Cuando Rajoy salió de su entrevista con Zapatero en enero de 2005, anunciando la creación de un comité bilateral PP-PSOE para abordar las reformas estatutarias, muchos dimos un respiro de alivio. Se abría la puerta a que tanto la reforma del Estatut de Catalunya como la derivada del plan Ibarretxe se pactaran entre los dos grandes partidos nacionales. No sólo entre ellos, pero con ellos.

Por aquel entonces, yo había tenido, como ministro, algunos contactos discretos con Josep Piqué, muy interesado en no quedarse descolgado de la reforma estatutaria. El ministro de Industria, José Montilla, tenía también sus encuen-tros con el líder del PP catalán sobre la evolución de los acontecimientos en la ponencia que estudiaba el nuevo Estatut en el Parlament y cuyos trabajos nos llenaban de inquietud creciente por la deriva soberanista que iba adquiriendo como consecuencia del envite recurrente entre ERC y CiU.

Nunca sabremos lo que hubiera pasado con el Estatut, si aquel comité de enlace hubiera echado a andar. A mí, que intentaba sin éxito crear una especie de mando único negociador, evitando las interlocuciones cruzadas entre partido, grupo parlamentario y Gobierno que sólo contribuía a enviar señales confusas a los partidos catalanes sobre las predisposiciones gubernamentales a aceptar según qué cosas, y que tuve que elaborar un documento sobre las líneas rojas del Estatut alertado por cómo iba la ponencia, me hubiera ayudado contar con el apoyo constructivo del PP.

No fue posible. El comité no llegó a crearse, aduciendo problemas de representación. Rajoy se decantó por las tesis duras de Acebes, que forzó la dimisión de Piqué y el giro hacia el 'España se rompe'.

Al final, el conservador Mariano Rajoy se decanta por las tesis de Acebes: 'España se rompe'

Unos meses más tarde, a punto de concluirse los debates en la Comisión del Parlament con fuertes enfrentamientos entre CiU y el PSC y en medio de un clima global muy radicalizado tras la echada al monte del PP, se pudo intentar que el Estatut no saliera aprobado por el pleno, retirarlo antes que caminar hacia una confrontación institucional con un Parlamento de la nación que claramente no podía limitarse a 'tomar nota' de lo aprobado por el Parlament, como se llegó a decir.

No sé si al final hubiera sido ello posible sin hacer saltar al Tripartito, pero se decidió apoyar el desbloqueo al texto por parte del PSC, a cambio de la aceptación de un cepillado posterior en el Congreso. Este pacto, evidenciado luego entre Zapatero y Mas, permitió la llegada al Congreso de los Diputados de un texto de imposible aceptación por parte de la inmensa mayoría de la Cámara.

Ese fue quizá el momento en que fue mayor la distancia entre los sentimientos mayoritarios en España respecto a Catalunya y los mayoritarios en Catalunya respecto al resto de España.

El encaje entre lo que venía del Parlament y lo que podía salir del Parlamento no fue fácil, sobre todo por el clima exacerbado y frentista que se montó desde el bloque conservador, intentando acabar con Zapatero utilizando como excusa el Estatut.

El Estatut es un pacto político que cumple la Constitución

Pero se hizo. Fortalecidos, sin duda, por la firmeza democrática con la que se reaccionó al desafío de Ibarretxe, los representantes de la soberanía nacional hicieron una buena labor acordando un texto legal, que es un pacto político y que cumple todos los requisitos procedimentales de la Constitución.

Como en todo proceso histórico, incluida nuestra Transición, el resultado es sólo uno entre las distintas opciones. Otro Estatut fue posible y, seguramente, las cosas se pudieron hacer mejor. Pero, ahora, el Estatut que lleva funcionando tres años sin provocar esos males que se le atribuían es el que es y no es fácil la moviola, ni buena la marcha atrás.

No me gustan todos los artículos del Estatut. Ni de otras muchas leyes. Pero responde a un acuerdo equilibrado entre distintas visiones de las cosas, como establece la Constitución. Alterar de manera unilateral algunos asuntos esenciales y no otros, en estos temas, es un mal negocio. Y hacerlo por criterios políticos u opinables debe hacerse en sede parlamentaria.

No estamos ante una ley de seguros agrarios, sino ante una parte del bloque constitucional que se reforma sólo cada muchas décadas. Cuando el Tribunal Constitucional necesita años para llegar a una sentencia que tendrá, previsiblemente, votos particulares, es porque la cosa no es evidente, sino interpretable.

Sería razonable modificar el procedimiento para, sólo en estos casos y con un plazo tasado, recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para que la última palabra, repito, en estos casos excepcionales, la tuvieran los representantes de la soberanía nacional y, en su caso, los propios ciudadanos. Le hacen un flaco favor al sistema quienes lanzan sobre los hombros del Tribunal Constitucional una responsabilidad que excede aquella para la que fue pensado. Por mi parte, confío en la sensatez de sus miembros, para saber hasta dónde llegan los límites a sus responsabilidades.