Amnistía Internacional (AI) ha manifestado su preocupación por la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que ha absuelto por prescripción de los delitos al doctor Eduardo Vela, de 85 años, a pesar de considerar que cometió el robo de una recién nacida en 1969.

En un comunicado Amnistía Internacional recuerda que la resolución, pese a considerar acreditado que el doctor Vela cometió la sustracción de Inés Madrigal cuando apenas tenías unos días de vida, establece que la acción penal ha prescrito.

La Audiencia de Madrid considera al doctor Vela responsable de todos los delitos -detención ilegal, suposición de parto cometidos por facultativo y falsedad en documento oficial- pero le absuelve al determinar que el inicio de la prescripción comenzó en 1987, cuando la denunciante, Inés Madrigal, cumplió la mayoría de edad, y terminó 10 años después.

"Lamentamos la interpretación errónea que hace la Audiencia sobre la prescripción en este caso, considerando que la mayoría de edad automáticamente acaba con los efectos de la sustracción ilegal", señala Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional en España.

Añade que "como han señalado algunos organismos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, los efectos de este tipo de delitos solo cesan cuando se descubre la verdad sobre la identidad y se garantiza a las víctimas la posibilidad legal y real de restablecer su verdadera identidad y en su caso los lazos familiares". "En el presente caso estos extremos no se han garantizado aún", asegura Daniel Canales.

AI destaca que "la Fiscalía General, que ya ha anunciado su voluntad de recurrir la sentencia, estableció en 2012 que en estos casos los plazos de prescripción no deberían comenzar a correr hasta el momento en el que la persona conozca su verdadera identidad, entendiendo que mientras el delito sigue desplegando sus efectos con independencia de que haya alcanzado la mayoría de edad".

Esta organización comenta que ha manifestado con anterioridad que las investigaciones en España sobre bebés robados no han dado resultados satisfactorios "al abordar estos casos como aislados y descartar desde un primer momento la posibilidad de que pudieran responder a una trama generalizada a nivel nacional desoyendo de esta forma recomendaciones de la ONU".

En este sentido señala que de las al menos 2.074 diligencias de investigación iniciadas por la Fiscalía desde 2011 éste es el primer caso que ha llegado a juicio.

AI recuerda que trasladó al Parlamento la necesidad de medidas destinadas a la búsqueda e identificación de personas víctimas del robo de bebés, entre otras, adoptar un instrumento de coordinación y canalización de búsqueda y una base de datos centralizada que integre muestras genéticas de todos los casos que hayan sido denunciados y de las víctimas y familiares que así lo deseen.