A Berta Cáceres la mataron por defender la tierra, el doctor Mukewe salvó por poco la vida, amenazado por luchar contra la violación como arma de guerra, comunidades en Tailandia, en Colombia, en Honduras… sufren a diario amenazas por su lucha en defensa del medioambiente, de la libertad o de sus derechos.

Todos estos activistas contribuyen con su trabajo a hacer de este un mundo mejor y en su lucha ponen en juego su vida. Por eso, la Unión Europea lanzó hace un año puso en marcha ProtectDefenders.eu, un mecanismo mediante el cual la UE facilita asistencia a defensores y organizaciones de derechos humanos que se encuentran amenazados.

La Unión, la Federación Internacional por los Derechos Humanos o Protección Internacional, entre otras organizaciones, reflexionaron durante los Días Europeos del Desarrollo sobre cómo avanzar en la salvaguarda de estas personas, que contribuyen a la lucha por la paz, contra la pobreza o el cambio climático en todo el mundo.

Lucha de los derechos humanos,¿un factor de desarrollo?

Anne-Shopie Shaeffer dirige el programa Euro-Mediterráneo de la Fundación para el Apoyo a Defensores de los Derechos Humanos. Según Shaeffer, aunque no existe “una única bala” para acabar con la pobreza extrema, “está sobradamente demostrado que la pobreza se ve exacerbada por el mal gobierno y la privación de libertades y derechos”. Dado que la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está enteramente ligada a la capacidad de los gobiernos de aplicarla y estos implican el respeto a los derechos humanos, parece evidente que un buen gobierno es clave en su implementación. Además, la necesidad de instituciones fuertes es clave en el desarrollo pero que estas sean responsables de sus políticas, también. Por eso, que la sociedad civil pueda ejercer como guardián del buen gobierno es necesario y para ello, los derechos humanos y quienes los defienden deben ser respetados.

Anne-Shopie Shaeffer entiende que los activistas de derechos humanos son al mismo tiempo “guardianes” pero también “vehículos de cambio” porque al tiempo que luchan por los derechos de los marginados, cubren los servicios que el Estado les niega. Shaeffer aborda en particular el caso de Egipto. Un país que ha sufrido una deterioración de la situación de los derechos humanos brutal, tras la llegada al poder Abdelfatah Al-Sisi, que ha tenido como consecuencia un aumento también importante de la pobreza y la desigualdad. Shaeffer denuncia que la situación, lejos de mejorar, amenaza con agravarse en los próximos meses tras la aprobación por parte del gobierno de “la peor ley sobre ONG que hemos visto en años”. Según la directora del programa Euro-Mediterráneo de la Fundación para el Apoyo a Defensores de los Derechos Humanos, dicha ley implica que “al menos 47.000 organizaciones trabajando en diferentes sectores, humanitario, desarrollo, internacional o local, van a cerrar”. Anne-Sophie Shaeffer insiste en que el gobierno no puede hacer frente a todos los desafíos y necesita de estas organizaciones para abordarlos: “No vamos a llevar estabilidad, seguridad y desarrollo a estos países sin el principal aliado, el pilar del desarrollo sostenible: la sociedad civil”.

¿A qué tipo de riesgos se enfrentan los activistas?

Liliana De Marco es directora ejecutiva de Protección Internacional. De Marco insiste en que no se trata de incidentes aislados, un gran número de defensores de los derechos humanos en todo el mundo se enfrentan a amenazas muy similares: criminalización, ataques contra su reputación, amenazas, asaltos y en el peor de los casos, asesinato.

La directora de Protección Internacional pone a modo de ejemplo el caso de Berta Cáceres. Cáceres, líder indígena y activista en defensa del mediambiente, fue asesinada en su propia casa el pasado año. La activista estaba inmersa en la lucha contra un proyecto hidroeléctrico con financiación internacional, también de empresas europeas, y había sufrido numerosas amenazas. De Marco considera el caso de Berta Cánceres particularmente simbólico porque Cáceres formaba parte de la categoría de activistas que Protección Internacional describe como “de perfil alto”, es decir, reconocida internacionalmente y con una buena red de contactos. Y aunque esto en teoría es una garantía de seguridad, para Berta Cáceres no fue suficiente. Según De Marco, citando un informe de Global Watch, solo en Honduras “entre 2010 y 2016, 123 activistas trabajando en asuntos relacionados con el medioambiente y la tierra”, directamente relacionados con el trabajo por los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Pero el de Berta Cáceres no es el único caso de un activista de reconocido prestigio violentamente amenazado. El Doctor Denis Mukwege, candidato al Nobel de la Paz y ganador de varios premios por su defensa de los derechos humanos, ha sufrido un intento de asesinato y constantes amenazas. Mukwege dedica su vida a reconstruir física y emocionalmente a mujeres que han sufrido la brutal violencia sexual ejercida de manera sistemática en la República Democrática del Congo. Su lucha contra la violación como arma de guerra y por el empoderamiento de la mujer le ha valido no pocos enemigos a lo largo y ancho del país. Y la lucha por la igualdad de género es también la lucha por el desarrollo.

Qué está y qué no está haciendo la UE por los activistas

En diciembre de 2015, la Comisión Europea lanzó ‘ProtectDefenders.eu’, un mecanismo que dedica 15 millones de euros hasta 2018 a asistir de defensores de los derechos humanos amenazados, que se suma al Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos.

Para Sarah Renaldi, jefa adjunta de la Unidad de Derechos Humanos, Género y Gobernanza Democrática de la Dirección General para la Cooperación Internacional y el Desarrollo, no existe dicotomía alguna en la lucha por los derechos humanos y el trabajo hacia un desarrollo sostenible. Según Rinaldi, estos activistas “no luchan solo por derechos políticos o civiles, como se cree comúnmente, sino que la mayoría de ellos trabajan y luchan por derechos económicos y sociales”. Por eso la Comisión considera que es fundamental reconocer el trabajado de los defensores de estos derechos en los ámbitos del medioambiente, el cambio climático o las comunidades indígenas, claves en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre los proyectos que ‘ProtectDefenders.eu’ apoya está el que lidera Lorena Neira en Colombia. Neira es miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en el Norte de Antioquia donde gracias a los fondos europeos la organización ha podido desarrollar un sistema de protección para campesinos y activistas amenazados.

El proyecto organiza por un lado formaciones para crear grupos de autodefensa frente a la violencia ejercida en la región por parte de grupos paramilitares por un lado y por otro, la construcción de refugios para personas que se encuentran en situación de alto riesgo. Lorena Neira pide a la Unión Europea que acompañe el proceso de paz en Colombia que ponga de una vez por todas fin a la violencia: “No queremos seguir contando más muertos”.

Sarah Renaldi destaca que la UE no solo trabaja en el apoyo directo a activistas y organizaciones sino también en la promoción de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos a través de acuerdos bilaterales. Algo que, sin embargo, fue fuertemente criticado desde el público. Varios de los intervinientes destacaron que la política de la Unión contrasta con los acuerdos de migración con países que violan constantemente los derechos humanos, como Eritrea, Afganistán o Turquía o la dificultad de acceso a vías legales a los demandantes de asilo. El público insistió además en que la asistencia a activistas en terceros países será un mero parche si la defensa de los derechos humanos no se convierte en el centro de toda política exterior de la UE, ya sea de cooperación al desarrollo, humanitaria, migratoria o comercial. Renaldi quiso aclarar que la armonización lleva tiempo y la Unión está trabajando en ello.