El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado hoy abrir diligencias informativas al juez de Alcobendas (Madrid) que puso en libertad a Astrit Bushi, el presunto líder de la banda que en diciembre de 2007 asaltó la vivienda del empresario teatral José Luis Moreno.

Así lo ha decidido la Comisión Disciplinaria del CGPJ, que la semana pasada abrió una investigación para esclarecer las circunstancias en que se produjo la excarcelación y puesta en libertad del súbdito albanés Astrit Bushi en los juzgados de Alcobendas.

Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, la Comisión Disciplinaria ha decidido incoar diligencias informativas al objeto de que el Servicio de Inspección del Consejo continúe la investigación para un completo esclarecimiento de los hechos.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, entregó el pasado miércoles al CGPJ su informe con el resultado de la investigación que el órgano que preside llevó a cabo sobre la puesta en libertad de Bushi.

El informe del TSJM concluye que la "salida irregular" de los Juzgados de Alcobendas (Madrid) del presunto líder de dicha banda "no es imputable al juez que le tomó declaración".

El Tribunal Superior, que descartó cualquier responsabilidad disciplinaria en la actuación del magistrado y de sus funcionarios, ha puesto los hechos en conocimiento de los Juzgados de Alcobendas para que estudien la posible imputación por un delito de infidelidad en la custodia de presos de los policías nacionales que pusieron en libertad a Bushi.

Por otra parte, en relación con la queja formulada por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón contra el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en relación a un permiso que disfrutó en agosto de 2007 en Perú la Comisión Disciplinaria ha acordado abrir diligencias informativas al objeto de solicitar un informe sobre los hechos al citado juez.

Los dos letrados sostienen que este permiso "fue usado para tomarse unos días de vacaciones en Iquitos, en el Amazonas peruano" por lo que consideran que podría haber incurrido en una falta muy grave del artículo 417.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de "faltar a la verdad en la obtención de permisos".

Además, la Comisión Disciplinaria ha acordado remitir a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional una denuncia formulada contra el magistrado Alfonso Guevara por si los hechos fueran constitutivos de una falta leve de desconsideración prevista en el artículo 419.2 de la LOPJ.