El Consejo Constitucional censuró hoy parte de la polémica ley francesa contra la piratería en Internet, en concreto la que estipula que una autoridad administrativa puede cortar el acceso a la red.
Los miembros de este organismo argumentan en su decisión que sólo un juez tiene la competencia para impedir el acceso a la red de los internautas que hagan descargas ilegales.
El Consejo Constitucional da la razón al Partido Socialista, que presentó un recurso de inconstitucionalidad al considerar contrario a la Carta Magna que se corte el acceso a internet a un cliente sin que exista una sentencia judicial que lo indique.
La controvertida ley, aprobada el pasado mayo por el Senado y la Asamblea Nacional, estipula que los internautas que hagan descargas ilegales recibirán un primer aviso por correo electrónico y un segundo por carta certificada antes de que, en caso de reincidir, les corten el acceso entre seis meses a dos años.
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