Las acusaciones personadas en el llamado caso del chivatazo, Dignidad y Justicia y la Asociación Víctimas del Terrorismo, se han opuesto al archivo de las actuaciones propuesto por la Fiscalía, y solicitan al juez Baltasar Garzón que ordene a la Guardia Civil encargarse de la investigación sobre quién avisó al propietario del bar Faisán, de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosua, de que estaba bajo vigilancia policial en una operación contra el aparato de extorsión de ETA.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el pasado 1 de octubre el sobreseimiento provisional de la causa, al entender que no existen datos para determinar la autoría de la delación, pese a las diligencias realizadas.

Por su parte, Dignidad y Justicia defiende que existen "indicios más que de sobra" para investigar al menos a los tres mandos policiales que se encuentran imputados en la causa: el ex director de la Policía Víctor García Hidalgo, un responsable policial del País Vasco y un inspector de la provincia de Álava, informa Europa Press.

La petición de las acusaciones personadas se produce un día después de que visionaran un vídeo que muestra la entrada al bar Faisán, el 4 de mayo de 2006, día en el que se ha fechado la filtración.

Según Dignidad y Justicia, la grabación es "poco esclarecedora" y tiene dos cortes de tres minutos y 16 segundos, respectivamente, que, en su opinión, afectan a un momento "clave" de la investigación.

El de 16 segundos está dentro del margen horario e el que, según el informe de la Fiscalía, pudo producirse la filtración (entre las 11.10 y las 12.00 horas). Por eso la asociación solicita a Garzón que cite a declarar a "todo aquel funcionario policial que tuviera encomendada la función de llevar a cabo dicha grabación (...), puesto que se trataba del único dispositivo de vídeo que se había dispuesto por parte del equipo operativo ese día para controlar los movimientos de Joseba Elosua".