'¡Esto se acaba! Lo que más durará son diez días. Para esa fecha es preciso que hayas acabado con todos los pistoleros y comunistas'. Es el 4 de agosto de 1936. Son palabras que dirigió Gonzalo Queipo de Llano a José López-Pinto, la máxima autoridad golpista en Cádiz. Las frases encabezan el informe que el historiador Francisco Espinosa Maestre envió al juez Baltasar Garzón como balance de las investigaciones históricas sobre la represión franquista.

El trabajo de Espinosa incluye sendos cuadros de las muertes documentadas por los científicos en la retaguardia de la zona dominada por los republicanos y en la de los franquistas.

A falta de investigaciones completas en algunas provincias, el balance es estremecedor: 129.472 personas murieron a manos de los fieles al dictador (entre 1936 y 1939 y durante la posguerra), mientras que 38.563 fueron asesinados en la retaguardia republicana.

La síntesis de Espinosa deja claro que existe una diferencia fundamental entre ambas tragedias. 'Recién acabada la guerra civil, el Fiscal general del Estado abrió una espectacular y minuciosa investigación de carácter judicial a escala nacional, denominada Causa General, que analizó lo ocurrido en cada localidad y documentó lo ocurrido a cada una de las víctimas del llamado 'terror rojo'.

La información de esta causa se utilizó para profundizar más en la represión, para compensar a las víctimas de un solo bando y, en última instancia, para socavar la memoria de la República y justificar el golpe militar y la dictadura, según escribe Espinosa.

La tesis del historiador es que los sublevados tenían un 'plan de exterminio desde el principio', un asunto clave para el futuro de la instrucción de Garzón. 'El mapa de fosas se superpone a la España donde triunfó el golpe', dice el documento. Los golpistas utilizaron dos instrumentos: los bandos de guerra y los consejos sumarísimos de urgencia.