Derechos Humanos denuncia que las cárceles condenan a muerte

"Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) exigimos la excarcelación de los enfermos graves, reivindicando el cumplimiento de la legalidad y los Derechos Humanos. Un sistema democrático y de derecho, como debía ser el del Estado español, debe proteger estos principios para cualquier ser humano, independientemente de a quien vayan dirigidos. La APDHA ve inadmisible que nuestro sistema penitenciario condene por la vía de hecho con la muerte".

Maribel Mora, abogada de prisiones y presidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos, no cita explícitamente a Josu Uribetxebarría Urinaga, el secuestrador de Ortega Lara, a la hora de asumir dicha declaración. Quizá porque el preso etarra en situación terminal de cáncer no es el único que sufre una situación penitenciaria cargada de zonas de sombra y en la que la atención a la salud no es precisamente uno de sus grandes éxitos. Según datos de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura , el pasado año, 51 personas murieron cuando "se encontraban bajo la custodia de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, funcionarios de prisiones o personal de centros de menores".

Desde su punto de vista, "el Estado debe asumir que el incumplimiento de la ley tiene unas consecuencias –al igual que lo tuvo para las personas presas– y por tanto debe indemnizar a través de responsabilidad patrimonial, prevista también en la ley, a los familiares de las personas presas fallecidas dentro de prisión". Y añade: "Cuando los políticos tergiversan el cumplimiento de los Derechos Humanos con razones y argumentos espurios se convierten en indignos e ilegítimos representantes de los ciudadanos". "Según los datos que nos constan desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2011, 465 de las 722 muertes conocidas por la CPDT (es decir, un 65% del total) ocurrieron en cárceles –precisa Lidia Bitar, de esa misma organización–. Y según los datos oficiales del Ministerio del Interior desde el año 2005 al 2010 murieron 1.255 personas en el interior de las prisiones del Estado español, de las que el 63,3% son muertes por enfermedad. Desde entonces no existen datos oficiales que desvelen esta realidad, por lo que es imposible determinar el incremento de dichas cifras".

Derechos Humanos entiende que la cifra de muertos en prisión se ha elevado por la crisisDerechos Humanos entiende que dicha cifra se ha elevado como consecuencia de la crisis que también afecta a los servicios carcelarios y a las conducciones. Desde hace años, se intenta sin suerte que los servicios de atención a los reclusos se incorporen a la Seguridad Social pero la burocracia sigue impidiéndolo, con independencia de que a menudo no existen escoltas suficientes para garantizar la conducción de los internos a las citas que tienen concertadas en ambulatorios y hospitales externos al centro penitenciario que les recluye.

"La APDHA ha denunciado en muchas ocasiones que en las prisiones deben erradicarse los malos tratos y tortura y que no es posible que en nuestro sistema alberguemos a personas que vayan a ser penadas, formalmente o por la vía de hecho, con la muerte, afirma Mora. Estas normas mínimas son las que separan la civilización de la barbarie y en muchos países aún no se cumplen. Entre estos países no sólo encontramos dictaduras perversas sino también democracias que se tienen a sí mismas como ejemplo de progreso y cultura. Si España no quiere situarse en ese grupo debe cambiar de rumbo en su política penitenciaria".

Mora insiste en que "un sistema democrático y de derecho, como debía ser el nuestro, debe proteger estos principios, independientemente de a quien vayan dirigidos. Son principios básicos inherentes al ser humano y no solamente a determinados seres humanos". "La altura ética de una sociedad se puede medir por el trato humano que procura a su población reclusa. Desde hace casi 20 años, la APDHA lleva denunciando reiteradamente su preocupación por el hecho de que personas que se encuentran bajo custodia de las Administraciones Públicas pierdan la vida y pasen sus últimas horas en el interior de sus dependencias, alejados de sus familias, amigos y, en definitiva, su entorno social.

En muchas ocasiones los enfermos mueren a las pocas horas de concederle la excarcelación Ella saca a colación el Código Penal cuyo artículo 92 establece "la excarcelación para enfermos muy graves cuando venga acreditado por informe médico". "En el mismo sentido se pronuncia también el artículo 196 del Reglamento Penitenciario, y además existe reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que interpreta que estos artículos no van referidos únicamente a sacar de prisión a los internos para que mueran fuera de la cárcel, sino que pudiesen estar en libertad una temporada suficiente anterior al fallecimiento. Tristemente la realidad nos ha demostrado que en muchas ocasiones los enfermos mueren a las pocas horas de concederle la excarcelación". A veces, ese formalismo alivia los balances oficiales: "De esta forma –afirma Mora– no consta que los presos y las presas, que también son personas, hayan muerto en prisión sino que efectivamente se les puso en libertad, aunque fuese unas horas antes. Y así no entran a formar parte de las estadísticas negativas de muertes en la cárcel. El abandono por parte de la Administración Penitenciaria parece evidente, desde el momento en que se constata la no excarcelación de enfermos terminales, que podría alargar la vida o incluso evitar la muerte".

La cárcel no es el "control institucional adecuado" que necesita la persona presa. Al menos, eso entiende Maribel Mora, en función de lo que establece la Ley: "En primer lugar, por razones eminentemente humanitarias y, en segundo, porque en los Centros Penitenciarios, los servicios médicos están diseñados como equipos de atención primaria, formados por médicos de atención primaria, enfermeros/ATS y auxiliares de enfermería; no habiendo médicos especialistas, ni farmacéuticos, ni técnicos de radiodiagnóstico. Mantener a un enfermo grave en la cárcel, bajo unas condiciones duras y poco saludables, solamente puede acarrear su agravamiento y acelerar su muerte".

Vis a vis con la muerte

Hay otras muertes que no son naturales y contra las que Derechos Humanos lleva también luchando desde hace años. De hecho, ha reclamado repetidamente que el Ministerio Fiscal no se inhiba e investigue de oficio las muertes en extrañas circunstancias que se producen de rejas para adentro y al objeto de esclarecer las circunstancias y motivos las mismas, con el fin de depurar las responsabilidades políticas, administrativas y penales que se desprendan de estos hechos".

Hay otras cuestiones que, desde dicha entidad, debieran resolverse, como el alargamiento innecesario de las condenas o las restricciones de los permisos de salida, tercer grado y libertad condicional, así como que debiera reducirse el hacinamiento carcelario endémico en nuestro país y los regímenes de incomunicación y asilamiento, que no sólo pueden servir como enclaves óptimos para la impunidad de torturas y malos tratos sino "espacios de riesgo para la aparición o agravamiento de determinadas enfermedades mentales, lo que significa que, de por sí, el asilamiento es una tortura psicológica a erradicar". Sin embargo, desde hace años, también vienen exigiendo sin demasiada suerte "la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas, en especial aquellas en fase terminal, así como las que padezcan enfermedades mentales que en muchos casos suponen la inducción al suicidio. Estas personas necesitan unos cuidados y un seguimiento médico incompatibles con la cárcel que en muchas ocasiones es genera problemas de desequilibrio y enfermedad mental".