El Ayuntamiento de Fraga (Huesca), gobernado por el PP, ha eludido durante casi mes y medio y en plena pandemia de coronavirus poner en marcha un albergue comunitario que permitiera acceder a un techo y a unas medidas mínimas de higiene al más de medio centenar de temporeros que desde mediados de abril comenzaron a llegar a la ciudad con la intención de trabajar en la campaña de la fruta y que han estado viviendo a la intemperie.

El albergue, ubicado en el pabellón del Sotet, abrió finalmente este miércoles con capacidad para atender a 50 personas sin techo, aunque estaba disponible para ese uso desde el 13 de mayo.

La situación de Fraga es similar a la vivida en la cercana ciudad de Lleida, otra de las capitales fruteras del noreste de España, en las que la presencia de temporeros con y sin 'papeles' que viven en la calle se repite, año tras año, desde hace varias décadas.

Aunque también existe alguna diferencia que, en este caso, resulta esencial: Fraga es la capital del Baix Cinca/Bajo Cinca, una de las cuatro comarcas aragonesas para las que el Gobierno autonómico ha ordenado el retroceso a la fase dos de la desescalada tras registrarse varios brotes de coronavirus cuyo origen se encuentra en varias explotaciones e industrias frutícolas.

Se sitúa, por detrás de Monzón y a mucha distancia de otras como Binéfar o Caspe, como la segunda localidad más poblada de las cuatro comarcas afectadas por los brotes de coronavirus y, de ellas, la que mayor actividad agrícola registra. Y también es, según informó El Mundo, donde reside el primer positivo, localizado el 16 de junio en un empleado de una empresa de Zaidín, que llevó a detectar el brote de la zona frutera.

El primer positivo y la partida presupuestaria

Fue en esa misma fecha, curiosamente, cuando el consistorio activó los resortes administrativos para habilitar la partida presupuestaria con la que ha entrado en servicio el albergue, para cuya disposición pidió autorización a la comunidad autónoma el 16 de junio.

En los últimos seis días (del 19 al 24), los servicios sanitarios del Gobierno de Aragón han detectado 150 contagios en el Bajo Cinca, el Cinca Medio y la Litera, la práctica totalidad de ellos asintomáticos y vinculados a focos relacionados con la campaña de la fruta, y otros 26 de corte similar en el Bajo Aragón de Caspe, donde el miércoles no fue localizado ninguno.

"Paradójicamente, la carga del hospital de Barbastro, el que cubre las primeras tres comarcas, se ha reducido a la mitad al pasar de siete hospitalizados por covid-19 (uno de ellos en la UCI) el viernes a cuatro, con uno en cuidados intensivos, el martes."

Un mes para pedir un permiso que nunca fue necesario

El albergue de Fraga, que abrió finalmente sus puertas este miércoles en el pabellón municipal del Sotet, dispone de cincuenta camas y será gestionado por Cruz Roja mediante un convenio por el que recibirá una subvención de 150.000 euros del consistorio. Arrancó con 29 usuarios.

La organización agraria UAGA ya había llamado la atención sobre esa situación a finales de abril en la Mesa de la Fruta, uno de los órganos de coordinación de la campaña agrícola. A primeros de mayo, la Guardia Civil identificaba a 26 temporeros sin techo que vivían junto a la estación de autobuses, informó El Periódico de Aragón. Y el 30 de mayo, el pabellón Cortes de Aragón quedaba habilitado como Espacio Covid-19 "para aislar personas que hayan dado positivo por coronavirus, no necesiten ingreso hospitalario alguno y no puedan aislarse en sus respectivos domicilios".

Parecía evidente la percepción de un riesgo sanitario vinculado con la campaña de la fruta y la afluencia de temporeros sin alojamiento a Fraga, pero estos, y a pesar de que su número iba creciendo conforma avanzaba la campaña, seguían viviendo a la intemperie en plena pandemia.

Y lo hacían en el tramo final de una primavera que ha resultado anormalmente fría y con lluvias inusualmente intensas: la temperatura media de junio fue de 17,5º y ha llovido en 21 de los últimos 30 días, en los que, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), cayeron 145 litros en una lugar donde apenas se superan los 400 anuales.

Esa situación de sinhogarismo se prolongaría durante casi otro mes mientras el Ayuntamiento de Fraga, presidido por la conservadora Carmen Costa, ponía en escena una extraña maniobra en la que comenzaba apelando a la negativa de la comarca a hacerse cargo del albergue, cuando carece de competencias sobre alojamientos, para anunciar el 11 de junio que iba a solicitar a la comunidad autónoma una autorización específica, de la que aseguraba carecer y no corresponderle, para poder asumirlo.

Un mes para pedir un permiso que nunca fue necesario

Pero las cosas no tenían por qué haber sido así en la práctica, ya que la atención a las personas en riesgo de exclusión social y la protección de la salubridad pública es competencia de los ayuntamientos desde 1985, en una medida de la Ley de Bases de Régimen Local que en el caso de Aragón se encuentra reforzada por otras normas de 2009 y 2011.

Es decir, que la autorización del Gobierno de Aragón para abrir el albergue, que estaba listo para empezar a acoger a temporeros sin techo desde el 13 de mayo, seis semanas antes de su apertura, no era para nada necesaria, tal y como deja clara la respuesta de la Consejería de Servicios Sociales al Ayuntamiento fragatino, que terminó poniéndolo en marcha el 24 de junio, dos días después de haber regresado a la fase dos.

La actuación del Ayuntamiento de Fraga, que tardó más de un mes en pedir un permiso que no necesitaba mientras los temporeros seguían a la intemperie, no parece vinculada a motivos económicos sino de otro cariz, ya que el consistorio, presidido por el socialista Miguel Luis Lapeña hasta hace apenas un año, presenta una robusta salud financiera.

El informe por el que el Gobierno de Aragón autoriza al Ayuntamiento de Fraga a formalizar el convenio con Cruz Roja y darle una subvención de 150.000 euros para que esta se haga cargo del albergue de temporeros, permiso que no fue solicitado hasta el 16 de junio, recoge que dispone de un remanente de 7,9 millones de euros tras cerrar 2019 con un superávit de 1,87, carece de deuda viva y tiene una capacidad de financiación de 1,67, por lo que podía acometer ese gasto sin ningún problema.