La Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, ha aprobado este martes un informe que pone en duda la constitucionalidad de la reforma del Código Penal auspiciada por el Gobierno.

El dictamen, que ha sido aprobado por tres votos frente a dos, cuestiona especialmente la adecuación a la Carta Magna de la prisión permanente revisable (que difícilmente encaja, dice, con la finalidad de la reinserción que la Constitución prevé para las penas) y la custodia de seguridad, las dos medidas más destacadas del proyecto de Ruiz-Gallardón.

El informe ha sido aprobado con los votos de la presidenta de la Comisión, Margarita Uría, y los vocales Carles Cruz y Margarita Robles --esta última ponente del mismo--. Y han votado en contra Antonio Dorado y Concepción Espejel, ambos considerados próximos al ministro Ruiz-Gallardón, que han anunciado votos particulares contrarios al dictamen, según han indicado a Público fuentes del Consejo.

La decisión definitiva del Consejo se conocerá previsiblemente el próximo 16 de enero, en un Pleno extraordinario en el que se someterá a votación el informe de la Comisión de Estudios.

Este dictamen ha avalado las tesis de la ponente (redactora) del texto inicial, Margarita Robles, quien rechazó radicalmente la nueva pena de prisión permanente revisable, por su incompatibilidad con la finalidad de reinserción de las condenas que impone la Constitución, y subrayando que no estuvo vigente ni en la época de Franco. Lo mismo opinaba de la custodia de seguridad, aparte de incluir otras críticas al nuevo Código.

Fuentes del Consejo han destacado que el dictamen aprobado por la Comisión de Estudios introduce correcciones a algunos aspectos del informe de Robles pero que se reafirma en lo sustancial, es decir, en las pegas de constitucionalidad a la prisión permanente revisable y a la custodia de seguridad.

De prosperar en el pleno la tesis del informe, elaborado por la vocal Margarita Robles, el dictamen representaría un severo varapalo al Gobierno, aunque no sería vinculante, es decir, no paralizaría la aprobación definitiva por el Gobierno del texto ni su tramitación parlamentaria.

Por otro lado, el anteproyecto de reforma del propio órgano de gobierno de los jueces, que aprobó en diciembre el Consejo de Ministros, ha entrado este martes en el registro del CGPJ para su informe, siempre según fuentes del propio Consejo judicial.

Las leyes orgánicas, como son el Código Penal o la Ley Orgánica del Poder Judicial (que afecta al CGPJ) deben ser sometidas a los informes, preceptivos pero no vinculantes, del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial.