La Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Cádiz ha aplazado este miércoles el juicio contra las cuatro personas que, en 2017, urdieron una trama para silenciar a Juan Clavero, un histórico ecologista de Andalucía que estaba luchando por la protección de los caminos públicos en la Sierra de Grazalema. La decisión se ha tomado por la muerte de uno de los abogados de los acusados. 

Los cuatro acusados, vinculados a una empresa local, consiguieron colocar en el vehículo del conservacionista 47 gramos de cocaína para intentar que fuera detenido por tráfico de drogas. 

Clavero, de hecho, llegó a ser detenido el 26 de agosto de 2017 en la localidad de El Bosque, cuando una dotación de la Guardia Civil encontró la droga en su furgoneta.

La detención, que tuvo una gran repercusión mediática, apenas duró unas horas, ya que el Juzgado de Ubrique anuló la imputación al encontrar pruebas y testigos que acreditaban que la droga no era suya y que había sido puesta por varias personas.

Las pesquisas de la Guardia Civil apuntaron desde un primer momento a la Sociedad Breña del Agua, un negocio del empresario belga Marnix Galle, el mayor propietario de fincas dentro del parque natural de Grazalema. Clavero tuvo varios roces con este negocio debido al cierre de caminos públicos y vías pecuarias que discurren por sus fincas. 

Tras la puesta en libertad de Clavero y la aportación de pruebas, el magistrado imputó como presuntos autores de la trama a José Miguel Herrera, apoderado de la sociedad, a Juan Luis Pérez Ramírez y Óscar González, capataces de la empresa, y a Manuel Alcaide, la persona encargada presuntamente de colocar la droga en la furgoneta. 

La Fiscalía ha solicitado para los cuatro acusados una multa de 12.000 euros y una indemnización de 20.000 euros a la víctima. Además, se les acusa de un delito de denuncia falsa y se exponen a penas de un año y medio de prisión.

Clavero y Ecologistas en Acción han solicitado que se aumenten las penas por denuncia falsa hasta los dos años de prisión por el agravante de alevosía y que se imponga una multa de 14.400 euros. Además, piden cuatro años de prisión por delito de provocación y conspiración para la detención ilegal, un año de prisión por pertenencia a grupo criminal y otros 7.200 euros por simulación de delitos. 

En cuanto a la indemnización, Clavero solicita 50.000 euros por daños morales y otros 20.000 euros para Ecologistas en Acción, organización cuya reputación fue puesta en entredicho a raíz de la trama.