Médicos de Atención Primaria y farmacéuticos han pedido, de nuevo, la venta sin receta de ciertas píldoras anticonceptivas de uso regular.  Desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (Sefac) reiteran que la anticoncepción de sólo gestágenos es "muy segura", e insisten en que facilitar su acceso sin prescripción "ayudaría a reducir los 88.000 abortos anuales que hay en España".

Los anticonceptivos orales son los segundos más utilizados por la población femenina (18%), solo por detrás del preservativo, que eligen el 31% de las mujeres, según la Sociedad Española de Contracepción (SEC). En concreto, este grupo de sanitarios ha abogado por la dispensación sin receta de anticonceptivos femeninos de desogestrel 75 microgramos, tras las jornadas que han celebrado en conjunto entre el 23 y 24 de junio.

La norma que regula bajo un criterio unificado el suministro de fármacos a los pacientes es el Real Decreto 1718/2010, donde se establece que "la prescripción de los medicamentos y demás productos incluidos en la prestación farmacéutica se ha de realizar en el correspondiente modelo oficial de receta del Sistema Nacional de Salud".

Sin embargo, este grupo de profesionales considera que liberar el acceso de las mujeres a estas píldoras "sólo puede tener ventajas". Según ellos, se ayudaría a mitigar el colapso en los centros de salud. Por otra parte, la Semergen y la Sefac ponen de relieve la fiabilidad de los anticonceptivos sólo gestágenos. Muestra de ello es, han explicado, que "se comercializan en nuestro país desde hace casi treinta años".

Asimismo, médicos y farmacéuticos parecen convencidos de que "un acceso sencillo de las mujeres a este anticonceptivo sería muy importante para evitar embarazos no deseados", así como el número de abortos. Una visión que se apoya en las valoraciones esgrimidas desde los Comités de Evaluación de Medicamentos sin receta de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que han suscrito prescindir de las recetas en estos casos, tras considerar los beneficios de esta decisión "superan a los riesgos".

Ambas organizaciones sanitarias han señalado que la anticoncepción, lejos de ser un problema de salud o una patología, "es un derecho que tiene la mujer para planificar su salud sexual y reproductiva". Por lo que "no debería verse a priori como un criterio de tratamiento médico", sino que, siguiendo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los farmacéuticos "pueden asesorar de manera eficiente a las mujeres para el uso seguro" de esta píldora, tal como sucede ya con la anticoncepción de urgencia.

En otro orden de las cosas, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps), que es la entidad encargada de decidir si esto sale adelante, todavía no lo tiene tan claro y ha planteado una serie de cuestiones relacionadas, sobre todo, con los efectos adversos de esta clase de medicamentos. 

También a la doctora María Natalia Valles, médico de familia en Castilla-La Mancha, le surgen algunas dudas al respecto y recuerda la cantidad de información útil y necesaria que pueden perderse los usuarios si no son valorados por un médico antes de empezar a tomar la píldora o, simplemente, para cambiar, si así lo deciden, de método anticonceptivo; ya que existen otros como el implante, el anillo vaginal o el DIU.

"Toda medicación que se reciba, requiere una educación. Por ejemplo, en los primeros y los últimos años de fertilidad conviene usar un preservativo, una segunda barrera, quizás esto no lo va a saber todo el mundo si no se lo dice un médico", ha expresado.

"No es solamente hacer una receta, sino que es necesaria una evaluación general del paciente. Los efectos adversos que pueden tener estas pastillas, si son adecuadas o no según el historial médico de cada cual por sus efectos secundarios podría ser lo suficientemente importante como para necesitar consejo médico", ha remarcado Valles.

Además, pone en duda el argumento que sostiene que se reducirían los abortos ya que la liberalización de la píldora del día después, no ha implicado una reducción especialmente significativa.