Un total de 211 municipios catalanes votaban el domingo en unos referendos no vinculantes sobre la independencia de Cataluña, en la tercera oleada de consultas tras las celebradas en diciembre y marzo.

Convocados por la Coordinadora Nacional para la Consulta sobre la Independencia, en los referendos se pregunta a los ciudadanos si Cataluña debería convertirse en un estado independiente en el seno de la Unión Europea.

La consulta, que no tiene validez legal, ha sido rechazada por el Gobierno central como ilegítima, pero sus defensores opinan que la afluencia podría presionar a los principales partidos políticos catalanes para que pidan un verdadero referéndum en el futuro y los organizadores quieren realizar una en Barcelona.

"(Es) un acto emocionante, especial y, además, tiene un punto de histórico", declaró el presidente del Parlamento Catalán, Ernest Benach, de Esquerra Republicana de Catalunya, tras votar en Reus, según un comunicado remitido por la Coordinadora.

"El país camina a pesar de todo y a pesar de los impedimentos y demuestra que la democracia funciona", agregó.

Un total de 1.327.575 electores están llamados a las urnas, en unas votaciones que se celebran entre otras poblaciones en Gerona y Lérida. La participación a las 14 horas era del 12,3 por ciento.

En la anterior oleada de consultas en 80 municipios catalanes, el "sí" a la independencia obtuvo el 92,33 por ciento de los votos, con una participación del 21,55 por ciento del padrón, en el que están incluidos los extranjeros y los mayores de 16 años, según los datos de los organizadores.

Las elecciones autonómicas catalanas serán a finales de año, por lo que cualquier auge en el sentimiento separatista sería un quebradero de cabeza para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, inmerso en plena crisis económica y cuando aún está pendiente la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatuto de autonomía, aprobado en 2006, y que entre otras cosas define a Cataluña como "nación".

El Constitucional rechazó este mes la última ponencia sobre el Estatuto después de tres días de debate en los que no se consiguió llegar a un acuerdo sobre los aspectos más polémicos del texto.