El Consejo General del Poder Judicial ha encomendado al Servicio de Inspección que realice un seguimiento continuo de los Juzgados especializados en Ejecutorias penales y de los de lo Penal ordinarios con competencias en esta materia al registrar unos niveles de pendencia "por encima de lo deseable".

Así lo ha acordado hoy, por unanimidad, la comisión permanente del CGPJ, según ha informado el portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Enrique López, quien ha explicado que Inspección dará cuenta periódica sobre sus resultados a la citada comisión.

La comisión permanente ha tomado conocimiento del informe de Inspección sobre la situación de los Juzgados de Ejecutorias penales de toda España, que cifra en 269.405 las sentencias que están en trámite de ejecución, y lo remitirá a la comisión de organización y modernización judicial para que analice las medidas de refuerzo que ya se aplican en estos órganos y estudie su ampliación a otros.

Dicho estudio señala que la pendencia de los Juzgados Penales de Ejecutorias "se encuentra lejana de lo que podría conceptuarse dentro de los parámetros normalizados".

El CGPJ también remitirá el citado informe al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia "para su conocimiento y a los efectos oportunos".

Además, la comisión permanente ha decidido remitir al Servicio de Inspección el escrito del vocal de la minoría progresista del CGPJ Javier Martínez Lázaro en el que pide una "investigación exhaustiva" de las causas que han provocado que en algunos Juzgados que han sido reforzados la situación no haya mejorado para que lo estudie

El vocal se refiere, concretamente, a seis Juzgados de Madrid, entre ellos el Juzgado de Ejecuciones número 2, del que es titular el magistrado Eduardo López-Palop, que el pasado 28 de abril denunció en declaraciones a El País la sobrecarga de trabajo que sufre, lo que llevó al presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, a encargar el informe que la comisión permanente ha visto hoy.

Martínez Lázaro asegura que, pese a contar con refuerzos, López-Palop no ha cumplido en 2005, 2006 y 2007 el módulo mínimo que se exige a cada Juzgado, cuando el suyo "es el que menos ingreso de trabajo tiene de todos los Juzgados especializados en ejecución penal".

Esta situación, dice, contrasta con la de otros Juzgados de Valencia, Barcelona o las islas Baleares, donde casi todos los órganos superaron el 150 por ciento de rendimiento pese a tener más trabajo.

El estudio de la Inspección contiene una serie de propuestas tendentes a obtener la plena normalización de los citados órganos y en éste se pide al Ministerio de Justicia la creación e implantación de un sistema de Oficina Judicial para los Juzgados Penales de Ejecutorias.

También propone la aprobación de medidas de refuerzo y que Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia adopten medidas para cubrir las plazas de funcionarios interinos con personal titular o que se les facilite a los primeros la formación necesaria.

Además, aboga por la implantación de un sistema informático que permita controlar las distintas fases procesales de las ejecutorias.