VALENCIA/MADRID.- El informe de los detectives de la agencia Distrito 46 sobre el ex president de la Generalitat valenciana José Luis Olivas, que en 2011 le atribuía siete millones de dólares en cuentas suizas, también detalla su trayectoria profesional así como sus vínculos societarios y patrimoniales a lo largo de sus más de 100 páginas. En esta última categoría destacan poderosamente las viviendas que Olivas acumuló en su periplo como número uno de Bancaja y Banco de Valencia, ambas quebradas, por cuya gestión está imputado y a las que accedió tras pasar dos décadas en diferentes puestos del Govern.

Dicha documentación, a la que ha tenido acceso Público en exclusiva, refleja que Olivas y su mujer compraron a tocateja una vivienda de lujo en una de las calles más prestigiosas de Valencia en 2011. Entonces Olivas llevaba ocho años como banquero y se había encargado de someter dos de las tres principales entidades financieras valencianas a los designios del Partido Popular gracias a las leyes que él mismo había preparado en su etapa como político. Esta maniobra contribuyó al saqueo de las arcas de la comunidad valenciana, proceso por el cual su partido acumula más de 100 ex cargos públicos imputados; entre ellos el propio Olivas, investigado por corrupción en cuatro causas distintas.

La vivienda se encuentra en la Gran Vía Marqués del Turia y en sus 259 metros cuadrados comprende un dormitorio principal con baño privado y vestidor, tres dormitorios de invitados y otro para el servicio, biblioteca, despacho, terraza acristalada y terraza exterior, etc. Además, la investigación de los detectives destapa que el matrimonio adquirió dos plazas de garaje en esta codiciada zona de la capital valenciana tampoco pesan cargas hipotecarias, al igual que en la caso de la residencia. El valor estimado de este piso y sus plazas de garaje rondan a fecha de hoy el millón de euros. Se da la circunstancia que la compra de este piso se realizó en plena crisis de Bancaja y Banco de Valencia y siete meses antes de ambas entidades fueran intervenidas por el Banco de España, realizando sendas inyecciones de capital por importes superiores a los 3.000 millones de euros para garantizar los depósitos de los clientes. El mismo día que el Banco de España se vio obligado a entrar en las entidades que Olivas había presidido, este fue cesado como vicepresidente de Bankia. 

Extracto del informe criminológico sobre José Luis Olivas que refleja el registro de sus propiedades.

Pero hay más. Seis años antes, cuando Olivas apenas había pasado año y medio al frente de Bancaja, depositó en efectivo 100.000 de los 360.303 euros de la compra de un apartamento de 106 metros cuadrados en la localidad pirenaica de Vielha. Capital de La Vall d'Aran, Vielha es una de las zonas más cotizadas entre los amantes del esquí, lo que dispara los precios de su mercado inmobiliario. Según el informe criminológico, cuya existencia se encargaron de confrimar los propios bogados de Olivas, sobre este inmueble recae una hipoteca de 256.456 euros a 20 años euros concedida en primera instancia por Caja del Mediterráneo (CAM). Esta entidad, ya liquidada y también valenciana, pasó a formar parte del Banco Sabadell por un euro después de que recibiera 5.249 millones de euros en ayudas del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). 

Olivas y su mujer poseen además otros cuatro inmuebles, según la documentación recopilada por los detectives. Uno de 130 metros cuadrados en la turística Xàbia, comprado en 1993 cuando él era concejal de Hacienda del PP en el Ayuntamiento de Valencia, con Rita Barberá de alcaldesa. El resto de sus posesiones inmobiliarias se encuentran en la capital del Turia: un piso de 176 metros cuadrados comprado en 1997, ya como conseller de Economía de Zaplana, y otro en 2001 (de 100 metros cuadrados); a los que habría que sumar la primera vivienda del matrimonio, previa a su etapa como político, comprado en 1978 y de 109 metros cuadrados. 

Vínculos societarios

Otro aspecto relevante del informe económico elaborado por los detectives hace mención a los vínculos con sociedades mercantiles, tanto personales como familiares, de José Luis Olivas. En él se relacionan los cargos que ocupó en sociedades anónimas, a la vez que era presidente de Bancaja, Banco de Valencia y vicepresidente de BFA, matriz de Bankia. Entre ellas destaca Imarol SL, domiciliada en su propia residencia de Valencia. Olivas y su mujer figuran como administradores mancomunados y el descubrimiento de sus actividades sacó a la luz otros asuntos que acabarían los tribunales.

Olivas administraba una empresa de asesoramiento y gestión de intereses privados meses después de dejar la Generalitat y a la vez que presidía Bancaja, Banco de Valencia y Bankia

El ex president de la Generalitat y su mujer Mercedes Álvarez crearon Imarol, aún activa, el 3 de diciembre de 2003. La compañía se creó por tanto 48 días antes de que el ex president de la Generalitat atravesara la puerta giratoria y fuera nombrado presidente de Bancaja. El objeto social de Imarol SL es la prestación de servicios y asesoramiento en gestiones diversas, así como la emisión de dictámenes en el ámbito jurídico, tributario, fiscal, económico laboral y empresarial. De máximo mandatario del gobierno autonómico valenciano Olivas pasó a presidente de una de las cajas de ahorros protagonistas del desfalco financiero que derivó en el rescate de la banca española, a la vez que asesoraba a intereses privados sobre cuestiones con las que estaba directamente relacionado.

El que se podría denominar como “su mejor cliente” no tardaría en llegar. Ni más ni menos que Vicente Cotino, “el sobrinísimo”, de Juan Cotino, el ex presidente de les Corts Valencianes que protagonizó los episodios más tristes, oscuros y sórdidos de los últimos 20 años de la política valenciana. Olivas y el sobrino de Cotino, presidente de Sedesa, se encuentran imputados por el juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, que mantiene abiertas diligencias por un presunto delito de fraude contra la Hacienda Pública, a instancias de la Agencia Tributaria. 

Los hechos denunciados se remontan a 2008. La querella deriva de la intermediación que Olivas prestó a través de Imarol para que Vicente Cotino se desprendiera del 25% de las acciones que Sedesa tenía en invertidos en Proyectos Eólicos Valencianos. Vicente Cotino pagó a Imarol medio millón de euros por la gestión y la empresa de Olivas emitió una factura que el empresario usó para desgravarse la cantidad supuestamente defraudada. El entonces presidente de Bancaja la usó para justificar el ingreso del dinero. De acuerdo con esta información, el fraude supuestamente cometido por el empresario sería de 170.000 euros. Pocas fechas después de esta operación la sociedad de Olivas y su mujer elevó el capital social de la empresa hasta los 639.200 euros.