Publicado: 14.03.2016 16:16 |Actualizado: 14.03.2016 16:16

Amenazas contra la juez que investiga al líder del PSOE gallego

Pilar de Lara instruye, entre otras, la mayor causa contra la corrupción política en Galicia (Pokémon) y ha imputado a Gómez Besteiro en otros dos casos. La magistrada y su familia sufren seguimientos, amenazas y presiones desde hace años.

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De Lara portada

Imagen de la pintada que apareció el pasado viernes en la fachada de una calle de Lugo, de cuyo Juzgado de Instrucción número 1 Pilar de Lara es titular. PÚBLICO

LUGO.- La semana pasada aparecieron en la fachada de un edificio de Lugo pintadas contra la "xueza" ("Saf okupa putas a casa da xueza", no necesariamente por este orden). Un mensaje confuso, que según fuentes de la investigación consultadas por este diario, apunta a dos textos superpuestos, uno de ellos que supone la parte de amenaza y que se leería en castellano (el original está en gallego) Putas a la casa de la jueza, en línea con pintadas anteriores dirigidas a la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, o su entorno.

De Lara

Imagen de otra pintada contra la jueza Pilar de Lara aparecida en un garaje de Lugo en 2011.

El marido de la magistrada fue también objetivo de este tipo de ataques en lugares públicos, cuando apareció en otra calle de Lugo la pintada "Lara dile a Roberto [nombre del marido de la juez] que pague en el club de putas". Este texto se relacionó entonces con la investigación de la operación Carioca que instruyó De Lara sobre corrupción y proxenetismo en Lugo y en el que estaban implicados políticos, empresarios, policías y guardias civiles.



La magistrada hizo alusión a estos ataques en su declaración como testigo en 2015 de los seguimientos que sufrió su hermano en su lugar de residencia, en Asturias [ver imagen inferior] por parte de un vehículo perteneciente a la "flota oficial de la Policía", según el servicio de información que entonces tenía asignado De Lara. 

De Lara escrito

Imagen de un extracto del texto de la declaración como testigo de Pilar de Lara sobre los seguimientos que sufrió su hermano en su lugar de residencia, Asturias. PÚBLICO

La magistrada lucense, que ha declinado hacer declaraciones a Público,y su hija han llevado protección policial durante los meses que la intimidación pública era más constante. Desde 2012, la juez Pilar de Lara instruye la mayor causa de corrupción en Galicia, la operación Pokémon en la que están imputados políticos y cargos públicos de PP, PSOE y BNG, entre otros, así como empresarios, funcionarios y trabajadores públicos.

El 'factor Besteiro'

Estos días, sin embargo, De Lara es noticia por la imputación en seis delitos en el marco de la operación Pulpo al secretario general del PSOE gallego (PSdeG), Xosé Ramón Gómez Besteiro, que se ha visto obligado a abandonar su candidatura a la Presidencia de la Xunta de Galicia para las elecciones de este año. Besteiro mantiene su cargo orgánico al frente de los socialistas gallegos, pese a las protestas desde el partido en Andalucía.

Besteiro está imputado por hasta diez delitos en la 'operación Pulpo' y el 'caso Garañón'

El número uno del PSdeG ya estaba imputado asimismo por De Lara en el caso Garañón por la presunta compra ilegal de un piso durante su etapa de exedil de Urbanismo en Lugo. Por esta operación está asimismo investigado (término que sustituye a "imputado" en la nueva ley de Enjuiciamiento Criminal) el exalcalde de Lugo, Xosé López Orozco (PSdeG)

Besteiro fue noticia, asimismo, a principios de año, cuando De Lara acusó a su abogado de intentar coaccionarla para que no investigara al líder de los socialistas gallegos, un hecho que adelantó Público y que incluyó la publicación de un correo electrónico donde Cándido Conde-Pumpido, hijo del exfiscal general del Estado y magistrado del Tribunal Supremo, apelaba a sus influencias para ayudarla si se retiraba del caso.

Según publicó ABC el mes pasado, además, el abogado de Besteiro "ha blanqueado 1.091.892,75 euros de los negocios de prostitución del grupo criminal desarticulado en la operación Pompeya el pasado verano", tal y como consta, según el periódico, "en informes de inteligencia financiera remitidos al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu".