La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) pide al Gobierno de España reforzar las políticas de memoria en el Estado ante las llamadas leyes de concordia que promueven los gobiernos autonómicos del PP y Vox. Así lo han registrado este miércoles en una reclamación oficial.

Las leyes de concordia ponen límites a los derechos de las víctimas del franquismo y limpian la imagen de la dictadura, según denuncia la asociación en un comunicado. Además, añaden que estas normas validan a quienes se beneficiaron "de su violencia política y de su corrupción económica".

En el escrito presentado ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la organización lamenta que "las víctimas del franquismo se encuentran todavía desamparadas". Aunque el Gobierno central elevará al Tribunal Constitucional la legislación de los gobiernos conservadores, ARMH considera que el debate no cristaliza en medidas reales.

La ARMH defiende la apertura de investigaciones judiciales, condenas y reparaciones. Sin embargo, considera que estos procedimientos son imposibles con la legislación vigente tanto del Estado como de las comunidades autónomas.

Las víctimas del franquismo continúan desatendidas

"Mientras se producen esos debates las víctimas del franquismo siguen desatendidas y muriendo sin que las instituciones de la democracia en la que viven hayan garantizado sus derechos", destacan desde la organización. "La inexistencia de una institución que atienda a las víctimas del franquismo es una forma de revictimizarlas", afirman.

En concreto, la asociación exige la creación urgente de una institución que atienda a las víctimas de la dictadura. "A día de hoy, no tienen un lugar físico al que asistir en el que exigirle al Gobierno sus derechos, ser escuchadas y sentirse cuidadas por las instituciones democráticas", apuntan.

Además, denuncian que se utiliza la palabra 'víctima' en los debates políticos sin "asociarla a derechos básicos de quienes sufrieron violaciones de derechos humanos durante el franquismo".

El presidente de ARMH, Emilio Silva, califica de incomprensible "que las familias de los desaparecidos por la represión franquista no tengan una oficina en las que ser atendidas, cuidadas y donde se garanticen sus derechos".

"En cinco años las políticas de memoria han estado en tres ministerios distintos, como si no existiera un criterio firme y es hora, en el año 2024, de poner todos los medios para que las víctimas accedan a sus derechos", concluye.