El Phyllosticta citricarpa es un minúsculo hongo más conocido por las siglas CBS (Citric Black Spot) o mancha negra, por las marcas de este color que deja en la piel de naranjas y mandarinas. Es una plaga especialmente presente en Sudáfrica, aunque con los años se ha ido extendiendo a diferentes lugares del mundo. En Europa no ha llegado nunca, pero la sola posibilidad que esto pase le quita el sueño a muchos citricultors. "El problema es que la mancha negra no tiene ningún control conocido –explica Carles Peris, secretario general de la Unió de Llauradors- y, si bien no afecta la calidad de la fruta, afecta mucho el aspecto, con unas manchas negras que la hacen inviable para la venta en fresco".

La CBS es la que se conoce como "plaga de cuarentena", por el que su extensión a Europa podría suponer un auténtico desastre. "Aquí estamos especializados en la fruta que se comercializa en fresco, por lo que la mancha negra nos obligaría a reconvertirnos para el zumo, un cambio con costes muy elevados para el agricultor, pero también para el consumidor, puesto que el suministro de naranjas tal como lo conocemos hasta ahora cambiaría dramáticamente", continúa Peris. Cuando se hace referencia a la "producción europea", se habla en realidad de muy pocos países –como Italia, Grecia o Chipre- de los cuales el España concentra el 57% de los campos. Y dentro de este, el País Valencià es el responsable de un 56,2% de la producción citrícola. En los últimos años, los cultivadores de naranjas valencianos –la mayoría propietarios de pequeñas explotaciones- han ido viendo como se los acumulaba crisis tras crisis. La situación ha llegado a un punto en que ya se han encendido las luces de alerta sobre el futuro de la citricultura valenciana, sobre todo después de la desastrosa campaña del 2018, cuando miles de toneladas de naranja se quedaron a los árboles porque el precio no cubría los costes de cosecharla.

Más control europeos

Hasta el momento, la Unión Europea ha hecho oídos sordos a las peticiones de las organizaciones agrarias de un control más estricto de las importaciones, con una unificación de criterios aduaneros en todo Europa, la obligatoriedad del tratamiento en frío de toda la fruta o las auditorías en origen para detectar las plagas antes de que lleguen a puertos europeos.

Para justificar sus demandas, Peris recuerda que "en los últimos años han entrado hasta seis plagas, cuatro de ellas provenientes de Sudáfrica, precisamente por la carencia de controles". De estas, la que más dolores de cabeza genera a los citricultores es el delottococcus aberiae o cotonet de Suráfrica, una cotxinilla denominada así por su aspecto, similar al de una borla de algodón. Desde que el 2009 se detectó por primera vez en el Baix Maestrat (Castelló), se ha extendido con rapidez, provocando importantes pérdidas de producción a causa de las malformaciones que provoca en la fruta.

La prohibición, por motivos medioambientales y de salud, de uno de los principales insecticidas que se empleaban para combatirlo lo ha puesto todavía más difícil a los agricultores. A pesar de todo, Peris es optimista y calcula que en dos o tres años se podría "reducir la incidencia hasta el nivel en que ya no sea un problema gracias a armas biológicas", como la diseminación de un parásito que reduce la procreación del cotonet. Pero desde la Unió de Llauradors recuerdan "el gran coste que estas plagas suponen para los productores y para la administración". Solo en el combate de la mosca de la fruta, la Consellería de Agricultura ya ha dedicado ocho millones de euros en ayudas.

Responsabilidad y reciprocidad en el libre comercio

Los cítricos sudafricanos no solo vienen acompañados de plagas. También se han detectado rastros de pesticidas prohibidos por la Unión Europea pero legales a otros países, como la carbendazima (prohibida en Europa desde el 2016) o el propiconazol, vetado desde el pasado marzo. En este sentido, Mireia Mollà, consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, denunciaba recientemente en un acto con citricultores "el doble rasero de la normativa europea en materia de calidad agroalimentaria" y ha pedido al ministerio de Agricultura que presione a Europa para "imponer fórmulas de reciprocidad comercial que igualen las exigencias fitosanitarias".

Carles Peris va incluso más allá y denuncia "el descontrol del libre comercio que beneficia las multinacionales agroalimentarias". Para la Unió de Llauradors haría falta una mayor responsabilidad en las normas de este comercio y la unificación de los criterios de pesticidas a escala mundial, así como  –en un momento de emergencia climática- la congelación de las importaciones en temporada de cítricos a Europa, teniendo en cuenta que el continente es autosuficiente en estas frutas. Desde el sindicato han calculado que cada vaso de zumo de naranja importado –llega básicamente del Brasil- supone un coste ambiental de 17 gramos de CO2.

Hoy por hoy, los grandes importadores están ganando la batalla en Bruselas, donde nada indica que las peticiones de los pequeños agricultores sean escuchadas. "Los partidos mayoritarios españoles están lejos de entender el problema –se lamenta Peris- y todavía hacen una lectura proteccionista de cualquier medida que limita el libre comercio. Nosotros queremos desligarnos de este discurso, pero este comercio tiene que funcionar con las mismas reglas para todo el mundo".