La futura Ley andaluza de Muerte Digna, la primera que regulará la muerte sin dolor en España, no sólo no permitirá la objeción de conciencia a los médicos, sino que ampliará, además, la definición de enfermo en situación terminal o de agonía. El texto, cuyo dictamen final votará hoy la Comisión de Salud, incluirá específicamente a las personas con "enfermedades graves e irreversibles", como exigían la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) e IU en una de sus enmiendas más peliagudas, según confirmaron ayer IU y PSOE.

Según explica Fernando Marín, presidente de DMD en Madrid, este matiz permitirá que pacientes con enfermedades degenerativas, en estado vegetativo o, por ejemplo, enfermos avanzados de alzhéimer que ya no reconocen a nadie y son absolutamente dependientes puedan rechazar tratamientos que no les benefician y sólo añaden dolor, como la alimentación por sonda o algún soporte vital. La futura ley amparará, por tanto, casos como el de la italiana Eluana Englaro o el de Inmaculada Echevarría, una mujer con distrofia muscular desde los 11 años que tuvo que ser trasladada desde un hospital privado a uno público para poder ser desenchufada del respirador que la mantenía con vida.

El PSOE descarta regular la objeción, como exigían el PP y los obispos

Este caso fue precisamente uno de los principales motivos que llevó a los socialistas a elaborar la norma andaluza, que recupera ahora este matiz previamente incluido en el anteproyecto, pero excluido del proyecto.

Con la incorporación de esta enmienda, la ley de obligado cumplimiento en todos los centros, incluidos los religiosos no deja ningún margen de dudas. La importancia de este apartado, según IU, radica en que, en muchos casos, la terminalidad de un paciente depende del médico. No obstante, la eutanasia y el suicidio asistido, tipificados como delitos en el Código Penal, quedan fuera de la norma.

Buenas prácticas

Los conservadores se resisten a apoyar la ley, pero tampoco la rechazan

Lo que también ha quedado fuera de cualquier negociación es la objeción de conciencia. El PSOE, impulsor de la ley, se ha mostrado inflexible ante las diversas enmiendas presentadas por el PP encaminadas en esa dirección. "No cabe objetar cuando lo que estamos regulando son buenas prácticas; nuestra postura, en ese sentido, es inamovible", asegura la diputada socialista Rosa Ríos, ponente de la ley. La consejera de Salud, María Jesús Montero, siempre ha mantenido esa postura, apoyada, además, en que debe regularse en el marco estatal.

Sin embargo, desde el anuncio de la norma, la objeción ha sido una constante reclamada por varios colectivos, entre ellos el Consejo de Colegios de Médicos de Andalucía, cuya comisión deontológica ha calificado recientemente la selección genética, también avalada por una ley, como una práctica "al servicio de la violencia". A ellos se han sumado esta semana los obispos, que han pedido también la regulación de la objeción "ante la dificultad de discernir en algunos casos".

De hecho, no sólo consideran que la futura norma puede favorecer la "eutanasia encubierta", sino que rechazan incluso que a los pacientes en coma o en estado vegetativo se les retire la hidratación y la alimentación, como en el caso de Eluana. Algo que, contradictoriamente, en el testamento vital de la Conferencia Episcopal no se especifica.

"El PP tiene ocasión de desligarse de la Iglesia", dice Mariscal, de IU

La ambigüedad del PP

El PP, hasta el momento, se ha resistido a apoyar la ley, pero tampoco ha manifestado un rechazo explícito. "No sabemos aún cuál será nuestro voto ni qué enmiendas nos aceptarán", resume Ana Corredera, vocal del PP en la comisión.

IU, que avisó de que votaría en contra de la ley si permitía la objeción, pide valentía a los conservadores: "El PP tiene una estupenda oportunidad de demostrar que sus servidumbres eclesiales forman parte del pasado apoyando una ley que desarrolla un derecho social y ciudadano contemplado en el estatuto de autonomía que ellos apoyaron", explica José Manuel Mariscal, portavoz de Salud de IU.

Entre otras cuestiones, el PP ha pedido en sus enmiendas que los médicos objetores no puedan ser sancionados. La futura ley remite a las sanciones previstas en la Ley General de Sanidad para quien incumpla la norma. IU solicitó que se incluyeran sanciones específicas como una garantía, pero el PSOE no acepta esa enmienda e insiste, además, en que los centros tendrán que garantizar su cumplimiento.

Otra solicitud del PP que los socialistas consideran incongruente es la que pretende limitar las habitaciones individuales para los pacientes en situación terminal a la sanidad pública. La futura ley extenderá la intimidad a todos los centros.

Difusión: una norma para pacientes y médicos

‘Caso Leganés'

La futura norma, además de garantizar el derecho de los pacientes a una muerte digna, también ofrecerá respaldo jurídico a los facultativos y evitará arbitrariedades como las que sufrieron los médicos del hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), encabezados por el doctor Luis Montes.

Saber cómo se muere

"Me gustaría que el testamento vital fuese tan conocido como la gripe A", dijo el doctor Montes en la presentación de las enmiendas de IU. El PSOE también ha aceptado la inclusión de una disposición que obligue a la Consejería de Salud a dar la máxima difusión a la ley.

Eutanasia

Tanto Izquierda Unida como la asociación Derecho a Morir Dignamente insisten, no obstante, en la necesidad de regular "de una vez por todas" la eutanasia en España.