El Ministerio del Interior y las compañías de telefonía móvil que operan en España han llegado a un acuerdo el sábado para ampliar seis meses el plazo que tienen los clientes de móviles de prepago para identificarse sin perder su número, cuando el lunes dejen de funcionar los terminales no registrados.

A partir del 9 de noviembre dejarán de funcionar las tarjetas prepago compradas antes del 9 de noviembre de 2007, cuando entró en vigor la ley que obliga a las operadoras de telefonía a tener un registro de los números prepago por si un juez solicitara los datos en investigaciones de delitos graves.

"Cuando el usuario quiera activar su teléfono se va a encontrar con que no tiene servicio, pero sí un aviso de la operadora que le dice: 'Si quiere recuperar el servicio, durante seis meses, vaya, identifíquese y a partir de ese momento lo recuperará con la misma línea y por tanto el mismo número", dijo el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras una reunión en Madrid.

Los operadores temían perder clientes si Interior no hubiese permitido la moratoria puesto que quedan unos cuatro millones de líneas sin identificar, según la asociación Redtel, frente a los 15 millones que estimaban en marzo, cuando comenzó una campaña para informar a los usuarios.

"Sabíamos que existían millones de tarjetas prepago que se tenían que identificar si no contábamos con la colaboración de los usuarios. Esas líneas se iban a desactivar, y por tanto para los operadores es una pérdida de clientes", dijo a TVE Maite Arcos, directora general de Redtel, la asociación que agrupa a las principales empresas del sector: ONO, Orange, Telefónica y Vodafone.

La ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones se ideó después de los atentados del 11 de marzo de 2004 contra varios trenes de Cercanías en Madrid, en los que se utilizaron móviles de prepago para activar los explosivos, que causaron 191 víctimas mortales y unos 2.000 heridos.

Los usuarios pueden identificarse en los puntos de venta de las operadoras, aportando su DNI, pasaporte o tarjeta de identidad de extranjeros, mientras que las empresas deberán aportar la tarjeta de identificación fiscal.