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'Operación Enredadera' Pasan a disposición judicial los primeros detenidos por la trama de los semáforos

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha informado de que de los casi "cincuenta detenidos" en la operación, una decena pasarán este miércoles a disposición judicial y otros cinco lo harán mañana, jueves.

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La Policia Nacional en la puerta de la empresa Aplicaciones Gespol, eb Barcelona. CCMA

Varios de los detenidos en la operación policial —llamada Enredadera— contra la trama acusada de amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico en varios ayuntamientos de España han empezado a pasar a disposición judicial. En Catalunya, dos responsables de la empresa Gespol, el jefe de la policía local de Tiana (Barcelona) y un informático del Ayuntamiento de Mollet del Vallès (Barcelona) ya lo han hecho. 

Según han informado fuentes de la investigación, estos cuatro detenidos en Catalunya, que han pasado la noche en la comisaría de la Policía Nacional en La Verneda de Barcelona, han sido trasladados ya a los juzgados de Badalona (Barcelona), donde pasarán esta mañana a disposición del titular del juzgado de instrucción número 2, que mantiene el caso bajo secreto.

Ante el juez ha comparecido ya el alcalde de Arroyomolinos (Madrid), Carlos Ruipérez, quien ha quedado en libertad con cargos, tras ser detenido e interrogado ayer por la Policía Nacional.

Esta mañana el regidor se encontraba trabajando en su defensa y deberá tomar alguna decisión después de haber sido suspendido de militancia por parte de su partido, Ciudadanos, aunque descartan que comparezca en rueda de prensa.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha informado de que de los casi "cincuenta detenidos" en la operación, que se llevó a cabo ayer, martes, en Barcelona, Gijón, León, Málaga, Madrid, Huesca, Oviedo, Zaragoza, Teruel y Valladolid, una decena pasarán este miércoles a disposición judicial y otros cinco lo harán mañana, jueves.

Entre los detenidos que está previsto que pasen en las próximas horas a disposición judicial figura el jefe de la policía local de Fuenlabrada y el empresario José Luis Ulibarri, considerado el cabecilla de la trama.

Por otra parte, la coordinadora general de IU en León, Eloina Terrón, ha anunciado  que la coalición se personará en la causa judicial abierta por la Operación Enredadera contra la corrupción municipal para tener acceso a la información y saber "qué es lo que está pasando".

En rueda de prensa, Terrón ha reclamado la dimisión de todos los cargos públicos investigados en esta causa y que se celebren plenos en los ayuntamientos supuestamente afectados por la trama en la provincia (León, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Astorga y Villarejo de Órbigo) para que se den explicaciones a los ciudadanos.

Además, la concejala de León en Común en el Ayuntamiento de León, Victoria Rodríguez, ha señalado que le parece "gravísimo" que el empresario leonés José Luis Ulibarri, "que controla importantes medios de comunicación en la provincia aparezca como el cabecilla de la trama".

En la operación de ayer se practicaron 55 registros en ayuntamientos, domicilios y sociedades vinculadas con esta supuesta trama, a la que se investiga por los delitos de prevaricación administrativa, fraude en la administración pública, malversación, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, falsedad documental, cohecho, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal.

Los hechos presuntamente delictivos, que salpican a ayuntamientos gobernados por el PP, el PSOE y Ciudadanos, se remontan a 2012 y 2013, cuando supuestamente se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, dedicada al mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial.

Los investigadores sospechan que se manipulaban los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con finalidad solo recaudatoria.

La empresa pagaba presuntamente comisiones a los cargos públicos y también a los policías locales.

Además de manipular los contratos para que Gespol fuera la beneficiaria de la instalación de los radares, las fuentes consultadas han indicado que otra de las operativas usadas era inflar el precio de estos contratos de manera desproporcionada.