Jesús García Calderón (Badajoz, 1959) tiene sobradas razones para quejarse de las penurias de la Administración de Justicia. Desde que llegó a la jefatura del Ministerio Público andaluz, hace ya diez años, reclama reformas y medios para resolver el retraso histórico de la justicia española. Lo hace reiteradamente, "hasta la exasperación", dice, pero las carencias parecen perpetuarse. "La desesperanza está instalada en las sedes de los edificios judiciales a todos los niveles", afirma.

Tiene usted una cierta indignación por las carencias que sufre la Administración de Justicia

"Hay que fiscalizar, hasta el último euro de las ayudas que se conceden"

La indignación hay que matizarla. Cuando mostramos nuestra indignación, lo hacemos para que la gente entienda que la Administración de Justicia no ha sido siempre dueña de su destino. Ha dependido excesivamente de otras parcelas de la Administración porque nunca ha tenido una autonomía presupuestaria. He intentado transmitir que la inversión en la Justicia, sobre todo en la Justicia Penal, es rentable. Nuestro servicio público recauda grandes cantidades de dinero y, si conseguimos combatir el fraude y la corrupción adecuadamente, la inversión en Justicia puede ser rentable. Nosotros tenemos que ofrecer una estadística criminal para saber qué pasa en Andalucía con el dinero requisado o con la corrupción y aquí contamos con unas plantillas deficitarias, a través siempre de refuerzos provisionales, no con plantilla estable, no con relación de puestos de trabajo, y es lo que venimos reclamando.

¿La corrupción y el fraude se combaten adecuadamente?

No existe ninguna traba para combatir la corrupción, salvo las argucias que utilice el corrupto en su defensa, pero sí es necesaria una mayor coordinación institucional para fiscalizar, por ejemplo, hasta el último euro de las ayudas que se conceden. La corrupción, desgraciadamente, no desaparece y ha ido cambiando con el paso del tiempo y ofreciendo nuevas formas que constituyen un motivo de preocupación para la Fiscalía. Además, requiere una respuesta contundente, continuada en el tiempo y plural. No se puede tratar de ninguna proeza de ningún individuo. A mi me gustaría que en Andalucía fuese una seña de identidad el combatir la corrupción con toda contundencia".

"Tenemos que dar una estadística sobre el dinero requisado a la corrupción"

¿Y se persiguen de manera inflexible los delitos relacionados con la corrupción y el fraude?

Nosotros dependemos de lo que se nos traiga a nuestros despachos y, en lo que se nos trae, no me cabe duda. La Fiscalía Anticorrupción cuenta con delegaciones en Andalucía y en todas hay asuntos de suficiente envergadura como para que consideremos que se está persiguiendo la corrupción. Creo que la Fiscalía Anti-corrupción hace una gran labor. Nunca fue objeto de un cuestionamiento, hasta los últimos años. Hemos sufrido una retórica destructiva que hace mucho daño al sistema, que hace que los ciudadanos pierdan su confianza y que el Ministerio Público pierda una auctoritas que nunca debe perder. La Fiscalía no se puede convertir en un elemento de debate para desgastar al oponente político.

¿Se está utilizando la Fiscalía con fines partidistas?

Nunca he tenido esa sensación ni he tenido ninguna presión. Nosotros hemos tomado decisiones conforme al criterio que considerábamos oportuno y, además, de una forma colectiva. Tampoco puedo decir que se utilice con fines partidistas. Lo que sí puedo decir es que se critica desde la parcialidad. Lo más importante que tenemos es nuestra imparcialidad. Si se pone en tela de juicio, el sistema de acusación pública se desmorona. Y no vamos a consentir que eso ocurra.

¿Cómo se puede superar la crisis a través de la acción de la Justicia?

Podemos contribuir a generar seguridad jurídica y aconsejar sobre las inversiones necesarias, sobre dónde poner el dinero y en qué condiciones. El problema de la Justicia penal es que se han hecho grandes inversiones pero han producido una modernización fallida. Somos muchos los que venimos diciendo que hay que dar la instrucción al Ministerio Fiscal. Esta simple decisión puede generar un ahorro económico inmenso. Es obvio que una dirección uniforme en la investigación criminal es esencial en cualquier estado contemporáneo. Somos la excepción a la regla general. Sin embargo, la falta de consenso político produce este continuo desaire a la lógica procesal de una instrucción en manos de una figura cuestionada, como es la del juez de instrucción.

¿El proyecto del Gobierno para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal puede mejorar la situación actual?

Puede tener elementos controvertidos, pero que se debatan. No podemos paralizar una reforma absolutamente necesaria. Hay muchas cuestiones que son de pura política legislativa de sentido común. Una paradoja: ¿Cómo es posible que un Gobierno que reclama la instrucción para el Ministerio Fiscal siga creando juzgados de instrucción?