Dicen que el Gobierno les debe dinero y que sin éste no pueden aplicar la Ley de Dependencia. Seis comunidades gobernadas por el PP se reunieron este lunes en Valencia, sobre todo, para reivindicar a la Administración central que se rasque más el bolsillo. Según concluyeron, el Gobierno es el único responsable de las dificultades para que la ley avance. “Ha incumplido” sus compromisos, aseguraron.

Los Consejeros de Castilla y León, Murcia, La Rioja, Comunitat Valenciana, Madrid y Canarias tiraron de la cuerda hasta denunciar que la Administración central les debe 100 millones de euros. “Ello supone que también tenemos que asumir esas cantidades con fondos propios, hasta que nos llega la aportación”, aseguró el anfitrión del encuentro, el conseller de Bienestar Social, Juan Cotino.

La cantidad que las comunidades aseguran les adeuda el Gobierno corresponde, según aclaran fuentes de la conselleria valenciana, a la partida que el pasado mes de julio acordaron el Ministerio y las comunidades en el Consejo Territorial. La ministra Mercedes Cabrera se comprometió entonces a abonar a las comunidades a lo largo de 2008 poco más de 241 millones de euros; y según denunciaron ayer las comunidades, sólo han recibido unos 140.

Los 100 millones de diferencia corresponden al llamado nivel acordado, la partida presupuestaria independiente a la determinada de forma automática por el número de beneficiarios en cada comunidad. “Las familias y las comunidades estamos asumiendo el 80% del coste de las prestaciones”, se quejó Cotino. “El Ministerio no sólo no ha avanzado en el desarrollo de la aplicación de la ley sino que ha dejado de cumplir sus compromisos”, insistió.

En mayo, León acogió una reunión similar , cuyas conclusiones fueron trasladadas al Ministerio.

Las autonomías reunidas en Valencia también denunciaron que el Gobierno ha recortado 115 millones de euros en diversas partidas destinadas a política social. Tienen la vista fijada en la reunión de hoy en Madrid, entre técnicos del Ministerio y de las autonomías, en la que se deberá avanzar en los acuerdos sobre el copago (cuánto debe aportar el beneficiario al sistema) y la acreditación de servicios. Dos puntos clave de la norma que, un año y medio después de su entrada en vigor, aún están por definir.

También de la falta de acuerdo acusaron al Gobierno, cuyo papel en el Consejo Territorial –el órgano que toma decisiones– es, no obstante, el de mediador. La dificultad de acuerdo deriva de la diversidad de modelos preexistentes a la ley en las 17 comunidades.

El Ministerio de Educación y Política Social ha venido rehuyendo las últimas semanas las quejas –por parte de regiones gobernadas por PP y PSOE– de que el dinero que se destina a la Dependencia es insuficiente. No quería entrar en polémica. Ayer, respondió a las acusaciones de las regiones gobernadas por el PP, a través de un comunicado, en el que defendía su compromiso para mejorar la aplicación de la Ley. El Ministerio recordó que para 2008 ha destinado 871 millones de euros a la implantación de la Ley de Dependencia, un 118% más que en el ejercicio anterior. Además, los Presupuestos para 2009 aumentan un 33% la cantidad de este año, hasta alcanzar los 1.158 millones. Por partidas, hasta final de septiembre, ha destinado a las comunidades 382 millones a la financiación automática por beneficiario de la Dependencia. La partida acordada para 2008, de 241 millones, incrementa en un 9,5% la del año anterior.