y las Islas Vírgenes.