El ruinoso producto no lo compraron ni bancos ni fondos de inversión ni SICAV ni aseguradoras ni cooperativas de crédito ni otros profesionales de las finanzas. El 98,9% de los 3.000 millones de euros en participaciones preferentes emitidos en 2009 por Cajamadrid se colocaron a "familias" (como la entidad denomina a todos los clientes minoristas), y el restante 1,1% a pequeñas empresas no financieras.

Así figura en una documentación entregada este jueves al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu por la plataforma 15MpaRato, que ejerce la acusación en la causa abierta para investigar la comercialización de las preferentes. La acusación señala que los documentos les llegaron en un sobre de forma anónima, por lo que han pedido al magistrado que se dirija a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que certifique su veracidad. En los papeles aportados figura el logo de Cajamadrid y también el de la CNMV.

En caso de ser adverado por el organismo regulador, 15MpaRato considera que será un documento esencial para probar que hubo un plan para el fraude masivo de miles de clientes, mediante la transformación de sus ahorros en fondos de la entidad. Y que se evitó su comercialización entre profesionales y bancos, pese a que la ley del mercado de valores protege especialmente, al menos sobre el papel, a los clientes minoristas. 

En el escrito remitido por esta acusación se adjunta un documento denominado 'Cuadros de Difusión'  que, según el colectivo, "parece haber sido elaborado" el 7 de julio de 2009, día de de cierre de colocación del producto 'Participaciones Preferentes Perpetuas serie II de Caja Madrid'.

Este documento, que la entidad financiera habría enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), reflejaría, según la acusación, que Caja Madrid habría vendido en "el mercado español" un total de 28.859.019 participaciones preferentes serie II a 78.090 personas, empresas o instituciones, en la mayor emisión del producto que se llevó a cabo en nuestro país. El resto, poco más de 140.000 euros, fueron colocados en el "mercado extranjero" o a "no residentes".

De las preferentes vendidas en España, según este documento, 28.175.329 fueron adquiridas por un total de 77.197 familias, mientras que 1.583.190 se las quedaron pequeñas y medianas empresas. Es decir, que como los títulos costaban 100 euros, se colocaron a clienes minoristas un total de 2.817 millones de euros. Los lugares donde hubo más venta fueron Madrid, Toledo, Catalunya y Andalucía.

Según el colectivo, la documentación aportada al juez instructor revelaría también que "ninguna institución financiera" adquirió preferentes ni tampoco el Banco de España. "En cuanto a bancos, cero bancos han adquirido preferentes. Lo cual es curioso porque los bancos suelen tener acciones de otros bancos. Y las preferentes eran como acciones", señala el escrito.

El documento interno de Caja Madrid apunta que la entidad no colocó este producto a cooperativas de crédito, fondos de garantía o de inversión, SICAV, entidades gestoras o agencias de valores o aseguradoras, fondos de pensiones o de previsión social. "O no consiguieron vendérselas o directamente ni se atrevieron", dice.

La conclusión de esta parte es que ningún inversor profesional adquirió preferentes y que casi dos centenares de miles de pequeños consumidores habituales, "confiados o forzados", se hicieron con preferentes y obligaciones subordinadas.

A su juicio, los indicios acumulados en la causa demostrarían que "un grupo de personas, de forma organizada y utilizando la reputación de una empresa", decidieron "salvar su mala situación económica" utilizando "todo tipo de artificios contables" para que la empresa que utilizaran como imagen y garantía apareciera "ante los ojos de terceros no expertos como una empresa sólida y con ganancias".

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite cuatro querellas contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, seis exconsejeros de la entidad y otros ocho altos cargos de este banco y de Bancaja, a los que aún no ha imputado formalmente.

En sus autos, que han sido recurridos por la Fiscalía ante la Sala de lo Penal, el juez inicia la investigación por los delitos de estafa, maquinación para alterar el precio de las cosas, publicidad engañosa y omisión del deber de denunciar delito.

Documentos Caja Madrid 15 m Para To by publico2013